La Gaceta Jurídica

Sociedad civil apuntalará la institucionalidad del sistema judicial

La sociedad civil, con el apoyo de la Unión Europea (UE), promoverá mecanismos que mejoren la institucionalidad del sistema judicial en Bolivia. El proceso se desarrollaría desde la plataforma participativa de la propia ciudadanía, coordinadamente con las autoridades, operadores de justicia y Ministerio Público del Estado.

Los funcionarios judiciales serán actores del programa de monitoreo y fortalecimiento.

Los funcionarios judiciales serán actores del programa de monitoreo y fortalecimiento. Foto: oas.org.

La Gaceta Jurídica / Raúl Morales Romero

00:00 / 26 de marzo de 2013

El presidente de la Red Participación y Justicia (rpj), Jaime Álvarez, anunció que la Unión Europea (ue) apoyará la ejecución del proyecto “Monitoreo Social y Fortalecimiento a la Institucionalidad del Sistema de Justicia en Bolivia”, propuesto por la sociedad civil y ejecutado en  coordinación entre autoridades y operadores de justicia asentados en los nueve departamentos.

La iniciativa de la sociedad civil del país, presentada ante la ue, constituiría el camino más adecuado para ayudar a mejorar la credibilidad del sistema de justicia nacional, garantizando la  adminis- tración de una justicia imparcial, independiente, eficaz y transparente.

Álvarez afirmó que el país no cuenta con un sistema judicial abierto al ciudadano, confiable, eficiente y transparente, por lo tanto, se requiere que las nuevas normas legales vigentes sean consideradas una garantía para los derechos de los ciudadanos.

Los actores

El proyecto apoyado por la ue será ejecutado por la sociedad civil e involucraría a los operadores de justicia, autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (tsj), tribunales departamentales de justicia y funcio- narios judiciales, Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp), autoridades del Consejo de la Magistratura y Ministerio Público. 

Los trabajos estarán dirigidos ayudar al fortalecimiento de la justicia en general y beneficiarán a usuarios del sistema o litigantes,  población o ciudadanía en general, acotó el representante de la rpj.

“Uno de los problemas que más afecta a la sociedad y democracia nacional tiene que ver con la necesidad fortalecer la seguridad jurídica y la justicia que tutele los derechos de todos los ciudadanos bolivianos, para que la igualdad de la ley llegue a todos”, afirmó Álvarez.

Acciones coordinadas

La acción propuesta por la rpj formará parte de un programa conjunto desarrollado con otras entidades internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo aecid en Bolivia, que buscan  aportar y promover la institucionalidad del sistema de justicia en el país, consolidando y afianzando el funcionamiento de las nuevas instituciones judiciales establecidas en el marco de la nueva Constitución Política del Estado (cpe).

El coordinador nacional del proyecto, Silvestre Vidaurre, anunció desde Sucre que se realizaron reuniones de acercamiento y coordinación con distintas autoridades del sistema de justicia, como el Presidente del tcp, Presidente del tsj, el Consejo de la Magistratura y el Fiscal General; según el informe, estas autoridades habrían expresado total apertura para desarrollar las acciones.

Para la rpj esto constituyó un aspecto positivo, porque viabilizara un trabajo coordinado que pueda generar incidencia efectiva desde la sociedad para fortalecer la independencia y transparencia en el funcionamiento del sistema de justicia; pero desde una visión constructiva y propositiva.

Vidaurre reveló algunas acciones del proyecto, como el monitoreo a la designación de autoridades jurisdiccionales, los fiscales mediante veedurías ciudadanas que permitan valorar la forma en que estas autoridades fueron designadas y el nivel de cumplimiento normativo de dichos procesos. Por otro lado, el análisis y monitoreo a las resoluciones constitucionales emitidas en el último periodo identificarán el grado de cumplimiento normativo y procedimental en el marco de la supremacía de la Constitución.

Asimismo, se harán análisis y se observará cómo están resolviendo los jueces los procesos o casos sometidos a su autoridad y, en función de ello, se establecerá el nivel de calidad de sus resoluciones y la uniformidad de criterios en la fundamentación de sus decisiones jurisdiccionales y, “finalmente, realizaremos procesos de veeduría ciudadana al funcionamiento y desempeño de los tribunales de sentencia penal y juzgados cautelares”, declaró el coordinador.

Todo será “conforme a los alcances y ámbitos de la acción prevista, destinada a establecer el cumplimiento de plazos de la etapa preliminar del proceso, tipo de medidas cautelares aplicadas, tiempo de duración del proceso, aplicación de la extinción de la acción penal en sus distintas etapas, cumplimiento de plazos y tiempos empleados en la fase de juicio”, agregó.

Según corresponda por cada tipo de unidad jurisdiccional y proceso, se buscará establecer en función al cumplimiento y respeto normativo los niveles de independencia de las autoridades del sistema de justicia hasta las unidades jurisdiccionales en el campo penal. Además, afirmó que estas acciones desde la red se ejecutarán a través de procesos de auditoría social desde la plataforma de organizaciones de la sociedad civil, constituida en todo el territorio boliviano.

Sistema de monitoreo social

Para Vidaurre, la calidad del servicio de justicia no depende solamente de la calidad y la adecuación de las normas sustantivas a aplicarse, sino del diseño, estructura, organización y gestión del sistema de justicia.

En este sentido, se llevará a cabo acciones de monitoreo al desempeño de las nuevas autoridades jurisdiccionales, proceso que establecerá el cumplimiento normativo de estas autoridades en el ejercicio de sus funciones.

Argumentó que este proceso permitiría la implementación de un sistema de transparencia en la administración de justicia y mejoraría la capacidad de gestión de los jueces y tribunales para impartir una justicia imparcial, eficaz y transparente que fortalecerá la credibilidad del Órgano Judicial.

La Ley 025 del Órgano Judicial recoge los preceptos constitucionales y establece la publicidad y la transparencia como principios fundamentales de la Jurisdicción Ordinaria y determina el régimen del control social para todos los niveles del Estado, garantizando el acceso a la información judicial a todo nivel y promueve políticas de apertura y monitoreo ciudadano;

“La transparencia y publicación de resoluciones judiciales es un avance importante pero no suficiente, por lo que se requiere contribuir desde la sociedad a desarrollar el análisis jurisdiccional como un medio para el ejercicio de la predictibilidad de los juicios en el Órgano Judicial”, sugirió el funcionario.

Es periodista.

Más información

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1
2 3 4 5 6 7 8
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia