La Gaceta Jurídica

Sentencia por racismo

…las acciones racistas y discriminatorias persisten en el país y esto no será solucionado con las leyes, pues se trata de una construcción grupal arcaica e ignorante que es evidente en el caso citado y en otros, incluso recientes, que terminan por arrastrar a más…

La Razón (Edición Impresa)

00:00 / 06 de marzo de 2016

La semana que concluyó se conoció la sentencia contra 13 personas implicadas en los actos de violencia racista contra campesinos en la ciudad de Sucre el 24 de mayo de 2008. Como era de esperarse, la determinación del Tribunal de Sentencia de Padilla, localidad distante 180 kilómetros de la capital del Estado, fue recibida con posturas divergentes por el oficialismo y la oposición.

Para representantes de la primera facción, se trata de una forma de sentar precedente y evitar que en el país se continúe con acciones racistas y discriminatorias, asimismo, esto es una forma de poner en práctica la Ley 045 Contra el racismo y toda forma de discriminación, promulgada de 8 de octubre de 2010, y la normativa penal en el caso de agresiones a las personas. Del otro lado, miembros de la oposición señalaron que el proceso judicial fue una persecución política con sentencia injusta.

Pero, entre estas versiones y la actuación de la justicia, ¿qué puede significar el proceso concluido después de varios años? Tal vez es pertinente recordar que los exdirigentes del Comité Interinstitucional de la Capitalidad Plena y los exdirigentes universitarios que fueron sentenciados con penas de hasta más de seis años fueron acusados de la comisión de los delitos de asociación delictuosa, sedición, coacción y lesiones gravísimas y lesiones graves porque, en la fecha citada, los campesinos fueron impedidos de entrar en marcha a la capital para demostrar su apoyo al Gobierno y recibir ambulancias para sus comunidades. Además, fueron golpeados por grupos vandálicos mientras eran llevados semidesnudos hasta la plaza principal de la ciudad blanca, entre otros abusos.

Los hechos están documentados por los medios de comunicación y por otros testigos, por lo que no se puede negar los actos de atropello en esa oportunidad; además, algunas razones señalaron a quienes ahora deberán cumplir la pena de cárcel, sin embargo, la actuación de la justicia es acusada de responder a intereses políticos, “opinión” que debería ser justificada por quienes no están de acuerdo con el fallo.

En situaciones similares y en otras, el país ha sido testigo de que los procesos no concluyen o son suspendidos a medias por causas reiterativas como la de que los encausados, muy frecuentemente, tienen problemas de salud. Otra de las argumentaciones comunes como defensa externa al proceso es la versión de que se trata de persecución política, de este modo nunca hay culpables y solo existe el supuesto de que los hechos han sido producidos por espontaneidad, lo que no es improbable pero tampoco es permanente, menos en un país donde el cálculo político tiene una escuela de gran trayectoria.

En todo caso, existe la oportunidad para que estas personas sentenciadas presenten recursos a su favor para que el Tribunal Supremo de Justicia emita la última palabra sobre el caso. Mientras tanto, lo que no tiene posibilidades de revisión es el hecho de que las acciones racistas y discriminatorias persisten en el país y que esto no será solucionado con las leyes, pues se trata de una construcción grupal arcaica e ignorante que es evidente en el caso citado y en otros, incluso recientes, que terminan por arrastrar a más conjuntos sociales que hasta tienen el desenvoltura de negarlo.

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