La Gaceta Jurídica

Suspensión de Leyes y Decretos

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Paláez G.

00:00 / 18 de mayo de 2012

En los últimos meses, se han presentado algunos hechos que, a su vez, han dado lugar a la “aparición” de algunas figuras realmente inéditas desde el punto de vista jurídico.

Comencemos refiriéndonos al caso de las leyes 180 y 222, en referencia al bullado caso del Tipnis. Con la dictación de la primera de aquellas se dispuso la intangibilidad del respectivo territorio y, por tanto, que no se construiría la anunciada carretera por el centro del mismo territorio.

Poco después se sanciona y promulga otra norma disponiendo que para cumplir preceptos constitucionales será necesario efectuar una consulta, se justificó la misma, destacando que aquella seguía siendo “previa” porque aún no se había construido propiamente ninguna carretera.

Algún parlamentario afirmó, en referencia a la colisión de leyes que se había producido, que la misma no era tal porque la Ley N° 222, “automáticamente”, estaba derogando a la N° 180.

Nunca hemos sabido que exista la figura de la “derogación automática” de leyes y, finalmente, de ninguna norma de cualquier jerarquía que ésta tuviese.

Por lo tanto, hasta hoy se sigue manteniendo la duda sobre cuál de esas dos leyes podría al menos contar con una aplicación preferente. Pero no hay respuesta cierta y adecuada. En realidad ambas tienen plena vigencia, porque, además, al dictarse la N° 222 a nadie se le ocurrió añadir un artículo que en forma expresa destaque siquiera la derogatoria, menos la abrogación del texto completo de la Ley 180.

Al margen de todo aquello, entendemos que ambas leyes resultan ser inconstitucionales, porque ninguna cumple los preceptos constitucionales existentes en torno a la consulta PREVIA que destaca el artículo 30 (numeral 15) de la Constitución Política del Estado (cpe). Aun en este caso, también valga la pena hacer notar que así sean varios asambleístas o autoridades que afirmen y pongan énfasis en ese detalle, que no es menor de la inconstitucionalidad de ambas leyes, tales afirmaciones sirven de muy poco en el plano estrictamente jurídico.

Lo decimos por el principio fundamental de la “presunción de constitucionalidad” que consagra el artículo 5 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, del 6 de julio del 2010, que sólo vuelve a reiterar el mismo principio consagrado desde la vigencia del Tribunal mencionado.

Lo que digan los demás sobre la inconstitucional de cualquier norma constituye una opinión que puede ser muy respetable, pero que no tiene ningún valor jurídico hasta que no exista un determinado pronunciamiento en concreto de parte del propio Tribunal Constitucional, se supone que al término del respectivo proceso instaurado ante el mismo. El otro tema, más reciente que el que acabamos de analizar, es el relativo a dejar en suspenso un Decreto Supremo.

En efecto, el Órgano Ejecutivo, o más propiamente el Presidente del Estado, tiene la atribución de dictar decretos supremos (artículo 172, numeral 8 de la cpe).

En la práctica, se sabe que la mencionada competencia corresponde al Gabinete, cuyos integrantes, junto con el primer mandatario, firman el texto del Decreto para que el mismo tenga validez y, obviamente, ejecución práctica.

Pero he aquí que, en forma por demás sorpresiva, el Decreto N° 1126 acaba originando una tenaz oposición de los sectores de salud pública del país, oposición a la que se acaban sumando la Universidad Boliviana y la propia Central Obrera del país.

La exigencia de aquellos sectores se concreta, finalmente, en el pedido o la exigencia de la abrogatoria del Decreto Supremo N° 1126.

En razón de los graves alcances del conflicto y cuando éste acaba por rebasar el mes de duración, también sorpresivamente, es el propio Presidente de Estado que dirige un mensaje a la nación, anunciando la decisión que él acaba de adoptar y que significa la “suspensión” del mencionado Decreto Supremo N° 1126.

Las partes que lideran el conflicto, rechazan esa posibilidad, destacando que mantienen su exigencia de abrogatoria de la normativa y que la suspensión de ninguna manera es un equivalente.

El propio Vicepresidente del Estado aparece después en una conferencia de prensa tratando de explicar los alcances de la “suspensión” y destaca que ésta última implicaba decir que el Decreto queda sin aplicación. Ninguno de esos argumentos acaba de explicar lo que resulta inexplicable desde el punto de vista estrictamente jurídico.

En efecto, destaquemos inicialmente que la figura de la SUSPENSIÓN de un Decreto Supremo o pudiera ser también de una Ley, NO EXISTE en nuestro ordenamiento jurídico. Si la intención era dejar sin efecto la validez o la aplicación de ese Decreto, pues sólo se debería hacerlo dictando otro (lo que no había sucedido hasta el momento de la redacción del presente trabajo).

Un otro detalle. Acabamos de afirmar que en la práctica la competencia para dictar decretos supremos la ejerce el Gabinete en pleno y, por lo tanto, no es tan sólo el Presidente del Estado. Consiguientemente, éste en forma unipersonal y de motu-proprio (por propia voluntad) tampoco tiene competencia para ninguna decisión que tenga que ver con la aplicación futura de un Decreto y menos para, también en forma personal, disponer la suspensión del mismo. Lo que se pretende dejar sin efecto se deroga o se abroga. No existe ninguna otra figura jurídica.

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