La Gaceta Jurídica

Retroactividad de la ley es desfavorable

La formulación de los derechos, deberes y garantías del texto constitucional boliviano responde a los principios y parámetros del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, establecido en los tratados y convenciones internacionales de la materia en el ámbito de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA).

 Según la jurista, la retroactividad de la ley en materia de corrupción evidencia contradicción e inconstitucionalidad. Foto: rosalesoliveroyasociados.blogspot.com

Según la jurista, la retroactividad de la ley en materia de corrupción evidencia contradicción e inconstitucionalidad. Foto: rosalesoliveroyasociados.blogspot.com

La Razón (Edición Impresa) / Micaela Alarcón Gambarte

00:00 / 05 de junio de 2015

Así destaca la decisión de conferir aplicación preferente a la propia Constitución a los tratados de derechos humanos que declaren derechos más favorables a los contenidos en el texto constitucional, conforme lo dispone el artículo 256, parágrafo I: “Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta”.

En el mismo sentido, la interpretación de la Constitución de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos, cuando éstos prevean normas más favorables, se dispone en el artículo 256, parágrafo II, de la ley fundamental: “Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables”.

No obstante de ello, existen algunos contenidos del texto constitucional que no guardan congruencia con los principios y valores supremos que constituyen el fondo sobre el cual se desarrollan y ejercen los derechos fundamentales de las personas.

En cuanto a la regulación del Derecho a la Seguridad Personal, el texto constitucional establece que cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible; sin embargo, autoriza la aplicación retroactiva de la ley penal en perjuicio del imputado para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado.

Esto está dispuesto en el artículo 116, parágrafo II, “Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible”, y 124 de la Constitución, “La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal,  cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción , para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución”.

Dicho artículo, crítico de la Constitución boliviana, se contrapone a uno de los tratados más importantes en materia de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 11, inciso 2, prevé: “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del hecho”.

Tal como se evidencia, el referido tratado internacional en materia de derechos humanos prohíbe la retroactividad de la ley penal, sin embargo, deja el camino libre a la legislación interna de cada país para aplicar una nueva ley penal más benigna.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 9, bajo el nomen juris de Principio de legalidad y retroactividad, proclama: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiara con ello”. La precitada normativa internacional en materia de Derechos Humanos claramente prohíbe la retroactividad de la ley penal desfavorable, sin embargo, prevé la retroactividad de la ley penal más benigna.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 15, establece: “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiara de ello”.Tal instrumento internacional también prohíbe la retroactividad de la ley penal desfavorable, sin embargo, permite y prevé la posibilidad de la retroactividad cuando la nueva ley penal fuera más benigna.

Por su parte, la Convención Interamericana Contra la Corrupción, dispone: “Con sujeción a los principios constitucionales, al ordenamiento interno de cada Estado y a los tratados vigentes entre los Estados Partes, el hecho de que el presunto acto de corrupción se hubiese cometido con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Convención, no impedirá la cooperación procesal penal internacional entre los Estados Partes. La presente disposición en ningún caso afectará el principio de la irretroactividad de la ley penal ni su aplicación interrumpirá los plazos de prescripción en curso relativos a los delitos anteriores a la fecha de la entrada en vigor de esta Convención”.

Respecto a la irretroactividad, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos nos ilustra en el caso De La Cruz Flores contra Perú, Sentencia de 18 de noviembre de 2004, al establecer que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respectivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo (…)”.

Consecuentemente, considerando que los Tratados Internacionales integran el bloque de constitucionalidad y siendo que los mismos deben aplicarse de manera preferente a la Constitución, la retroactividad de la ley en materia de corrupción, prevista en la Constitución, no solo evidencia una contradicción con lo dispuesto en el artículo 116, parágrafo II, del mismo texto constitucional, sino que, además, se constituye en un precepto inconstitucional, el cual fue remitido, a su vez, a desarrollo ordinario mediante la Ley Nº 044, Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Esta última devendría en inconstitucional y opuesta al Principio de Legalidad y Seguridad Jurídica, así como a la vigencia del Estado de Derecho reconocido en el artículo 1 de la Constitución boliviana.

Paradójicamente, el Tribunal Constitucional Plurinacional determinó anular el principio de retroactividad de la Ley Nº 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0770/2012 de 13 de agosto de 2012.

Dicha sentencia responde a tres convenios internacionales ratificados por el Estado boliviano: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Esto último significa que las disposiciones de la referida Ley no pueden ser aplicadas de forma retroactiva cuando la sanción sea más grave o cuando el hecho por el cual se juzga no hubiera constituido delito en el momento en el que se ejecutó. La única excepción para que una norma en materia penal pueda ser aplicada retroactivamente es cuando sea más beneficiosa a la persona que está siendo investigada.

Contrariamente, si la Asamblea Legislativa Plurinacional  hubiera asumido la profundidad jurídica de lo que esta sentencia constitucional pretende, debió proceder a la modificación del crítico artículo 123 de la Constitución, en lo pertinente al mencionado fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Con dicha actuación, nuestro precepto constitucional podría corregirse y acogerse a la coherente modulación desarrollada por el Tribunal Constitucional Pluri- nacional, permitiendo una consolidación del Estado de Derecho, el respeto al Principio de Legalidad y la Seguridad Jurídica.

Transparencia y seguridad en la Cumbre Judicial

Magistratura/redacciónEn el marco de la fase preparatoria a la Cumbre Judicial Iberoamericana 2016, el 29 de mayo culminó en Bogotá, Colombia la Segunda Ronda de Talleres, evento que se cumplió desde el día 27 y contó con la asistencia de representantes de los países de la región.

Las autoridades judiciales, quienes a la vez son miembros de los grupos de trabajo, llegaron a importantes avances en las acciones proyectadas para este encuentro.

En representación de Bolivia estuvo presente el magistrado Wilber Choque Cruz, quien fue parte de la mesa de trabajo “Transparencia y Seguridad Jurídica para la Legitimidad del Juzgador”.

De regreso al país, el consejero manifestó que esta experiencia fue de mucho aprendizaje y debate y que los trabajos que se presentaron en ese espacio fueron enriquecedores, por ejemplo, haber logrado consenso entre diferentes países para un formulario de buenas prácticas en transparencia, integridad y rendición de cuentas, que más adelante será traducido en un manual de aplicación iberoamericano.

Asimismo, la autoridad judicial calificó de “muy sugestiva” la presentación del experto del Banco Interamericano de Desarrollo (bid), Héctor Sanín, sobre la importancia de realizar una “autoevaluación como países en materia de justicia”. Este documento trabajado en el grupo será mejorado por ese funcionario y socializado en una próxima reunión, explicó Choque. En la mesa de trabajo “Transparencia y Seguridad Jurídica para la Legitimidad del Juzgador” participaron otros países como Paraguay, Uruguay, El Salvador, México, República Dominicana, Venezuela, Panamá, Honduras y Ecuador.

Por otra parte, el magistrado adelantó que se ha programado una tercera ronda de estos talleres que será desarrollada en septiembre en Panamá.

La Segunda Ronda de Talleres para la Cumbre Judicial Iberoamericana 2016 fue clausurada con la ratificación del ofrecimiento de apoyo de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) a los países miembros de la Cumbre Judicial Iberoamericana en torno a la capacitación especializada y de diálogo en jurisprudencia.

(*) Micaela Alarcón Gambarte es abogada constitucionalista.

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