La Gaceta Jurídica

Sistema jurídico nacional del Derecho de la Información

El Señor Justicia

La Gaceta Jurídica / Carlos Conde Calle

00:00 / 11 de mayo de 2012

Mucha gente cree que el sistema normativo que regula la actividad periodística, empieza con la Ley de Imprenta de 1925. Es una imprecisión que, junto a Carlos Serrate Reich y Rodolfo Salamanca, nos encargaremos de reorientar.

De principio, el 7 de diciembre de 1826 se aprueba en Bolivia la primera Ley de Imprenta. En esa época la norma dispuso que todo es susceptible de ser noticia; no obstante, no se podía escribir contra la Constitución; era impensable publicar notas contra la moral y las buenas costumbres.

Esta norma fundacional en el tema crea los JURADOS DE IMPRENTA; establece multas y DESTIERROS como sanciones a los delitos cometidos por los medios de comunicación social (mcs), pero, lo fundamental, todos los artículos de prensa debían ser firmados.

En 1827 irrumpen los periódicos El Nacional, El Cóndor y El Iris en La Paz. Inmediatamente, el Mariscal Andrés de Santa Cruz, preocupado por una nueva codificación, conforma comisiones de estudio en todos los campos del Derecho (Civil, Penal, Minero, Procedimiento Penal y Civil).

En 1831 se promulga el primer Código Penal, donde se tipifica los delitos de  imprenta. En él, a diferencia de otros tipos penales, no se reconoce la complicidad en materia de delitos de imprenta. En esa época, se clausura el periódico “El Tillinku”.

Los gobiernos sucesivos modificarán la Ley de Imprenta de 1826, pero no son sustanciales. Una norma con cambio estructural fue emitida por Manuel Isidoro Belzu, la Ley de Imprenta del 25 de febrero de 1850.

Esta norma enumera taxativamente los excesos de prensa. Se establece como exceso punible todo escrito que sea antirreligioso. No debemos olvidar que el poder clerical, especialmente en Bolivia, legalmente hablando, duró hasta 1911, cuando se instituye la Ley del Matrimonio Civil, y 1943, cuando se prescribe que el Certificado de Nacimiento sea expedido por la Dirección General del Registro Civil.

El poder de la Iglesia Católica era fuerte, por eso no se aceptaban escritos antirreligiosos. Además, eran delito los textos sediciosos (cuando un grupo de personas se atribuye derechos del pueblo). Congruente con el Código Penal de la época, se sancionaba los delitos de injuria, particularmente contra autoridades. Por primera vez se establece que los delitos de imprenta prescriben en un mes. Los delitos debían ser juzgados por los jurados de imprenta. La norma establecía penas privativas de libertad para los delitos cometidos por medio de periódicos.

Por avatares de la política llega al gobierno el general Jorge Córdova, quien rápido emite el Decreto Supremo (ds) del 15 de octubre de 1855. El precepto anula los jurados de imprenta. Después se prohíbe la censura y sobornos. En el espíritu de las leyes de imprenta nadie debe publicar noticias contra la Iglesia. Por primera vez se establece que todos los delitos de imprenta se someterán a JUZGADOS ORDINARIOS en materia penal.

El gobierno de José María Linares se apresura en emitir el ds de 31 de marzo de 1858, que reconfirma la ausencia de jurados de imprenta y establece la obligatoriedad de que los artículos de prensa deben ser firmados.

Siempre en el siglo antepasado, el 1 de octubre de 1887 la Convención Nacional REPONE LOS JURADOS DE IMPRENTA y, lo más importante, se instituye el secreto profesional; esto es que el periodista, ante cualquier requerimiento, se reservaba el silencio y no revelar su fuente. No obstante, la norma dispone que los artículos deben ser firmados.

Llega 1889 y se reglamenta la Ley de Imprenta. Se rebaja las multas y los jurados debían ser designados por el Ministerio Público. En 1900, con los Liberales en el poder, se conoce el DS de 23 de agosto, su artículo 13  establece la doble vía para los DELITOS DE IMPRENTA, esto es que el periodista podía ser demandado por el querellante en JURADOS DE IMPRENTA o TRIBUNALES ORDINARIOS, es decir, juzgado en materia penal.

En ese contexto de economía feudal con enclave capitalista los gobernantes de turno continuaban regulando la actividad periodística, particularmente de la prensa plana, porque todavía no había nacido la radio, mucho menos, la televisión. En 1907, mediante ley, se establecieron las vindicaciones pagadas, esto es más o menos el Derecho de Réplica. Cuando el particular o la autoridad eran lastimados por una información podían publicar sus respuestas por los medios escritos, pero debían pagar por el servicio.

Mucha gente cree que la Ley de Imprenta es de 1925 y no se equivoca, pero ésa no es toda la verdad. Debemos mencionar que el principio de la normativa actual de la actividad periodística es el 17 de julio de 1920.

El doctor Bautista Saavedra, una vez en el gobierno, elevó a rango de ley el decreto referido. Lo hizo el 19 de enero de 1925. Por eso la norma dice: “Se declara Ley del Estado el Reglamento de Imprenta, dictado por la Junta de Gobierno el 17 de julio de 1920 con las siguientes modificaciones” (sic.).

Ésta es la Ley de Imprenta que está vigente; pero no faltaron intentos para modificarla. Por ejemplo, en 1944, la conocida como Ley Tamayo suprime los jurados de imprenta. Del mismo modo, mediante Ley de 27 de abril de 1951, el general Hugo Ballivián suprime estos jurados. Sin embargo, en democracia, particularmente desde 1982 hasta la fecha, se respetó íntegramente la norma; es más, el 5 de octubre de 1998 la Cámara de Diputados ratificó su plena vigencia. Además, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, mediante DS 24708 de 16 de julio 1997, abrogó el Decreto Ley 2720 de 19 de septiembre de 1951 reponiendo los jurados de imprenta.

En democracia, la presidenta Lidia Gueiler Tejada promulgó la Ley 494 del 29 de diciembre de 1979 que reconoce e instituye la Ley del Periodista Profesional. Sobre ésta volveremos al tratar la actividad periodística y estudiaremos la colegiación con rigor.

La democracia, junto al doctor Hernán Siles Zuazo, tuvo a bien producir el DS 20225 de 9 de mayo de 1984 que, en realidad, reglamenta la Ley 494, así la actividad periodística no escapa a la regulación estatal.

Cerramos este trabajo destacando puntos medulares de la Ley de Imprenta vigente. El artículo 7 establece que no hay delito posible sin publicación. El artículo primero establece y consagra la libertad de expresión. El 8 establece el secreto profesional. Pero lo trascendente está en el 2, que establece que la responsabilidad por los delitos de imprenta es en cascada y no solidaria. Esto será analizado en un ensayo autónomo.

En el artículo 28 de la Ley, si el ofendido es un funcionario o servidor público es de competencia de los jurados de imprenta y no hay otro tribunal. En cambio, cuando es calumniada o injuriada una persona particular, ésta PUEDE elegir, es decir, acudir al Jurado de Imprenta o, si prefiere, a los tribunales ordinarios.

Esto será profundizado cuando escribamos sobre la responsabilidad penal del periodista.

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