La Gaceta Jurídica

Sentencia para las áreas protegidas en Bolivia

Decreto Supremo 2366

Las áreas protegidas son muy frágiles  ante las actividades extractivas que desequilibran la vida.

Las áreas protegidas son muy frágiles ante las actividades extractivas que desequilibran la vida. Foto: httpobservatoriopetrolero.org

Jorge Campanini T.

00:00 / 29 de mayo de 2015

En abril de 2013 el vicepresidente Álvaro García anunció la decisión gubernamental de abrir las áreas protegidas (ap) a la actividad hidrocarburífera; lo que no decía es que un año antes ya el gobierno había definido la mayor superficie jamás dispuesta para actividades petroleras.

Alrededor de 24 millones de hectáreas (ha) fueron dispuestas como parte de la nueva frontera petrolera que comprende alrededor del 22% del total del territorio nacional y que se superpone sobre 11 de las 22 ap existentes en el país.

Casi de inmediato se iniciaron las negociaciones con las empresas transnacionales para suscribir contratos sobre áreas de la nueva frontera petrolera, hasta el momento siete han culminado los procesos necesarios para su aprobación y cinco de éstos afectan ap nacionales.

Así, el texto del Decreto Supremo (ds) 2366 termina por “legalizar” la trastocación de las ap, riqueza natural y patrimonio de Bolivia, en áreas destinadas al extractivismo.

Entre esos cinco contratos superpuestos a las ap destacan el firmado con la transnacional francesa Total e&p Bolivie, que se adjudicó el bloque Azero, ubicado principalmente en el departamento de Chuquisaca y una parte en Santa Cruz; este bloque ocupa una superficie de 785.625 ha y cubre el 90% de lo que viene a ser el Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Iñao, reserva natural de vida silvestre que tiene entre sus principales objetivos de creación la protección de ecosistemas como el bosque tucumano-boliviano, bosques de yungas relictuales y, sobre todo, la transición del bosque chaqueño a bosque chiquitano, además de la protección de gran cantidad de flora y fauna silvestre.

Otro de los contratos nuevos que se firmó sobre ap está adjudicado por la empresa china Eastern Petroleoum and Gas, la zona de Sanandita, correspondiente al pn (Parque Nacional) y anmi (Área Natural de Manejo Integrado) Aguaragüe, una reserva golpeada constantemente por la actividad petrolera y que puede ser considerada sin ningún problema como zona de sacrificio, a pesar que este ap tiene la función de regular la provisión de agua en la zona del Chaco y conservar una muestra de ecosistemas de transición frágiles y únicos.

Una nueva fase de aprobación de más contratos tiene dados pasos firmes, entre ellos está aprobada la autorización de firma de los contratos Astillero y San Telmo, donde la protagonista es Petrobras Bolivia SA y cuya afectación va directamente sobre la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, donde también se suma, aunque en parte, la gigante bg, con un contrato de gran proporción en Huacareta.

Menciono estos casos porque en la actualidad se realiza actividades petroleras en áreas protegidas, vulnerando las categorías de protección que se mencionan en la normativa vigente referida a áreas protegidas.

Para las petroleras simplemente no existe limitante para su expansión; la importancia y la razón de creación de nuestros parques, incluyendo las prohibiciones expresas en las leyes, son solo pequeños contratiempos que son fácilmente superados con complicidad del Estado convertido en socio estratégico de las multinacionales.

Con esta sociedad/complicidad han penetrado impunemente y doblegado al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (snap), ni qué decir con la Ley del Medio Ambiente.

Actualmente de las 18.271.699 ha de superficie protegida existente a nivel nacional, 3.043.797 ha son afectadas por la superposición de contratos petroleros y nuevas áreas destinadas a la frontera petrolera bajo la figura de áreas reservadas de ypfb (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), que están a disposición de las petroleras extranjeras. Es decir que, cerca al 17% de lo que constituye el snap es ahora zona de extractivismo o donde ya se realizan actividades petroleras.

Alcances del decreto

Ante la promulgación del DS 2366 del 20 de mayo, el panorama es desolador. Este decreto es parte de un paquete que se desarrollado hace tiempo para vulnerar los derechos y los esfuerzos por mantener una zona de protección ecológica. Parte de este paquete fue reducir a un simple trámite administrativo el proceso de consulta a los pueblos indígenas para actividades petroleras (ds 2298 de marzo, 2015), que fue antecedido por el de otorgación de compensación por impactos ambientales en tco (Tierras Comunitarias de Origen) (ds 2195 de noviembre de 2014).

En el ds 2366 solo se deja a resguardo del extractivismo petrolero las del Santuario y Monumento Natural, además de los sitios Ramsar. Pero, en el primer caso no existe ninguna ap nacional que tenga esta categoría, es decir, de las 22 áreas que componen el sistema, todas estarían expeditas para que se desarrolle actividades petroleras, incluyendo las que por DS 24781 de 31 julio de 1997 son consideradas de máxima protección.

Éstos son los parques nacionales, donde está prohibida la realización de actividades extractivas y consuntivas y solo se permitía legalmente, hasta ahora, la investigación, ecoturismo y educación ambiental; a partir de hoy la prohibición pasó a ser historia pues la disposición final del ds 2366 se encarga de anular cualquier normativa previa existente que tenga al mismo rango.

Lo más atemorizante es que, a partir de este decreto, se modificará radicalmente la estructura de las ap, por decir lo menos, pues, según la norma, el descubrimiento de un yacimiento potencial para ser comercializado dentro de cualquier ap permite a la empresa demandar ante el Sernap (Servicio Nacional de Áreas Protegidas) la reconfiguración de las características internas del parque.

Vale decir que, por ejemplo, en el caso de una zonificación (protección irrestricta, uso moderado, recuperación natural, uso intensivo no extractivo y otros) a demanda de las petroleras interesadas, el área protegida y su zonificación sería replanteada conforme a los criterios de explotación y no sobre criterios de con- servación y protección.

Dicho de otra forma, el ds 2366 es un certificado de defunción previa a nuestro patrimonio Natural. De este modo, estamos ante un escenario trágico para nuestras reservas naturales, muchas de ellas ya son golpeadas impunemente por la minería y ahora se culmina con la sentencia final.

Es investigador y miembro del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).

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