La Gaceta Jurídica

Sentencia para un exprefecto

En el caso de la exautoridad orureña se evidencia delitos comunes con otros sumarios presuntamente cometidos por políticos en otras gestiones y funciones, pero que no han llegado a sustentaciones adecuadas o a la instalación de procesos que sean ventilados hasta su culminación con fallos de sentencia o absolución.

Editorial

00:00 / 12 de agosto de 2014

Después de varios años de sustanciación en un largo juicio oral, un juez emitió sentencia contra el exprefecto de Oruro  Alberto Luis Aguilar, quien ocupó el cargo entre 2006 y 2009,  y contra sus excolaboradores Tomás López, exsecretario general de la Prefectura; Patricia Jaldín, exsecretaria del área administrativa, y Víctor Hugo Moreno, responsable del proyecto que motivó la causa. De acuerdo a la decisión judicial, Aguilar deberá cumplir una condena de seis años y diez meses de cárcel, mientras que López lo hará con seis años y cuatro meses, Jaldín con cuatro y Moreno con dos años.

Los delitos sancionados fueron la firma contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y uso indebido de influencias, tipificados a partir de una denuncia en 2009 ante el Ministerio Público por parte del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, debido al presunto mal manejo de fondos estatales en la entonces Prefectura orureña; esto estaba ligado a la cancelación y suscripción de contratos ilegales con cinco empresas encargadas de ejecutar el proyecto “Puerto Seco”, establecido para la construcción de almacenes y galpones para la acumulación de alimentos y mercadería y la instalación de balanzas en un campo de empresa mixta ubicado a 10 kilómetros al norte de la ciudad de Pagador, lo que es esperado aún por la población de ese departamento como una iniciativa estratégica.

Según los antecedentes, las compañías recibieron más de 5 millones de bolivianos de la Prefectura para cumplir la etapa de socialización, localización y diseño final de la obra, pero, con las investigaciones, el Ministerio Público estableció que el exprefecto suscribió en forma irregular contratos con carácter retroactivo dentro de la ejecución del proyecto. Por otra parte, durante el proceso se conoció la prueba documental con más de 10.000 fojas y evidencias en los resultados de dos peritajes, uno del Instituto de Investigaciones Forenses (Idif) y otro de la Universidad Técnica de Oruro (uto), instituciones que habrían verificado el daño económico al Estado.

Sobre el contexto completo del tema, el párrafo anterior parece describir lo apropiado de procedimientos que han establecido punición contra los involucrados en las ahora confirmadas irregularidades, lo que es una demostración de que es posible luchar contra la corrupción y encontrar culpables a través de los mecanismos adecuado y certeros de la justicia, es decir, mediante investigaciones y sustentaciones pertinentes y demostrables, lo cual debería ser aplicado en cada caso que se denuncia en relación a daños y perjuicios al Estado, su economía y sus instituciones.

En el caso de la exautoridad orureña se evidencia delitos comunes con otros sumarios presuntamente cometidos por políticos en otras gestiones y funciones, pero que no han llegado a sustentaciones adecuadas o a la instalación de procesos que sean ventilados hasta su culminación con fallos de sentencia o absolución. Esto ha dado lugar a versiones sobre otro presunto de nuestra justicia, como es la persecución política, que podría terminar como una certeza si no se demuestra las acusaciones tal como ha ocurrido con este caso de corrupción, que si bien será seguramente apelado, es un antecedente por el procedimiento legal seguido hasta una conclusión.

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