La Gaceta Jurídica

Seguridad y sanciones

…se modificaría el sistema procesal penal, como el mismo ministro lo señaló, es la propuesta de la acumulación de penas, es decir que cambiaría la normativa vigente en la que la pena máxima es de 30 años sin derecho a indulto, en adelante se trataría los casos como en muchas legislaciones del mundo, procesando al imputado sobre todos sus delitos.

La Gaceta Jurídica

00:00 / 06 de abril de 2012

Con un grupo de modificaciones “urgentes” para el Código Penal, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, presentó el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que en términos generales propone sanciones más duras para delitos que tienen que ver con los derechos y valores humanos. Según el titular de esta cartera de Estado, las áreas que serían protegidas con mayor drasticidad en las sanciones son la integridad física, la dignidad de las personas y la condición para evitar traumas y daños físicos irreversibles. El anteproyecto de Ley “Para vivir seguros” fue remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional (alp) donde se tendrá que priorizar el tratamiento para su aprobación. Particularmente, las tipificaciones que cambiarían de tiempo de sanción son la fuga de reos de las cárceles, el homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito y casos de violación.

En el caso de la evasión se sancionaría con 3 a 5 años de presidio y si existe violencia de por medio, sería de 5 a 8 años, lo que ahora se castiga con uno a seis meses, hasta dos años. En temas como los hechos de tránsito se plantea sanciones de 5 a 8 años de presidio, lo que representa el 60 por ciento más de la cuenta actual. Este será uno de los puntos más aplaudidos, debido a la cantidad de sucesos en este ámbito que tienen prácticamente castigos leves, pese a la magnitud y consecuencias. Aquí se incluye como una buena propuesta la suspensión definitiva del permiso de conducir. Para los casos de violación, que en la actualidad van de  4 a 10 años de cárcel y de 10 a 20 si la víctima aún no llegó a la pubertad, la propuesta señala de 5 a 15 años y entre 15 y 25, respectivamente, también un pedido acertado.

Una novedad interesante es que se modificaría el sistema procesal penal, como el mismo ministro lo señaló, es la propuesta de la acumulación de penas, es decir que cambiaría la normativa vigente en la que la pena máxima es de 30 años sin derecho a indulto, en adelante se trataría los casos como en muchas legislaciones del mundo, procesando al imputado sobre todos los delitos que haya cometido y sumar las penas para su reclusión, de esta forma podría tener muchos más años de castigo que los 30.

En cuanto a sugerencias hechas públicas en torno a esta propuesta, se anota algo que debió funcionar hace tiempo y hubiese servido en muchos momentos, sin embargo, no es tarde para implementar de manera rápida y moderna un sistema informático de antecedentes judiciales de las personas, que deberá funcionar en instancias del Órgano Judicial y la Policía. Para esta implementación será imprescindible que desde un primer momento se trabaje de manera descentralizada para los archivos, pero conectada para el rápido procesamiento y acceso a los datos.

En cuanto a las circunstancias del sistema judicial y del penitenciario, si es promulgada la norma no podrá hacer mucho, pues se trata de mecanismos separados, no obstante, podrá incidir en la exigencia para que la retardación de justicia termine definitivamente de ser un lastre para acusados y sospechosos de delitos, además de que se convierta en un procedimiento adecuado, gratuito y de duración apropiada. Entre tanto, las condiciones de reclusión deben estar enmarcadas en los derechos humanos y, además, tener como resultado el fin último de su existencia: la reinserción y rehabilitación.

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