La Gaceta Jurídica

Suspensión de jueces a sola imputación formal es inconstitucional

Fallo del TCP

Los fallos del TCP tienen carácter inapelable.

Los fallos del TCP tienen carácter inapelable. Foto: Archivo La Razón

La Gaceta Jurídica / ABI/Redacción

00:00 / 14 de mayo de 2013

La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp) declaró inconstitucional la suspensión de jueces a sola imputación formal. “Esto determina que ningún vocal, ninguna autoridad judicial va poder ser suspendida con una imputación formal”, precisó el presidente del tcp Ruddy Flores.

La Sentencia Constitucional declara inconstitucionales los artículos 183,1 y 4 de la Ley del Órgano Judicial y la última parte del artículo 392 del Código de Procedimiento Penal.

Sobre la decisión, la ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, rechazó el fallo porque dejará en la impunidad a muchos jueces y juezas que han sido ya imputados por el Ministerio Público.

La autoridad argumentó que en la demanda se alega que la suspensión de autoridades en mérito a una imputación formal conlleva el desconocimiento de la garantía de presunción de inocencia. “Se ha entendido que esa imputación formal, aplicada como una medida para la suspensión de jueces, vulnera una serie de garantías constitucionales y a partir de eso no es aplicable más la suspensión de jueces con imputación formal”, añadió.

“Respeto el fallo del Tribunal Constitucional, como todos las bolivianos y bolivianas debemos respetar los fallos; sin embargo, debo manifestar mi completo rechazo al mismo, porque esto va a dejar en la impunidad a muchos jueces y juezas que han sido ya imputados por el Ministerio Público”, expresó la ministra. Informó que 50 jueces solicitaron al Consejo de la Magistratura su reincorporación.

El presidente del tcp, Ruddy Flores, explicó que el fallo se debe a que “se ha entendido que esa imputación formal, aplicada como una medida para la suspensión de jueces, vulnera una serie de garantías constitucionales y a partir de eso no es aplicable más la suspensión de jueces con imputación formal”, añadió.

Asimismo, argumentó que la demanda de inconstitucionalidad alega que la suspensión de autoridades sólo por una imputación formal atenta a la garantía de presunción de inocencia. No obstante, Suxo lamentó esa determinación y denunció que “por ser colegas los mismos que procesan las denuncias contra jueces y vocales estos no hayan avanzado y, por supuesto, eso dejará en la impunidad a varios jueces y juezas que cometieron o están denunciadas por hechos de corrupción”, remarcó.

El Control Disciplinario del Consejo de la Magistratura destituyó a cinco jueces y suspendió a otros 60 en todo el país por denuncias de corrupción y retardación de justicia, según informe de la titular de esa instancia judicial, Cristina Mamani.

“El Consejo de la Magistratura no protegerá ni encubrirá a jueces y vocales implicados en corrupción y la retardación de justicia y por eso se procedió con la destitución y suspensión de jueces”, advirtió la magistrada y reveló que hasta el momento hay al menos 2.000 denuncias que están analizando “detenidamente los jueces disciplinarios”, para establecer si tienen o no fundamento y si son causal para una sanción.

Por estos motivos se exhortó a la población a denunciar con fundamento sólido sobre jueces corruptos y no permitir los actos en ese sentido. “El litigante tiene la culpa de la corrupción porque ofrece y da dinero y (por) eso llamamos a la cordura a la gente, a los abogados, a los tramitadores, que no levanten el nombre del juez porque a su nombre algunos cobran y posiblemente ese dinero no llega al juez”, explicó.

Recordó que la administración de justicia es gratuita, como establece la Constitución Política del Estado y las normas legales en vigencia y advirtió que ahora los jueces están sometidos a “varias vigilancias”, entre ellas, del Consejo de la Magistratura a través de sus jueces disciplinarios; de la Unidad de Transparencia, Control y Fiscalización para los jueces jurisdiccionales, y de la unidad sumariante para el personal administrativo.

Para Mamani, con esas acciones el Consejo de la Magistratura y el Control Disciplinario están dando respuestas y resultados en la lucha contra la retardación de justicia y la corrupción, para mejorar el servicio a la sociedad. Afirmó que “hoy hay esos mecanismos de control y la población no tiene que fomentar la corrupción que tanto daño hace a los bolivianos y mucho más al Órgano Judicial que busca resolver la desconfianza que hay en la sociedad”.

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