La Gaceta Jurídica

Sociedad civil plantea cambios en el anteproyecto del Código Procesal Penal

La Red Participación y Justicia presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional las consideraciones y criterios recogidos desde la sociedad civil para constituir el anteproyecto de ley del Código  Procesal Penal y proponen salvaguardar artículos de la normativa vigente.

La Lic. Verónika Sandy, presidenta de la Red Participación  y Justicia (de pie), analiza en su oficina el documento de discusión de la Red

La Lic. Verónika Sandy, presidenta de la Red Participación y Justicia (de pie), analiza en su oficina el documento de discusión de la Red Foto: RED PARTICIPACIÓN Y JUSTICIA

Lic. Verónika Sandi Durán

00:00 / 30 de mayo de 2014

Más de cincuenta organizaciones de la sociedad civil en el ámbito nacional plantean cambios al anteproyecto del Código Procesal Penal (acpp) presentado por el Ministerio de Justicia. Estas consideraciones colectivas ya fueron presentadas a la Comisión de Justicia Plural de la Cámara Baja, informó la presidenta de la Red Participación y Justicia (rpj), Lic. Verónika Sandi.

Recordemos que el actual Código de Procedimiento Penal cuenta con 442 artículos, mientras el anteproyecto Procesal Penal  presentado por el Ministerio de Justicia tiene 485.  El trabajo efectuado por la rpj observa que el anteproyecto presentado por el Ministerio de Justicia presenta modificaciones a 138 artículos del actual Código de Procedimiento Penal, mientras 289 de los mismos se mantienen iguales y se eliminan 15, es decir que el 65 por ciento de los artículos de la norma actual siguen sin modificaciones.

Una de las primordiales consideraciones, dijo Sandy,  está en el artículo nueve del anteproyecto, donde se establece que todo imputado tendrá derecho a la asistencia y defensa técnica de un abogado de oficio, desde el primer acto del proceso hasta el final de la ejecución de la sentencia. Al respecto, la sociedad civil considera que también se considere a la víctima; así ambos recibirían asistencia legal cuando estos no dispongan de los recursos suficientes.

Otras sugerencias

Otro es el artículo 20 sobre los delitos de Acción Pública a Instancia de Parte planteado en el acpp, cuando señala que son delitos de acción pública a instancia de parte el abandono de familia, incumplimiento de deberes de asistencia, abandono de mujer embarazada, abuso deshonesto, estupro, corrupción de mayores y hurto,  pero se suprimen los de violación y acoso político.

La presidenta de la rpj puntualizó que no se debería eliminar en este artículo el delito de violación,  ya que por las características de este tipo de infracciones y su variedad en muchos casos  sería indispensable la acción a instancia de la parte. También sugiere mantener el delito de violencia y acoso político, tal como está en el actual Código de Procedimiento Penal.

En el acpp (artículo 28, Conciliación), las partes en conflicto, sea la víctima o el imputado, en cualquier etapa del proceso hasta antes de la ejecutoria de sentencia, podrán promover la conciliación y será presentada por el fiscal ante el juez de instrucción, quién en caso de aprobar el acta en los procesos permitidos por ley, extinguirá la acción penal, siempre que no exista un interés público gravemente comprometido.

Sandi aseveró que esta incorporación es necesaria, porque posibilitará realizar la misma en cualquier etapa del proceso y no sólo a la conclusión de la etapa preparatoria,  como en el actual código. Sin embargo reflexionó, que la conciliación debe ser posible siempre promoviendo la reparación integral del daño a la víctima, buscando siempre dar protección mayor a la víctima y no al delincuente.

Los motivos de la extinción (artículo 32 acpp). La rpj plantea que la eliminación de la causa en la extinción penal por la duración máxima  del proceso no sería adecuada, pero sí mantener la causal como en el actual Código de Procedimiento Penal. Eliminarla provocaría la incorporación de la determinación que los procesos tendrán una duración razonable y esto generará mayores niveles de retardación de justicia.

Jueces de sentencia, jueces ciudadanos y función de secretarios

Artículo 59 del acpp. Jueces Sentencia. Inciso 3.  Los jueces de sentencia son competentes para conocer la sustanciación y resolución de juicios por delitos de acción pública, sancionados con la confirmación o negación de la pena privativa de libertad máxima hasta de doce (12) años. En caso de concurso de delitos se considerará el de mayor gravedad.

Este cambio no corresponde y debería mantenerse como hasta hoy, cuando estos delitos son vistos por los Tribunales de Sentencia Penal, donde actúan los jueces ciudadanos quienes le dan una mayor transparencia e independencia al sistema, mas aún se estaría pretendiendo que todos los delitos de corrupción establecidos en la Ley Marcelo Quiroga santa Cruz, no sean vistos por estos Tribunales y pasen a competencia de los jueces unipersonales de sentencia, por lo que esto sólo debería ser hasta penas máximas de 4 años y no de 12 años como se pretende en el anteproyecto, comentó Sandi.

Requisitos para los jueces ciudadanos. El artículo 63 del acpp plantea ser mayor de 21 años.

Las observaciones de la rpj señalan que no existe soporte en el acpp sobre esta propuesta de cambio, probablemente porque antes la mayoría de edad era 21 años y ahora de 18 años. Esta organización civil plantea que en ese mismo parámetro debería bajarse la edad para imputabilidad entre 16 a 14 años, pero no se lo hizo. Consideran que una persona de 21 años no ha desarrollado las capacidades necesarias para el juzgamiento a una persona, por lo cual se debería mantenerse la edad de 25 años.

La función de los secretarios, artículo 62 del acpp. Entre muchas atribuciones tendrán el deber de informar periódicamente al juez o tribunal respecto al tiempo de permanencia del imputado detenido preventivamente, así como de los condenados bajo responsabilidad.

Para la rpj es un  punto favorable del anteproyecto porque con esta disposición se incrementa las responsabilidades de estos funcionarios para reducir los casos en tiempo de permanencia del imputado o detenido preventivamente, así como de los condenados bajo responsabilidad del empleado judicial.

Sorteo de los jueces ciudadanos. El acpp en su artículo 67 señala  la audiencia del juicio y quince (15) días antes de su realización, el presidente del tribunal procederá al sorteo, en sesión pública y previa notificación de las partes, de ocho (8) ciudadanos con el objeto de integrar el tribunal. La falta de notificación a los ciudadanos sorteados será sancionada como falta gravísima al servidor público de apoyo judicial responsable.

La Red considera no necesario bajar el número de ciudadanos y mantenerse los 12 que dispone la actual norma a fin de tener mayores opciones para integrar los distintos tribunales. Sin embargo  el cambio propuesto en el numeral cuatro es adecuado, porque  determina que los designados en la primera audiencia ya serán parte del Tribunal y no se repetirá el proceso para todos como actualmente, sino únicamente para los faltantes o los necesarios para conformar el tribunal.

Asimismo plantea que en caso de no constituirse tribunal, el proceso se repetirá en el mismo hasta su constitución y no pasará a otro, evitando mayor retardación.

Remuneración, duración de la etapa preparatoria e incautación en delitos de corrupción

Artículo 72 del acpp (Remuneración y reconocimiento). La función de juez ciudadano será remunerada con el presupuesto del Órgano Judicial, cuando se trate de empleados públicos o privados mediante declaratoria en comisión con goce de haberes de carácter obligatorio para el empleador, y en caso de trabajadores independientes el Estado asignará en su favor una remuneración diaria equivalente al cincuenta por ciento (50%) del haber diario que percibe un juez técnico.

En ese caso,  Sandi dijo que la rpj propone el incremento de estos pagos con presupuesto y a través del propio Órgano Judicial. Además sugieren eliminar el parágrafo donde se puntualiza que la cancelación a los que trabajan en las empresas públicas y privadas será a través de la declaratoria en comisión con goce de haberes. Esta propuesta no debería ser tan general,  porque una pequeña o mediana empresa generalmente no cuenta con los recursos por atender estas demandas.

Sobre el control de la duración de la etapa preparatoria, el artículo 141 del anteproyecto del Código Procesal presentado por el Ministerio de Justicia dice: La etapa preparatoria tiene una duración de tres meses, ampliable a seis por razones fundadas y computables a partir de la notificación con la imputación formal. Cuando la investigación sea compleja y se encuentren comprometidas la seguridad interna o externa del Estado, se trate de casos complejos, el fiscal podrá solicitar al juez de instrucción la ampliación de la etapa preparatoria hasta un plazo máximo de doce meses.

Este planteamiento es considerado contradictorio por la rpj, porque además se reduce en la etapa que se requiere un mayor tiempo, por lo que no ameritaría la reducción sugerida, sino dar cumplimiento de los plazos fijados por el actual código.

El Artículo 271 del acpp. Trámite de incautación en delitos de corrupción. En el caso de delitos de corrupción que causen grave daño al Estado, desde el inicio de las investigaciones y previo requerimiento fiscal a la autoridad jurisdiccional competente y en un plazo de cinco (5) días, se procederá a la incautación de los bienes y activos con inventario y presencia de un Notario de Fe Pública (…). En este aspecto, la rpj considera que es una vulneración a la presunción de inocencia; ya que desde la investigación y ante la sola presunción se procede a la incautación, lo cual sería excesivo y peligroso, por lo que plantean se elimine este nuevo artículo propuesto.

Documentos de investigación, señalamiento de audiencias y desarrollo de datos estadísticos

En el artículo 297del anteproyecto referido a los documentos de la investigación, se determina que las actuaciones del fiscal y los documentos obtenidos se acumularán en un cuaderno de investigación, siguiendo criterios de orden y utilidad solamente.

Quedan prohibidas la extensión de informes o certificaciones sobre aspectos contenidos en el cuaderno.

Según expresó la delegada, esta modificación final que determina la prohibición de emitir informes o certificaciones claramente violenta la transparencia y vulnera el derecho al acceso a la información,  ya que es una prohibición general excesiva, por lo que plantean que la misma sea eliminada.

Señalamiento de la audiencia. Artículo 364 del acpp. El juez en el auto de apertura a juicio señalará día y hora de su celebración la que se realizará dentro de los veinte (20) a cuarenta y cinco (45) días siguientes. Este plazo se podrá ampliar por un tiempo igual cuando en la audiencia ordinaria o extraordinaria no se hubiera podido constituir tribunal.

En cuanto a este artículo, Verónika Sandi puntualizó que lo consideran no adecuado, ya que en lugar de ayudar a reducir y agilizar los tiempos de tramitación de los procesos, los estarían  ampliando,  por lo que sugieren que se debería mantener el artículo 343 tal como está en el actual cpp.

Otro aspecto preponderante para los ciudadanos, dijo luego, es que en lugar de los tres jueces ciudadanos sean dos jueces ciudadanos y un juez técnico, pero que se mantenga los tribunales con participación de la ciudadanía, ya que esto genera una mayor posibilidad de independencia del sistema.

En la Disposición Adicional Cuarta, referida al desarrollo de datos estadísticos, propuesta por el Ministerio en el acpp, el Consejo de la Magistratura, Tribunal Supremo de Justicia, Fiscalía General del Estado, Policía Boliviana y el Ministerio de Justicia de manera coordinada generarán un sistema de base de datos para el desarrollo de estadísticas e información en materia penal para el monitoreo y aplicación del presente Código, a cargo del Ministerio de Justicia.

Para  la rpj, si bien esto es importante,  no debe estar a cargo del Ministerio de Justicia sino del Consejo de la Magistratura, en el marco de sus atribuciones y con el fin precautelar el respeto a la independencia de poderes que debe existir.

La Red Participación y Justicia presentó a la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional las consideraciones recogidas entre organizaciones de la sociedad civil, con relación a las reformas al actual Código de Procedimiento Penal, con el objetivo de aportar a la transformación de la administración de justicia boliviana mediante la adecuación de normas legales, pero respetando la independencia y transparencia del sistema de justicia.

El objetivo de nuestra organización, conformada por el conjunto de instituciones que manifiestan y defienden los derechos sociales, políticos e individuales, es propiciar iniciativas ciudadanas que proponen valores, demandas y ejercen además una función del cumplimiento de todos aquellos derechos otorgados por la cpe, acotó Sandi.

Las transformaciones estructurales que se vienen dando en el país con la implementación de nuevas normativas jurídicas no sólo implican cambios en el aparato del Estado sino que generan modificaciones cualitativas, donde lo que se redefine es la relación del Estado con la sociedad civil, que implicaría cómo este incorpora a los ciudadanos en el proceso de formulación y gestión de las políticas públicas.

Presidenta de la Red de Participación y Justicia.

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