La Gaceta Jurídica

Sentencia del TC desarrolla reglas

Perú y el derecho al medio ambiente

La Gaceta Jurídica / Juan Carlos Ruiz Molleda

00:00 / 04 de septiembre de 2012

El Tribunal Constitucional (tc) de Perú expedió la sentencia 00316-2011-PA, en el marco de proceso de amparo presentado por un conjunto de empresas mineras, contra el Decreto de Urgencia 012-2010-DU, que prohibía el uso de dragas para la extracción de recursos minerales e imponía nueva regulación sobre la certificación ambiental de empresas dedicadas a la pequeña minería y la artesanal.

La demanda fue declarada infundada, sin embargo, es importante indicar que el DU 012-2010 fue derogado por la 11 Disposición Complementaria y Final del Decreto Legislativo 1100. Es decir, si bien desde una perspectiva formal estamos ante una sustracción de la materia, el TC conoció el proceso en virtud de la finalidad de los procesos constitucionales de pacificación de los conflictos en sentido material.

Debemos respaldar al Gobierno en sus esfuerzos por combatir la minería informal y el uso de dragas, que tanto daño hace al medio ambiente. Sin embargo, el fin no justifica los medios. Todo lo contrario, las formas legitiman la finalidad. Hablamos, concretamente de los requisitos formales exigidos para regular a través de decretos de urgencia. Así, la forma de actuar del Gobierno no está ajustada a los procedimientos establecidos en la Constitución y sorprende que el TC no haya dicho nada.

El principal cuestionamiento a la sentencia es que en virtud de la dimensión objetiva (tutela objetiva) de los procesos constitucionales (stc Nº 00023-2005-AI, fj 11), debió de haberse pronunciado sobre el incumplimiento del Estado de los requisitos exigidos por el artículo 118.19 de la Constitución, por el artículo 91 del Reglamento del Congreso de la República y por la STC 0008-2003-AI, fj 60.

Fundamentalmente, no queda clara la excepcionalidad y la imprevisibilidad de la situación que se buscaba enfrentar, pues la minería informal y la depredación del medio ambiente en Madre de Dios es un problema de años y, si creció, fue por desidia e indiferencia del Estado para solucionarlo. En tal sentido, no puede invocarse el carácter extraordinario de una situación si el autor del Decreto de Urgencia es responsable de las circunstancias que lo hacen imprescindible, toda vez que el Gobierno permitió el crecimiento de esta explotación informal, olvidando su rol de garante del derecho constitucional al medio ambiente (artículos 44 y 67 de la Constitución).

Tampoco queda clara la necesidad de intervenir a través del Ejecutivo, ante la imposibilidad de utilizar los medios ordinarios.

Si bien, en el marco de un amparo, el tc no puede expulsar del ordenamiento una ley (no estamos en un proceso de inconstitucionalidad) sí pudo haber sentado posición, siendo obligatoria su jurisprudencia en su calidad de doctrina jurisprudencial, tal como lo hizo en el punto 3 del fallo de la stc 00017-2008-AI (Caso filiales de Derecho).

En relación con los aspectos positivos de esta sentencia, estos giran alrededor de tres temas: las obligaciones que el derecho a vivir en un medio ambiente adecuado y equilibrado le plantea al Estado, el amparo ambiental como herramienta procesal idónea para la protección del derecho constitucional y la aplicación de normas en el tiempo.

Recuerda en muchos casos su jurisprudencia anterior y en otros la reitera y al hacerlo reafirma la fuerza vinculante de la misma.

Sobre el primero, se establece que: a) la riqueza natural debe beneficiar a la sociedad en su conjunto y que toda actividad económica debe ser sostenible y amigable con el ecosistema (fj 5);

b) el disfrute no de cualquier entorno, sino únicamente del adecuado para el desarrollo de la persona y de su dignidad, de lo contrario el goce del derecho a vivir en un medio ambiente se vería frustrado y carente de contenido (fj 6);

c) que el Estado no puede interferir arbitrariamente en las actividades de los particulares y que en una economía social de mercado el Estado tiene deberes específicos, destacando el deber de ejercer las libertades económicas con responsabilidad social y el deber de un rol vigilante, garantista y protector ante las deficiencias y fallos del mercado y de la actuación de los particulares (fj 7);

d) reitera que la actividad empresarial lucrativa no es incompatible con la responsabilidad social distinguiendo dos ámbitos, el interno, referido al respeto de los derechos laborales y, el externo, que enfatiza las relaciones entre la empresa, la comunidad y su entorno ambiental.

En relación con el punto dos, el tc destaca la especificidad del amparo, se trata de una pretensión colectiva y difusa, es necesario adaptar la perspectiva clásica centrada sobre casos particulares a la protección de pretensiones colectivas de personas (fj 11) o, por ejemplo, que estos procesos exigen al juez el desarrollo intenso de las potestades de investigación a efectos de esclarecer todos los extremos de la controversia. Se requiere del juez “una acentuada actividad probatoria” (fj 12).

Finalmente, el tc reitera su jurisprudencia sobre la aplicación del artículo 103 de la Constitución, norma que asume la teoría de los hechos cumplidos, dejándose la teoría de los derechos adquiridos. La teoría de los hechos cumplidos sostiene que la ley despliega sus efectos desde el momento en que entra en vigor, debiendo ser aplicada a toda situación subsumible en el supuesto de hecho; luego no hay razón alguna por la que deba aplicarse la antigua ley a las situaciones, aún no extinguidas nacidas con anterioridad.

Este pronunciamiento es relevante en tanto que reta la facultad del Estado para modificar los parámetros contractuales sobre industrias extractivas, según el artículo 62 de la Constitución (libertad contractual).

En un país como Perú, con crecimiento acelerado y descontrolado de actividades extractivas no acompañadas del desarrollo de institucionalidad estatal de protección al medio ambiente y de los pueblos indígenas, estas reglas son relevantes para la solución de los conflictos entre el Estado, empresas y pueblos indígenas.

Compensan en algo la ausencia de reglas claras a favor de la protección ambiental, pudiendo contribuir a sustraer conflictos del camino de la violencia y la confrontación para reconducirlos a los mecanismos institucionales y democráticos del diálogo y de la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas, tal como promueve todo Estado Constitucional de Derecho.

*    Tomado de: justiciaenlosandes.org

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