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Seguridad alimentaria, derecho fundamental y obligación del Estado

Después de la crisis petrolera de los años 80 apareció el atisbo de la crisis alimentaria y se estructuró el acercamiento al concepto de “seguridad alimentaria”, limitado a acciones de producción y acumulación de reservas. Pero éste evolucionó entendiendo que la problemática de la inseguridad alimentaria tiene aristas y es transversal.

La seguridad alimentaria es la garantía de disponer en todo momento alimentos variados y suficientes. Foto: cambio.bo

La seguridad alimentaria es la garantía de disponer en todo momento alimentos variados y suficientes. Foto: cambio.bo

La Razón (Edición Impresa) / Rubén Pinto Vargas

00:00 / 13 de diciembre de 2015

La seguridad alimentaria debe ser consolidada como un derecho y como objetivo del Estado a través de la soberanía alimentaria.

En 1948 se incorporó el “derecho a la alimentación” en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, estableciéndose la necesidad de una alimentación adecuada. La Constitución Política de Estado Plurinacional de Bolivia (cpe), aprobada el 25 de enero de 2009 y vigente a partir del 7 de febrero del mismo año, integra en el artículo 16.I el derecho al agua y a la alimentación en el grupo de derechos fundamentales.

Es importante definir la importancia que adquiere el “derecho a la alimentación” como un derecho fundamental.

Como categoría jurídica, los “derechos fundamentales” se vinculan directamente con el reconocimiento o establecimiento constitucional y son entendidos como esenciales y condicionantes respecto de otras disposiciones legales que expresan valores y principios elementales en el ordenamiento jurídico. María del Carmen Barranco destaca dos elementos de los derechos fundamentales, “uno de ellos es la relevancia moral de una idea que compromete la dignidad humana y sus objetivos de autonomía moral, el otro elemento es la importancia jurídica que convierte a los derechos en norma básica material dentro de un determinado ordenamiento, y en instrumento necesario para que el individuo desarrolle en la sociedad todas sus potencialidades” (Barranco Avilés, 1996).

Al momento de señalar su importancia se identifica dos enfoques de los derechos fundamentales:

El primero es como garantía, es decir, los derechos fundamentales son aquellos que una persona tiene y disfruta desde que nace sin ningún tipo de distinción; b ajo este marco constitucional, todos los ciudadanos de forma colectiva o individual ejercemos la titularidad de estos derechos y, por consiguiente, tenemos la facultad de exigirlos jurídicamente y requerir al Estado la tutela y garantía de los mismos.

El segundo enfoque entiende a los derechos fundamentales como una figura limitante del poder del legislador y como estructurador del ordenamiento jurídico. “Los derechos fundamentales tienen como fin preservar frente a la injerencia estatal determinados ámbitos vitales de los individuos, toda intervención sobre ellos a través de la legislación no puede entenderse más que como una limitación” (Míguez Macho, 2005).

Además, el derecho fundamental a la alimentación es directamente aplicable (cpe, artículo 109. I) y se aplica en base a los principios de inviolabilidad, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad (cpe, artículo 13.I).

El principio de inviolabilidad señala que ninguna autoridad, bajo ninguna justificación, puede evitar el ejercicio de este derecho. Universalidad señala que todas las personas, sin distinción de ningún tipo, son titulares de estos derechos.

Por otra parte, interdependencia implica que los derechos no son aplicados de forma independiente y separada de los otros derechos y todos los derechos tienen dependencia recíproca. Es decir que no se puede garantizar el derecho a la alimentación violando el derecho a un medio ambiente sano). La indivisibilidad determina que los derechos se ejercen y se garantizan en toda su magnitud y respetando su interdependencia.

La progresividad señala que los derechos no son estáticos y evolucionan en referencia a los medios y características de protección, además que el Estado debe evolucionar en su aplicación, priorizar de forma gradual a la población más vulnerable hasta abarcar toda. El artículo 16 de la constitución es un complejo jurídico; pues no solo determina en su parágrafo primero el derecho a la alimentación como fundamental; también establece en su parágrafo segundo el deber del Estado de garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población.

Las definicionesEn la Cumbre Mundial de la Alimentación (cma) de 1996 se reafirmó la Declaración de Roma sobre la Seguridad alimentaria Mundial: “…el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre” (Seguridad alimentaria y Nutricional-Conceptos Básicos, Programa Especial para la Seguridad alimentaria).

En este sentido, el deber del Estado se concentra en el concepto de “seguridad alimentaria”; el Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá (Incap) define a la seguridad alimentaria nutricional como “un estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo”.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (fao) señala que la seguridad alimentaria se consigue “…cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana”.

La Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano en la Ley Marco Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria, aprobada el 2012, definió a la seguridad alimentaria y nutricional como; “…la garantía de que los individuos, las familias y la comunidad en su conjunto, accedan en todo momento a suficientes alimentos inocuos y nutritivos, principalmente producidos en el país en condiciones de competitividad, sostenibilidad y equidad, para que su consumo y utilización biológica les procure óptima nutrición, una vida sana y socialmente productiva, con respeto de la diversidad cultural y preferencias de los consumidores” (Cumbre Mundial sobre Alimentación, 1996).

Componentes de la seguridad alimentaria Disponibilidad de alimentos. Se refiere a la existencia de alimentos en cantidad y calidad suficientes; puntualizando en alimentos de calidad adecuada. Dentro de este concepto se entiende que los alimentos pueden ser suministrados a través de la producción del país o de importaciones, pero erróneamente nos centralizamos en medidas públicas que se enfocan en la can- tidad de alimentos, cuando el concepto de disponibilidad engloba la calidad adecuada del alimento. Los alimentos son considerados adecuados con base a la inocui- dad, la calidad nutricional, la admisión cultural, la cantidad y variedad del alimento.

Acceso a los alimentos. Implica el acceso de las personas a los recursos adecuados para adquirir alimentos apro- piados y alimentación nutritiva. Este componente de la seguridad alimentaria va ligado de manera inseparable a una visión social de los alimentos que se debe traducir en políticas públicas que se alejen de la perspectiva mercantilizadora.

Utilización. Las políticas públicas deberían concentrarse también en los insumos no alimentarios en la seguridad alimentaria; es decir, al ser la seguridad alimentaria un concepto transversal debe considerar la utilización biológica de los alimentos a través de una alimentación adecuada, agua potable, sanidad y atención médica, para lograr un estado de bienestar nutricional.

Estabilidad. La población debe tener acceso a alimentos adecuados en todo momento. La estabilidad dentro de la se- guridad alimentaria es un componente complejo debido a que no solo trata del factor de disponibilidad, frente a crisis o algún acontecimiento excepcional; las políticas públicas deben garantizar alimentos adecuados y variados, además del acceso de toda la población a estos alimentos.

Este componente abarca acciones más allá de la política de reservas de alimentos, en el entendido de que las reservas sin un enfoque social podrían ser utilizadas bajo como simple acumulación con fines económicos.

En conclusión, el derecho a la alimentación como fundamental se constituye en una garantía para que las personas, accedan en todo momento a suficientes alimentos inocuos y nutritivos; además, es el límite que el legislador debe respetar al momento de diseñar las políticas y normas legales referentes a la producción y comercialización de alimentos.

Es irrefutable el deber del Estado boliviano de enmarcarse en el concepto de seguridad alimentaria, por lo tanto, está obligado a garantizar una alimentación sana, lo que implica que no son aceptables los transgénicos y agroquímicos; asimismo, debe garantizar una “alimen- tación adecuada y suficiente”, concepto definido por la Ley N° 144 de Revolución Productiva Comunitaria y Agropecuaria “como acceso permanente a una alimentación saludable y suficiente para la población, sin discriminación ni distinción de la clase social, credo religioso, opción política, género generacional”.

El acceso a los alimentos es implícito y vigente como elemento de la seguridad alimentaria, entendiéndose como el deber del Estado de garantizar que las personas cuenten con los recursos adecuados para adquirir alimentos, este elemento, precisamente, es el que determina la seguridad alimentaria en nuestra realidad.

La visión de la mujer estuvo ausente

Jan Piotrowski/scidev.net

Pasé un rato en los círculos de las Naciones Unidas y verá que la letra “g” está en todas partes. El género se exhibe como un importante tema transversal en los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible y en las negociaciones climáticas en marcha, pasando por todo, desde la salud y la agricultura hasta el saneamiento y la educación.

Este año, el encuentro cop 21 (Vigésima primera Conferencia de las Partes) en París no fue diferente con una multitud de charlas acerca de los nexos entre la equidad de género y el cambio climático que se ofrece en todo nivel de discusión. Y tiene sentido.

El cambio climático es un tema ambiental, pero en su nivel fundamental también toca aspectos de justicia social, equidad y derechos humanos, todos los cuales tienen fuertes di- mensiones de género. Sin embargo, en cualquiera de los paneles de esta conferencia se vio que la ausencia de mujeres era inmediatamente obvia.

Tras no tener respuesta por parte de las Naciones Unidas acerca de si hay políticas de género con respecto a las voces que escogen para ser escuchadas, llevé a cabo un pequeño e informal muestreo: entre los ponentes de los últimos siete eventos a los cuales asistí, los hombres superaban en número a las mujeres: 29 a 11.

Lo cierto es que esto se dio en eventos en el marco del área civil independiente. Pero las personas dentro de la zona de la onu (Organización de las Naciones Unidas) y aquellos que asistían a las negociaciones reportaron un patrón similar. El único evento con una mayoría de mujeres como ponentes fue el de salud sexual femenina, un tema de género muy específico.

En cumbres como esta, el argumento usual es que hay más hombres expertos entre los cuales escoger. Pero este argumento es cansino e ilegítimo. Hay más que suficientes mujeres calificadas y articuladas para llenar cualquier mesa de conferencias, en múltiples ocasiones.

Si eventos de alto nivel como cop 21 están tan sesgados hacia los hombres, es malo para la ciencia ya que restringe las trayectorias de ciertas disciplinas, las cuales son asumidas desde un punto de vista masculino. La ciencia puede buscar la objetividad pero el tipo de preguntas formuladas y la interpretación de los resultados de las investigaciones serán más estrechos si se margina a la mitad de la población.

Una perspectiva desde la mujer es importante para el cambio climático porque ellas sentirán sus impactos tanto (si no más) como los hombres.Muchas cabezas de familia en las zonas rurales son mujeres. En muchos países, ellas están a cargo de sus hogares y, por tanto, son las primeras en enfrentarse a temas relacionados con el cambio climático como la seguridad alimentaria. Sus experiencias sobre el calentamiento global ofrecen un bagaje de conocimientos que debe ser aprovechado si se quiere tener éxito en la adaptación.

Cuando una organización como la onu hace del género un tema central en su filosofía, pero aun así no logra ponerlo en práctica, hay motivo para preocuparse.

Pequeñas acciones pueden enviar grandes mensajes, en especial en un evento como cop, por ejemplo, las opciones limitadas o nulas para comer carne en restaurantes del sitio. En este sentido, cop 21 ha sido una oportunidad perdida para que la onu pusiera en práctica lo que predica y ofreciera un vistazo a un futuro mejor y más equitativo.

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