La Gaceta Jurídica

Situación postelectoral de los partidos y el pluralismo político

Apunte legal

Alan E. Vargas Lima

00:00 / 21 de octubre de 2014

De acuerdo a las últimas informaciones nacionales se ha conocido que el Movimiento Al Socialismo (mas), partido del presidente Evo Morales, habría logrado el 61,04 por ciento de sufragios al 99,82 por ciento de los votos computados, lo que no variará con el 0,18 por ciento restante debido a la repetición del sufragio que se implementará el siguiente domingo en 49 mesas, 44 en Santa Cruz y 5 en Oruro –que equivalen precisamente al 0,18 por ciento que resta–.

Como era previsible, los datos muestran que el mas consiguió el 61,04 por ciento, o sea 3.053.846 de los 5.003.265 votos; seguido por Unidad Demócrata (ud), con 24,49 por ciento (1.225.095); Partido Demócrata Cristiano (pdc), con 9,07 por ciento (453.647); Movimiento Sin Miedo (msm), con 2,72 por ciento (135.885), y el Partido Verde de Bolivia (pvb), con 2,69 por ciento (134.792). Sin embargo, lamentablemente estos dos últimos partidos políticos ahora se encuentran expuestos a perder su personería jurídica por no haber alcanzado el 3 por ciento de la votación de acuerdo a lo exigido por la normativa vigente.

Esta situación obliga a revisar, aunque sea brevemente, la normativa electoral vigente respecto de la personería jurídica de los partidos políticos y las consecuencias de la votación obtenida en las pasadas elecciones generales, a la luz del pluralismo político.

En 1999 se puso en vigencia la Ley Nº 1983 de Partidos Políticos, cuyas normas básicamente regulan la organización, funcionamiento, reconocimiento, registro y extinción de los partidos políticos, las fusiones y las alianzas que se conformen entre ellos, así como sus relaciones con la sociedad y el Estado.

Todo ello en resguardo de la Libertad de Asociación Política, en cuya virtud el Estado boliviano garantiza a todos los ciudadanos, hombres y mujeres, el derecho de asociarse en partidos políticos, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley y los documentos constitutivos de los partidos; vale decir que todo ciudadano, hombre o mujer, tiene el derecho de afiliarse libre y voluntariamente a un partido político cumpliendo los requisitos establecidos en su respectivo Estatuto Orgánico.

En este sentido, cabe tener presente que, de acuerdo a la citada Ley, los partidos políticos son personas jurídicas de derecho público y sin fines de lucro, que se constituyen para participar por medios lícitos y democráticos en la actividad política de la República (actual Estado Plurinacional), en la conformación de los poderes públicos y en la formación y manifestación de la voluntad popular.

Se organizan por la asociación voluntaria de ciudadanos que adoptan un conjunto de principios políticos, un estatuto y un programa de acción comunes. Adquieren personalidad jurídica por resolución de la Corte Nacional Electoral (actual Tribunal Supremo Electoral).

Asimismo, la Ley prevé que la representación popular se ejerce por medio de los partidos políticos y las alianzas formadas por éstos. Las agrupaciones cívicas con personalidad jurídica reconocida, previa resolución expresa de sus organismos legalmente autorizados, podrán conformar alianzas con partidos políticos y presentar candidatos a los cargos electivos de la República en las listas de dichas alianzas.

Sin embargo, la misma Ley de Partidos Políticos, que aún se mantiene vigente pese a sus modificaciones posteriores (aunque ahora existe ya en tratamiento un proyecto de Ley de Organizaciones Políticas), prevé algunas normas referentes a la extinción y cancelación de personalidad y registro de los partidos y de las alianzas.

Al respecto, y sobre el aspecto que ahora nos interesa, se ha establecido que la Corte Nacional Electoral (actual Tribunal Supremo Electoral) procederá a la cancelación de la personalidad jurídica y del registro de los partidos o de las alianzas por las siguientes causales: por la extinción del partido o la alianza; por no haber obtenido más del tres por ciento del total de votos válidos en la última elección a la que concurrieron, respetándose el mandato de los representantes nacionales que haya obtenido el partido sancionado, entre otras.

Como se puede ver, dicha disposición es aplicable frente a los casos de los dos partidos que no alcanzaron el tres por ciento de la votación en las últimas Elecciones Generales; sin embargo, debe tenerse presente que, actualmente, la Constitución Política del Estado (cpe) establece en su primer artículo que nuestro país “se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”  (el subrayado me corresponde).

Asimismo, cabe considerar que, en concordancia con éste precepto, el artículo 2 constitucional no sólo se refiere al reconocimiento de la diversidad lingüística sino, sobre todo, al reconocimiento de la diversidad de formas de autogobierno, lo que constituye de modo general la instauración del pluralismo político como principio organizador del gobierno en el país (1).

Posteriormente, fue la Ley Nº 26 del Régimen Electoral (artículo 2, inciso i) la que desarrolló el Principio de Pluralismo Político, entendiendo que “La democracia intercultural boliviana reconoce la existencia de diferentes opciones políticas e ideológicas para la participación libre en procesos electorales plurales y transparentes”.

Asimismo, respecto a la democracia representativa, establece que (artículo 42) “El ejercicio de la Democracia Representativa se fundamenta en los principios de soberanía popular, sufragio universal, igualdad, equivalencia, representación política, pluralismo político y toma de decisiones de la mayoría, respetando a las minorías”.

Debe entenderse que el pluralismo político es una de las condiciones para la construcción del Estado Plurinacional y tiene su base en los derechos políticos fundamentales reconocidos en la Constitución, constituyendo, a su vez, uno de los fundamentos de la democracia representativa e intercultural que ahora rige en Bolivia y que reconoce la existencia de distintas alternativas políticas en los procesos electorales.

Entonces, la posibilidad de cancelación de la personería de los partidos políticos no condice con este principio constitucional, dado que llega a restringir directamente el derecho de los candidatos(as) a la participación política en posteriores procesos electorales, desconociendo el apoyo electoral, conseguido en la elección por parte de una agrupación política.

Este es un tema que, indudablemente, requiere de amplio debate urgente para analizar y comprender sus verdaderos alcances, a fin de que las normas de la Ley de Partidos Políticos estén acorde a la gama de principios y derechos políticos reconocidos en la Constitución, más aún cuando el derecho a la participación política (artículo 26, parágrafo II constitucional) comprende entre sus elementos esenciales la organización con fines de participación política, conforme a la Constitución y a la Ley.

Nota

1. Luis Tapia. Pluralismo Político-Jurídico en la nueva Constitución de Bolivia. En: Miradas Nuevo Texto Constitucional. Pág. 262.

Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano: http://alanvargas4784.blogspot.com

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