La Gaceta Jurídica

Revocatoria de mandato en el Órgano Judicial

Realidades jurídicas

Gabriel Peláez Gantier

00:00 / 11 de julio de 2014

Los problemas que se origina en el desempeño de las funciones de los administradores de justicia siguen siendo motivo de nuevos debates. En las últimas semanas, el propio Presidente del Estado, legisladores y otras autoridades del Gobierno han hecho pública una iniciativa destinada a promover la revocatoria del mandato de los más de cincuenta magistrados, tribunos y consejeros elegidos por voto popular hace alrededor de tres años. La razón: que a pesar del sistema electivo, los así designados no han respondido como de ellos se esperaba y la justicia ha quedado “estancada” por decir lo menos.

Veamos que señala la CPE en torno al tema. Pero antes, recurramos al diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio, cuando define al referéndum como “la función del sufragio por virtud de la cual éste interviene en la adopción definitiva de las leyes, ejerciendo una especie de prerrogativas de veto…”

Se ha estado hablando de un referéndum revocatorio, olvidando preceptos específicos de la Constitución Política. Los artículos 170 y 171 de ésta prevén en forma clara la “revocatoria de mandato” para el caso del Presidente del Estado. Pero no existe la misma figura para los legisladores, salvo que en este caso se quisiera extender el texto del artículo 240 (Inciso III) que habla de circunscripción.

Y es justamente aquel artículo el que ha debido mover a confusión. En efecto, en su Inciso I dice: “Toda persona QUE EJERZA UN CARGO ELECTO podrá ser REVOCADO DE SU MANDATO, EXCEPTO EL ÓRGANO JUDICIAL, de acuerdo a ley”.

Sin embargo, aparece otra contradicción con lo anotado en el artículo 195 de la misma CPE cuando destaca: Son atribuciones del Consejo de la Magistratura: 1.- Promover la revocatoria de mandato de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Agroambiental, cuando en el ejercicio de sus funciones cometan faltas gravísimas determinadas por ley”.

La revocatoria no comprende a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, ni a los propios consejeros del Consejo de la Magistratura.

Es bueno recordar que el artículo 240 de la CPE ya citado EXCEPTUABA DE LA REVOCATORIA DE MANDATO A LA TOTALIDAD DEL ORGANO JUDICIAL. Por tanto, es ésta la norma que corresponde aplicar finalmente. Téngase en cuanta que la errada elección de magistrados, que ahora se admite que fue equivocada, tiene características muy especiales, distintas del caso que corresponde a otros funcionarios públicos. Por ello mismo, no se pueden “trasladar con todos sus detalles a dicha elección, características que no le pueden corresponder en forma casi “automática”.

La distinción se hace absolutamente imprescindible.

La figura anterior, por otra parte, no es precisamente un caso de “revocatoria de mandato”, sino más bien de retiro o exoneración de funciones por haber cometido “faltas gravísimas”.

Al margen de lo señalado hasta este momento, es bueno destacar que se está hablando de la “crisis del Órgano Judicial en su función esencial, que es la de administrar justicia”.

Este sólo hecho tiene que suponer un análisis integral del tema. Y a su vez, este detalle supone admitir que dicha crisis no va a encontrar soluciones con meros “parches”. Preguntémonos que habría de suponer en lo concreto la revocatoria de mandato de, además, solamente una parte (los funcionarios de mayor jerarquía del Órgano Judicial). Pues supondrá que se prescinde de sus funciones, desde luego para sustituirlos por otros que, habrá que suponer, también serían electos. Primer problema: Se retoma el criticado sistema de la elección popular. Y es que no existe otra alternativa, porque el no aplicar la elección implica desconocer los artículos 182, 188, 194  y 198 de la CPE Y este detalle invalidaría por ejemplo, una designación por la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, ¿de qué reforma se podría hablar? Previamente tendría que ser parcialmente reformada la Constitución.

Por otra parte, la actual situación conflictiva de la función de administrar justicia, en ese análisis integral que destacábamos, supone el análisis de varios factores diversos y complicados, no siempre directamente relacionados entre sí que obviamente necesitan soluciones muy distintas.

Nos permitimos sólo citar los factores que entendemos son principales.

Uno tiene que ver con detalles presupuestarios, cuya solución impone un relacionamiento diferente del Órgano Judicial con el Ejecutivo e incluso con el Legislativo. Sin nueva infraestructura, equipamiento, posibilidad de incremento de personas, ¿de qué soluciones se podría hablar?

¿Cómo andan las leyes sustantivas y adjetivas que los funcionarios judiciales deben aplicar en cada caso? Pues muchas de ellas, se han desactualizado, necesitan reformas, requieren mecanismos que las hagan más ágiles. Monumental tarea le espera al Legislativo sobre todo, cuando se decida en serio, a emprender la tareas de reforma de los Códigos. Hasta el momento sólo se muestran esfuerzos asilados e incluso encontrados entre sí.

Pero existe otra tarea igualmente vasta y de largo aliento. Es la referida a la capacitación de jueces y subalternos. Aquí se hace inevitable el relacionamiento con las Universidades Públicas y Privadas. Preguntémonos ¿en qué medida aquellas están respondiendo en la preparación de los abogados, a los requerimientos y necesidades de la justicia? Qué ajustes merece el currículo programático de las carreras de Derecho. ¿Cuál el resultado hasta hoy, de los cursos de post-grado? etc. etc.

Es abogado, ensayista y analista de la constitucionalidad.

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