La Gaceta Jurídica

San Buenaventura: caso pendiente

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La Gaceta Jurídica / Daniel J. Herrera Tito

00:00 / 20 de noviembre de 2012

El caso de corrupción por el desvío de 1.500 turriles de cemento asfáltico que iban a ser utilizados para el mejoramiento de las vías urbanas del municipio de San Buenaventura se debate entre muchas dudas y dilaciones en la investigación que realiza la fiscalía. Claro, interponiéndose por detrás intereses que vienen desde el poder político.

Con la detención en celdas del Penal de San Pedro de uno de los involucrados en este caso de corrupción, el ex alcalde del municipio, Adalid Carvajal, parece haberse disipado el problema, sin embargo, existen muchos recelos sobre otros posibles implicados, quienes podrían comprometer seriamente a personeros de la Gobernación paceña y que nadie se atreve dar a conocer.

Aunque al momento se vive una tensa calma y la gestión municipal ha retornado a una mediana normalidad por medio de ingresos propios (porque sus cuentas se hallan congeladas), después de ver una ruptura social y política, no puede uno dejar de afirmar que esta situación de corrupción ha causado ingobernabilidad y violencia.

El Estado ausente

A pesar de que se ejecutan planes importantes de desarrollo agrícola llevados a cabo por el Gobierno nacional, la ausencia del Estado Plurinacional es muy notoria en este confín patrio, lo que hace ver a la justicia y al Ministerio de Transparencia como desentendidos en este caso por su silencio, sobre todo cuando las autoridades principales de la Gobernación evitan hacer conocer más datos que podrían aclarar este asunto.

San Buenaventura, en este último tiempo, ha estado a bajo influjo de la violencia contra los que dan la cara por el “proceso de cambio” y por los ciudadanos que son visibilizados por alguna fracción, por ejemplo Sara Marquez, quien sufrió lesiones a su integridad física y tuvo que viajar hasta la sede de gobierno para hacer su denuncia. Pero, hasta la fecha, la Fiscalía no ha procedido como corresponde.

Asimismo, el concejal Ojeda soportó la humillación del castigo en “el cepo” en julio de este año, luego de una sesión del Concejo Municipal. Posteriormente, una diputada del Movimiento Al Socialismo (mas) sufrió una detención por parte de la sociedad sanbueneña que reclamaba mayor atención con la región.

Si se pregunta ¿qué fue lo que pasó en la población?, algunos responden que “se puede afirmar que el mas ocasionó esta división”. Por otro lado, se mantiene “un enfrentamiento permanente entre bandos, unos afines a la oposición que ha tomado el municipio”, según el concejal Adolfo Ojeda, representante del mas en esta región.

El cepo en la justicia comunitaria

En pleno siglo xxi, en el centro de la plaza de San Buenaventura se halla instalado el temido cepo, un instrumento que data de la época de la Inquisición utilizado para castigar a los transgresores que infringían alguna ley, de forma moral o con un hecho delictivo.

A raíz de los acontecimientos mencionados, el cepo cobró nuevamente actualidad cuando se vio, como en una película de acción, que el ex alcalde Carvajal era capturado en una fiesta de 15 años por un enmascarado que lo sacó a la fuerza para después golpearlo y luego llevarlo al castigo del cepo, donde lloró y durmió aquella noche de abril. Ojeda afirma que el cepo “es una reliquia” y no representa ninguna expresión de lo que fue o es la justicia comunitaria.

Presión política

Las dudas y sospechas persisten contra los niveles políticos, con presuntas implicancias y un hermetismo amenazante, según las denuncias del asambleista departamental Marco Mollericona, “me dicen que no vaya al fondo del asunto”, dice.

Asimismo, se presume que este hecho podría estar encubriendo a más personas del ámbito de la gobernación, “no se sabe quién está detrás de Efraín Jorge” (…) pues, “sospechosamente dio su confesión de acuerdo a una ayuda memoria, además de recibir continuamente a abogados del gobierno departamental en la cárcel”, afirma el representante.

Recuperar la gobernabilidad

Cuando ya se calmaron las manifestaciones violentas, el municipio se desenvuelve en una difícil gestión que detiene el progreso ansiado por la población. Pero las amenazas del monstruo de la corrupción parecen persistir, pues aparecen denuncias sobre desembolsos de más de 4 millones de bolivianos, los manejos sin transparencia y falta de fiscalización, que comprometería al alcalde municipal interino, Daniel Mendia, según afirman los entrevistados.

Poder recorrer el camino de la completa tranquilidad en esta parte de la patria no aparece a la vista en un cercano plazo, ya que no se sabe con certeza cuándo se pondrá a disposición de la justicia a los verdaderos culpables del caso de corrupción en San Buenaventura.

*     Es comunicador social

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