La Gaceta Jurídica

Robo patrimonial

Las actividades de vigilancia y cooperación para mantener la integridad de los centros religiosos hoy afectados también dependen de la propia comunidad pues en el artículo 108, inciso 14 de la constitución se establece que “son deberes de las bolivianas y los bolivianos (…) resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural de Bolivia”…

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 19 de abril de 2013

Hace meses que una ola de robos patrimoniales afecta en gran medida a los centros histórico-religiosos del departamento de Potosí; no es que sean los únicos en el país, pues estos actos se suceden con relativa frecuencia y de manera recurrente en varias regiones, en especial rurales, donde los templos antiguos se convierten en blancos del accionar delictivo.

Desde noviembre de 2012, en ese departamento se han registrado ocho robos en áreas urbanas y rurales, lo que lleva a suponer que se trata de los mismos autores, quienes operarían de manera pausada y estudiada, aunque en lo que va de abril se produjeron cuatro de este total. El objetivo de estos hechos son joyas y objetos de metales valiosos como oro y plata, además de pinturas y otros.

Hasta el momento, las investigaciones policiales y del Ministerio Público no han logrado al parecer ni siquiera pistas o datos de posibles sospechosos, por lo que la propia Iglesia Católica, mediante la Diócesis de Potosí ha planteado que los objetos de valor de los templos rurales sean resguardados en museos o centros similares para evitar que corran la misma suerte de otros que fueron extraídos y ahora están desaparecidos.

Entre las instituciones que tienen relación con el tema, debido a la importancia cultural e histórica de los elementos sustraídos y los que se encuentran en el mismo peligro, el Ministerio de Culturas ha señalado que la determinación de evacuar las cosas a otros espacios con mayor seguridad debería ser provisional hasta que se tenga garantías o mejores condiciones de seguridad en los lugares amenazados.

Además, en una posición similar al del Ministerio Público, el titular de esa cartera ha señalado que las iglesias pertenecen al ámbito privado, lo cual es cierto y depende de estas instancias mejorar su seguridad, sin embargo, también es deber de la Policía y del Ministerio Público brindar apoyo y mantener la seguridad del patrimonio privado.

Por otra parte, las actividades de vigilancia y cooperación para mantener la integridad de los centros religiosos hoy afectados también dependen de la propia comunidad pues en el artículo 108, inciso 14 de la constitución se establece que “son deberes de las bolivianas y los bolivianos (…) resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural de Bolivia”, pues los templos cumplen una función social como repositorios y mostradores de arte y cultura.

Con referencia al plan del traslado de objetos valiosos a otros espacios se puede señalar que una acción de ese tipo podría otorgar mayor atractivo a museos departamentales, debido a que contarían con una concentración muy importante de muestras que deberían estar a la vista de habitantes locales y turistas, claro está con explicaciones y referencias adecuadas en cada caso, un trabajo que tiene dimensiones enormes. Asimismo, esta acción lograría asegurar esos elementos bajo la vigilancia con la cuentan estos centros históricos.

Por otra parte, se debe aclarar que la salida de estos objetos de sus templos en poblaciones alejadas podría afectar en gran medida a las comunidades, en especial en las prácticas tradicionales. Lo que es seguro es que el país requiere políticas de protección patrimonial y cultural para que no desaparezcan elementos de valor de las iglesias ni universidades o de los centros arqueológicos. Estas políticas necesitan la participación consciente de las poblaciones cuando éstas sepan que las muestras culturales dan identidad a cada región.

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