La Gaceta Jurídica

“Servicio a la sociedad”, premisa de la Ley del Ejercicio de la Abogacía

El artículo 3 del documento sancionado por la Asamblea establece que el ejercicio de la abogacía es una función social al servicio de la Sociedad, del Derecho y la Justicia.

Foto: impagoalquiler.com

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La Gaceta Jurídica / Raúl Morales Romero

00:00 / 12 de julio de 2013

La futura Ley del Ejercicio de la Abogacía, sancionada el pasado 5 de julio y que se encuentra en el Órgano Ejecutivo para su promulgación, es un instrumento legal que tiene como función principal “el servicio a la sociedad” a través de la regulación, el registro y control de los profesionales abogados.

Este instrumento jurídico que estará vigente una vez se agoten todos los procedimientos legales, reemplazará al Decreto Ley 16793 de 19 de julio de 1979, denominada Ley de Abogacía; la propuesta inicial fue consensuada con los sectores interesados para después ser debatida en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El artículo 3 del documento sancionado por la Asamblea establece que el ejercicio de la abogacía es una función social al servicio de la Sociedad, del Derecho y la Justicia.

En consideración a este punto, la futura norma legal establece los siete principios que regirán la práctica de la abogacía:

Independencia. En todo momento la práctica de la abogacía se encuentra exenta de cualquier presión o influencia externa, ajenos al Derecho y a la Justicia.

Idoneidad. Debe observar en todo momento capacidad para el desempeño de sus funciones, conducta íntegra y ecuánime.

Fidelidad. El ejercicio de la abogacía se rige por la obligación de no defraudar la confianza del patrocinado ni defender intereses en conflicto con los de aquel.

Lealtad. Por la que debe defender los intereses de la persona patrocinada, así como ser veraz, sin crear falsas expectativas ni magnificar las dificultades.

Libertad de defensa. El ejercicio de la abogacía goza de libertad de preparar y desarrollar la defensa por todos los medios legales permitidos por Ley a favor de la persona patrocinada.

Confidencialidad. La abogada o el abogado deben guardar para sí las revelaciones de la persona patrocinada.

Dignidad. La abogada o el abogado deben actuar conforme a valores inherentes a la profesión absteniéndose de todo comportamiento que suponga infracción a la ética o descrédito.

Práctica, inhabilitación e impedimentos

Para ejercer la abogacía en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, la persona debe cumplir tres requisitos fundamentales: tener título profesional de abogada o abogado, cumplir con el registro y matriculación en el Ministerio de Justicia y, por último, las abogadas y  los abogados se someterán al control del ejercicio profesional a través del Ministerio de Justicia o de los colegios de abogados.

Por otra parte, se establece que las abogadas y los abogados están inhabilitados para ejercer la abogacía por las siguientes causales: inhabilitación especial conforme a lo establecido en el Código Penal; declaratoria de interdicción ejecutoriada; o suspensión por resolución ejecutoriada por infracciones a la ética.

También, la servidora y servidor público de profesión abogada o abogado, estás impedidos de patrocinar casos particulares, salvo causas de patrocinio en causa propia, la de sus ascendientes o descendientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Derechos y deberes

De acuerdo con el instrumento legal, los profesionales en abogacía tienen los siguientes derechos: ejercer la profesión de conformidad al ordenamiento jurídico, ser tratados con respeto y consideración en el ejercicio de la profesión, percibir honorarios profesionales, a la inviolabilidad por las opiniones verbales o escritas que emita en el ejercicio profesional.

El profesional no podrá ser perseguido, detenido o procesado judicialmente, salvo el caso de la comisión de un hecho delictivo y su oficina, documentos u objetos que le hayan sido confiados por sus patrocinadores son inviolables.

Las abogadas y  los abogados, conforme a la presente tienen los siguientes deberes: registrarse y matricularse ante el Ministerio de Justicia, sujetarse al procedimiento por las infracciones a la ética, defender con lealtad y eficiencia los intereses de sus patrocinados, observar en todo momento una conducta íntegra, honesta, ecuánime, digna y respetuosa del ordenamiento jurídico y otros.

Uno de los aspectos de gran importancia es que los abogados y abogadas recientemente titulados están en la obligación de prestar defensa de oficio. Prometerse al control del ejercicio profesional a través del Ministerio de Justicia o de los colegios de abogados y consignar en todo acto profesional el número de matrícula emitido por el Ministerio de Justicia.

Gratuidad y  defensa de oficio

La gratuidad del servicio es un aspecto relevante en la Ley y señala que las abogadas y los abogados en ejercicio libre de  la profesión podrán prestar atención gratuita a las personas de escasos recursos económicos.

Dentro de éste parámetro, el  Ministerio de Justicia remitirá listas de los profesionales registrados en el último año al Órgano Judicial para las designaciones de abogadas y abogados de oficio, para que presten asistencia judicial, conforme a la Ley Nº 025 del Órgano Judicial. 

Registro público

Una de las obligaciones del Estado es el registro de las abogadas, los abogados y las sociedades civiles con calidad de documento público para el ejercicio de la abogacía.

El principal operador del Ejecutivo es el Ministerio de Justicia, que después de proceder con el registro, en acto público y  formal, otorgará una credencial donde se consigna un número único de matrícula. Este proceso se regirá con un reglamento.

Atribuciones del ministerio de justicia

El Ministerio de Justicia tiene las siguientes atribuciones, además de registrar y matricular, cuenta con otras prerrogativas como designar a los miembros del Tribunal Nacional de Ética de la Abogacía y a los tribunales departamentales de Ética de la Abogacía para el control de las abogadas y los abogados que no estén afiliados a algún colegio del gremio, coordinar con los colegios de abogadas y de abogados, las acciones referidas al cumplimiento de la presente Ley.

Esta instancia también debe velar por el cumplimiento transparente y oportuno de los procesos por infracciones a la ética, así como el cumplimiento de las sanciones impuestas.

Libre asociación

La Ley sancionada delimita las atribuciones de los colegios de abogados toda vez que el profesional tiene la libertad de asociación para ejercer su actividad. De la misma forma, tendrán derecho a renunciar a la afiliación, salvo proceso pendiente.

Tanto el Colegio Nacional como los colegios departamentales de abogadas y abogados se sujetarán a la asamblea de todos sus afiliados, que es su máxima instancia de decisión, a su  directorio y a sus diferentes instancias. Éstas garantizarán los principios de participación democrática, establecidos en la Constitución Política del Estado (cpe).

Los miembros de los directorios, en representación del Colegio Nacional o de los colegios departamentales de abogadas y abogados no podrán realizar actividades “político-partidarias”, siendo pasibles a sanción por infracción gravísima a la ética.

Respecto a la afiliación, los colegios podrán incorporar a las abogadas y a los abogados que tuvieran domicilio procesal en el departamento respectivo, con “la sola presentación de la copia legalizada de la credencial emitida por el Ministerio de Justicia y el señalamiento de domicilio procesa”.

“En ningún caso los colegios podrán incorporar a abogadas o abogados que no estén previamente registrados y matriculados en el Ministerio de Justicia”.

Aranceles y honorario profesional

El Ministerio de Justicia, mediante resolución ministerial, aprobará cada dos (2) años el arancel de honorarios profesionales de la abogacía para cada departamento, el que será publicado en un medio de circulación nacional.

En caso de que la abogada o el abogado y su patrocinado no hubieran acordado el honorario profesional, regirá el arancel de honorarios profesionales de la abogacía.

El patrocinio, sea por litigio o por conciliación u otro medio alternativo de solución de conflictos, tendrá la misma retribución, sin importar el tiempo empleado.

La abogada o el abogado que no fueran satisfechos en el pago de sus honorarios podrán reclamar el pago ante la jueza o el juez o autoridad que tramitó la causa, de acuerdo con los  honorarios pactados o ajustando su petición al arancel profesional.

Cambio de patrocinio

La abogada o el abogado no podrán patrocinar una causa que fue encomendada a otra abogada o abogado, salvo lo establecido en el presente artículo.

El cambio de patrocinio sobreviene por fallecimiento o renuncia de la abogada o del abogado que patrocinó la causa  o a petición de la parte patrocinada y autorización, ante la jueza o juez que conoce la causa. Las servidoras y servidores judiciales están prohibidos de exigir a cualquiera de las  partes la autorización de cambio de patrocinio o la certificación de no adeudar honorarios.

Procesamiento de las infracciones a  la ética

Las abogadas y los abogados son responsables en el ejercicio libre, el servicio público, la función judicial, fiscal o administrativa de la profesión cuando incurran en  infracciones a la ética previstas por la nueva ley para su procesamiento ante las instancias establecidas.

La responsabilidad por infracciones a la ética no exime de la responsabilidad penal, civil o administrativa.

Las autoridades que sustanciarán y resolverán las denuncias que se plantean contra abogadas o abogados por infracciones a la ética, son las siguientes: 

En el Ministerio de Justicia a las abogadas y los abogados no afiliados a ningún colegio de abogadas y abogados, tribunales departamentales de ética de abogadas y abogados y Tribunal Nacional de Ética de la Abogacía.

En los colegios de abogadas y abogados a sus afiliados: tribunales departamentales de honor de los colegios de abogadas; y abogados y el Tribunal Nacional de Honor de la Abogacía.

Tribunales nacionales

El Tribunal Nacional de la Abogacía del Ministerio de Justicia estará conformado por nueve (9) miembros titulares y  nueve (9) suplentes, designados conforme al Reglamento de la presente Ley. Ejercerán sus funciones por el periodo de dos (2) años.

El Tribunal Nacional de Honor de la Abogacía del Colegio de Abogadas y Abogados estará conformado por nueve (9) miembros elegidos en su asamblea.

Ejercerán sus funciones por el periodo de dos (2) años.

Tribunales departamentales

Los tribunales departamentales del Ministerio de Justicia y de los colegios departamentales de abogadas y abogados estarán conformados en proporción al número de registrados o afiliados. Ejercerán sus funciones por el periodo de dos (2) años.

Los tribunales departamentales conocerán y resolverán en primera instancia las infracciones a la ética, previstas por la presente Ley.

Los miembros de los tribunales nacionales y  departamentales del Ministerio de Justicia y de los colegios de abogadas y abogados deberán cumplir los siguientes requisitos: tener seis (6) años de experiencia en el ejercicio de la abogacía, no tener sanción ejecutoriada por infracciones a la ética de la abogacía, tener conocimientos o experiencia en materia disciplinaria o procesal, debidamente acreditados, no contar con pliego de cargo ejecutoriado.

El desempeño de las funciones de los miembros de los tribunales nacionales y departamentales será honorífico y no percibirán dietas o remuneración alguna, quedando cubiertos sus gastos de operación conforme al reglamento.

Infracción a la ética

Se considera infracción a la ética, a toda acción u omisión prevista y sancionada conforme a la presente Ley. Las infracciones a la ética se clasifican en leves, graves y gravísimas.

Constituyen infracciones leves de las abogadas y los abogados no promover o no favorecer la conciliación, cuando fuera permitida; hacer falsas citas doctrinales o jurisprudenciales que induzcan en error a jueces o magistrados; ofrecer sus servicios profesionales mediante formas engañosas o referencias anticipadas sobre tiempo o resultado o menoscabando el prestigio de sus colegas, entre otros.

No prestar atención gratuita a las personas de escasos recursos económicos, en conformidad a lo establecido en la norma vigente.

Infracciones graves

Constituyen infracciones graves la reincidencia de una infracción leve, dentro de los siguientes trescientos sesenta y cinco (365) días; no informar a su patrocinado de la relación de amistad o parentesco que tiene con la otra parte, fiscal, juez o magistrado.

Ejercer influencias sobre una autoridad judicial, servidora pública o un servidor público o personal particular, a fin de obtener una ventaja ilegítima para sí o un tercero; permitir el aprovechamiento de su firma por persona ajena o permitir que su nombre o firma sea usado para facilitar el ejercicio ilegal de la profesión.

Asistir en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias controladas o tóxicas a audiencias en juzgados o tribunales jurisdiccionales o administrativos; propiciar o participar en agresiones físicas o verbales en dependencias judiciales o de servicio público.

Infracciones gravísimas

Constituyen infracciones gravísimas ejercer la profesión teniendo sanción de suspensión o inhabilitación especial; la reincidencia de una falta grave, dentro de los siguientes trescientos sesenta y cinco (365) días; patrocinar o asesorar intereses opuestos dentro de la misma causa; anteponer su propio interés al de su patrocinado o aceptar económicos de la parte contraria.

Sanciones

Las sanciones serán las siguientes:

Infracciones leves: Llamada de atención y multa pecuniaria de un (1) salario mínimo nacional.

Infracciones graves: Suspensión temporal de uno (1) a doce (12) meses y multa de dos (2) a seis (6) salarios mínimos nacionales.

Infracciones gravísimas: Suspensión temporal de un (1) año a dos (2) años y multa de seis (6) salarios mínimos nacionales.

Cabe destacar que el proceso por infracciones a la ética se iniciará por denuncia escrita o verbal registrada en acta, presentada por cualquier persona con interés legítimo o de oficio ante el Ministerio de Justicia o los colegios departamentales de abogadas y abogados.

La denuncia contendrá una relación circunstanciada y clara del hecho, el nombre y dirección de la oficina de la abogada o el abogado o el domicilio procesal que le sea conocido y deberá acompañarse o señalarse con las pruebas que sustenten la acusación.

De acuerdo con las disposiciones transitorias y finales, se establece que los procesos ya iniciados concluirán con el anterior régimen disciplinario, los procesos por iniciarse se sujetarán a lo dispuesto por la presente ley.

Las abogadas y los abogados que no se hayan registrado en el Ministerio de Justicia y cuenten con matrículas expedidas por los colegios de abogados tendrán validez mientras dure el plazo para su registro en el Ministerio de Justicia. El plazo será de dos (2)  años a partir de la promulgación de la norma.

La conformación de los tribunales del Ministerio de Justicia debe ser en seis (6) meses, a partir de la promulgación de la nueva ley. Hasta que se conformen los tribunales del Ministerio de Justicia, las denuncias por infracciones cometidas por abogadas y abogados se podrán presentar al Ministerio de Justicia o al Colegio de Abogadas y Abogados.

Los colegios de abogadas y abogados, con personalidad jurídica reconocida antes de la promulgación de la ley,  deberán adecuar sus estatutos y reglamentos a lo establecido en la esta legislación en el plazo máximo de un (1) año.

El Órgano Ejecutivo, mediante decreto supremo, reglamentará la norma en el plazo de noventa (90) días calendario, computables a partir de su promulgación.

Las matrículas extendidas por la Oficina del Registro Público de Abogados, dependiente del Ministerio de Justicia, con anterioridad a la publicación de la ley mantendrán su plena vigencia.

Es periodista

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