La Gaceta Jurídica

Software libre

…el uso y certificación de la “firma digital” se establece como una manera de reducir la burocracia y las demoras en los trámites de diversa índole, ya que éstos serán efectuados a través de la red de internet y de sus amplias posibilidades. Sin duda, el empeño es notable y, al estar reglamentado, deberá ser activado...

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 15 de noviembre de 2013

Esta semana fue aprobado el Decreto Supremo 1793, reglamentario de la Ley de Telecomunicaciones, que prevé que en el plazo de siete años los sistemas de entidades públicas deben migrar a procedimientos con “software libre” y estándares abiertos, lo que, indiscutiblemente, significará un gran avance para los métodos de trabajo y trámites en las instituciones e instancias del fisco, pues es de esperar que hasta que se cumpla ese periodo “todo el sistema público del Estado Plurinacional, de los cuatro órganos, pueda haberse incorporado, ser usuario y parte de un país que entra a la era de la tecnología, información y comunicación”, según dijo durante la presentación de la norma la ministra de Planificación, Viviana Caro.

Pero, la parte fundamental del tema es explicado por el concepto de “software libre”, que en muchos escenarios del mundo ha sido considerado un derecho humano moderno, pues se trata del respeto a la libertad que deben tener los usuarios y las comunidades sobre programas de computación que pueden utilizar, ejecutar, copiar, estudiar, modificar y redistribuir de manera libre, incluso con modificaciones.

Al respecto, el activismo mundial sobre el “software libre” señala que con esas libertades buscadas los usuarios individuales o colectivos controlan el programa computacional y lo que hace, porque si estas personas “no controlan el programa, el programa las controla. El programador controla el programa y, a través del programa, controla a los usuarios. Un programa que no es libre, llamado ‘privativo’, es un instrumento de poder injusto”. Asimismo, los luchadores que buscan que se extienda este tipo de intercambio y de utilización de sistemas en los ordenadores, señalan que el “software libre” no es un tema de precio, sino de libertad propiamente dicha, como son la libertad de expresión o de información.

De ese modo, en el activismo internacional se ha desarrollado cuatro libertades esenciales, que son la libertad de ejecutar el programa para cualquier propósito (de beneficio humano); libertad de estudiar cómo funciona el programa y cambiarlo de acuerdo a lo que se busque, para lo cual se debe tener también acceso libre al código fuente; libertad de redistribuir copias para ayudar al prójimo y libertad de distribuir copias de versiones modificadas a terceros, así toda la comunidad puede beneficiarse con esos programas.

La conceptualización de las libertades en el “software libre” señala que los beneficios son grandes para las comunidades de estudiantes, trabajadores, investigadores o cualquiera que sea conformada por las personas al desarrollar sus actividades. Más aún si el Estado respalda esa utilización de sistemas libres en las funciones que cumplan los subalternos, autoridades, personal de toda índole y personas particulares.

Así, de retorno al mencionado decreto, el artículo 77 establece la promoción y prioridad de la utilización del “software libre”, lo que implicará el uso y certificación de la “firma digital”, que se establece como una manera de reducir la burocracia y las demoras en los trámites de diversa índole, ya que éstos serán efectuados a través de la red de internet y de sus amplias posibilidades. Sin duda, el empeño es notable y, al estar reglamentado, deberá ser activado hasta completarlo de manera paulatina.

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