La Gaceta Jurídica

Repensando la lógica de persecución penal

Hace varios meses el Estado boliviano anuncia una reforma al sistema de justicia penal promoviendo la promulgación de la Ley de Faltas y Contravenciones, que buscará concentrar la persecución penal en los delitos de mayor relevancia (1); también se habla de reformas que promuevan penas acumulativas y el endurecimiento de penas para ciertos delitos, entre otras medidas.

El hacinamiento y el rezago judicial generan otros problemas en las poblaciones carcelarias del país.

El hacinamiento y el rezago judicial generan otros problemas en las poblaciones carcelarias del país. Foto: Archivo La Razón

Susana Saavedra Badani

00:00 / 30 de agosto de 2015

Recientemente, el Presidente del Senado, José Alberto Gonzales, anunció que en las próximas semanas se iniciaría la discusión del Código del Sistema Penal Boliviano, que unificaría en un solo cuerpo el Código Penal, Código de Procedimiento Penal y la Ley de Ejecución de Penas.

Cabe señalar en este punto que la realidad del sistema de justicia penal en Bolivia es crítica y amerita con prioridad medidas tendientes a efectivizar la persecución penal, la respuesta oportuna del sistema a las partes en conflicto, pero, con igual o mayor importancia es necesario solucionar los problemas estructurales y garantizar la vigencia del debido proceso, en la medida que el uso excesivo de la detención preventiva y su impacto en la crisis carcelaria constituyen problemas de derechos humanos observados por organismos internacionales como Naciones Unidas (nnuu) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh).

En este punto, no debe olvidarse que en los años noventa Bolivia, al igual que el resto de los países de la región, impulsó esfuerzos importantes para transitar al modelo acusatorio y garantista de enjuiciamiento penal, proceso que incluyó varias reformas de tipo constitucional y normativo para adaptar el sistema a lo establecido por los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos.

Sin embargo, este proceso de reformas no se agotó con la vigencia del nuevo sistema acusatorio (2001), por el contrario, los últimos 15 años se han desarrollado más de 15 reformas al ordenamiento que, con avances y retrocesos, no han logrado materializar en la práctica un sistema penal que logre una persecución eficiente del delito, la reparación del daño a la víctima y sociedad ni, mucho menos, articulado con un sistema penitenciario que le asigne a la pena un fin reintegrador.

Actualmente, se estima que ocho de cada diez privados de libertad no tienen condena (2) y, al mismo tiempo, los niveles de rezago judicial en materia penal superan el 70 por ciento, por lo que podríamos afirmar que prácticamente siete de cada diez causas en el sistema penal están en mora.

De otra parte, los niveles de hacinamiento en el sistema penitenciario bordean el 300 por ciento de las capa- cidades instaladas, la tercera cifra más alta del continente después de Haití y El Salvador (3).

El Estado boliviano ha reconocido en varias ocasiones la necesidad de reformar el sistema de justicia penal, no obstante, es importante que la discusión pública considere elementos adicionales al uso de la detención preventiva, que trascienden a la problemática y que, posiblemente, han impactado en la brecha tan amplia que actualmente existe entre los preceptos normativos y la realidad práctica.

Para ello es importante repensar la lógica de persecución penal con base en algunos resultados de impacto crítico, generados por ciertas medidas adoptadas en el último decenio.

Las penas altas y las políticas de mano dura no reducen la criminalidad

Es frecuente enfocar al sistema penal como la base de la política criminal frente a la falsa creencia de que el sistema, por sí mismo, logrará reducir las tasas de delincuencia.

Presumiblemente esta concepción ha llevado a desarrollar modificaciones al ordenamiento penal que, al no estar acompañadas de políticas que fortalezcan la respuesta del sistema, han agravado la crisis de sobrecarga procesal, retardación de justicia, aplicación excesiva y prolongada de la detención preventiva y hacinamiento carcelario. Los datos son concluyentes al respecto:

-Población carcelaria. Entre 2003 y 2014 hubo un incremento del 155 por ciento en la población carcelaria a nivel nacional, de 5.669 a 14.348.

-Uso de la detención preventiva. El 2003 la tasa de presos sin condena era del 78 por ciento (4.434 personas), mientras que en 2014 esta tasa se estimó en 83 por ciento (11.832 personas). Por lo que el número de individuos en situación de detención preventiva casi se ha triplicado.

-Denuncias por delitos. De acuerdo al último dossier del onsc (4), el 2005 se registraron 34.201 denuncias por delitos, mientras que en 2013 ese número fue de 74.073, lo que implica un incremento del 117 por ciento.

-Carga procesal en juzgados de Instrucción Penal. De acuerdo a registros del Consejo de la Magistratura, en 2011 la carga procesal ingresada fue de 146.643 casos, mientras que en 2013 el número fue de 208.517, lo que implica un incremento del 42 por ciento.

El enfoque punitivo de las reformas penales no ha fortalecido los niveles de confiabilidad en el sistema

Los criterios para medir la satisfacción de la población en el sistema no han sido los más óptimos, puesto que las promesas de penas altas podrían enviar el mensaje de atención al problema de cri- minalidad, pero son los niveles de rezago judicial y la falta de respuesta del sistema los que inciden en la confianza ciudadana en el sistema.

Una encuesta de victimización desarrollada por el onsc hace un par de años develó, a partir de entrevistas en las cuatro ciudades del eje central del país, que solo el 15 por ciento de las personas víctimas de delitos los denuncian ante las instancias pertinentes, el resto no lo hace porque no confía en el sistema en general (36%) y en la policía boliviana en específico (27%).

Asimismo, el Latinobarómetro de las Américas estableció en enero de 2015 que Bolivia ocupa el quinto lugar entre los 10 países de la región con menores tasas de confiabilidad en el sistema de justicia (40,4%) (5).

Los derechos humanos son universales, inalienables e imprescriptibles

En este marco, las garantías del debido proceso son extensibles a toda persona, independientemente del delito por el cual se la persigue penalmente. Preocupa la tendencia creciente de limitar el acceso a las garantías de un juicio justo hacia personas procesadas por ciertos delitos, como en el caso de la Ley 586 de Des- congestionamiento y Efectivización del Sistema Penal, que reduce los plazos de duración de la detención preventiva con excepción de procesos que tengan que ver con delitos de corrupción; seguridad del Estado; feminicidio; asesinato; violación a infante, niña, niño, adolescente e infanticidio.

Esta situación supone que el legislador asume a la gravedad del delito como factor para la exclusión en el acceso a las garantías del debido proceso, entre ellas la presunción de inocencia, la duración razonable del proceso, la excepcionalidad de la detención preventiva y la igualdad ante la Ley.

Cabe destacar que Bolivia cuenta con legislación de avance en materia de reconocimiento de los derechos humanos y los estándares en la materia, también mencionar que, a partir del artículo 410 de la Constitución Política del Estado (Bloque de Constitucionalidad) y la Sentencia Constitucional 0110/2010, el Estado se obliga a la observancia de los tratados internacionales y cualquier estándar supraestatal que emane de interpretaciones progresivas.

En este caso, la cidh ha sido clara al establecer que “en ningún caso la Ley podrá disponer que algún tipo de delito quede excluido del régimen establecido para el cese de prisión preventiva o que determinados delitos reciban un tratamiento distinto respecto de los otros en materia de libertad durante el proceso, sin base en criterios objetivos y legítimos de discriminación, por la sola circunstancia de responder a estándares como ‘alarma social’, ‘peligrosidad’, o algún otro,

Esos juicios se fundamentan en criterios ma- teriales y desvirtúan la naturaleza de la prisión preventiva al convertirla en una verdadera pena anticipada” (6).

Notas

1. La Razón, Cambio en el Sistema Penal Boliviano busca restar casos a la Fiscalía, publicado el 17 de marzo de 2014, edición digital.

2. Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, datos a octubre de 2014.

3. Fundación Construir, Prisión Preventiva y Derechos Humanos: Estudio de Caso en Cárceles de La Paz, 2015.

4. Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Gobierno, 2015.

5. INFOBAE, los 10 países de América en los que menos se confía en la justicia, 31 de enero de 2015, disponible en: http://www.infobae.com/2015/01/31/1624039-los-10-paises-america-los-que-menos-se-confia-la-justicia

6. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Informe Nº 86/09 sobre el caso Jorge, José Dante Peiramo Basso vs República Oriental del Uruguay, 2009, disponible en: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/Uruguay12553.sp.htm.

Es abogada especialista en temas penales y acceso a la justicia y directora de Fundación Construir.

Tomado de: Boletín de artículos N° 1 de Fundación Construir, agosto de 2015.

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