La Gaceta Jurídica

Suspensión de vocales en el Tribunal Electoral de Chuquisaca

Realidades jurídicas

Gabriel Peláez G.

00:00 / 01 de noviembre de 2015

La reciente medida de suspensión de la totalidad de los vocales del Tribunal Departa- mental Electoral de Chuqui- saca tendría que ser calificada, al me- nos, de singular por varias de sus ca- racterísticas.

Recordemos que la denuncia se originó en la forma de actuar que tuvo aquel tribunal durante las últimas elecciones subnacionales (para Gobernación) en el Departamento de Chuquisaca. La decisión de aquella fue definitiva respecto del resultado final en ese departamento y acabó consagrando la reelección del candidato del partido oficialista.

Un primer aspecto que resulta, por tanto, del fallo del Tribunal Supremo Electoral (tse) es que la respectiva resolución llega bastante tarde. O sea, cuando aquella victoria estuvo difundida y el Gobernador reelecto y posesionado.

Pero existen otros aspectos que merecen algunos comentarios.

La Ley Modificatoria del Código Electoral señala en su artículo 25 la competencia del órgano nacional en la materia para suspender y destituir a vocales de los órganos electorales departamentales, por las “causales que se establecen en el presente Código, PREVIO PROCESO SUSTANCIADO CONFORME AL PRESENTE CUERPO LEGAL...”

Se trata, por lo tanto, de la apertura de un proceso “disciplinario” por faltas graves y gravísimas, como detalla la resolución respectiva. De este modo, aún no se ha llegado, como algunas voces lo estuvieron indicando, a un proceso penal por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, lo que hubiese motivado ya una primera intervención del Ministerio Público.

No obstante lo aclarado, se trata sin duda de una situación grave y seria, porque, además, acaba abarcando a la totalidad de los vocales de un Tribunal Departamental Electoral, como es el de Chuquisaca.

El Tribunal Supremo Electoral, bajo el argumento de que la suspensión se refería a todos los vocales del Tribunal Departamental, decidió no sustituir a los titulares suspendidos con los suplentes, que era la medida más lógica.

Por el contrario, resolvió más bien “asumir” las funciones de la Corte de Chuquisaca, como si se tratara de una suplencia temporal de una Corte que es diferente, por más que se trate de un órgano jerárquicamente superior.

La normativa vigente sobre el tema dice (artículo 11 de la Ley de 6 de junio de 2010): “El Tribunal Supremo Elec- toral es el máximo nivel y autoridad del Órgano Electoral Plurinacional, con jurisdicción y competencia en todo el territorio del Estado Plurinacional...” El artículo 31 de esa misma ley habla de los tribunales departamentales electorales como máximo nivel y autoridad del Órgano Electoral a nivel departamental. Se trata, por ende, de elementos de jurisdicción y competencia (el territorio) distintos, que no pueden resultar confundidos.

El Tribunal Supremo Electoral acaba de asumir, consecuentemente, competencias que no le corresponden.

Tan es así que son dos artículos diferentes los que se refieren al tema de las atribuciones (el artículo 23 señala a las que corresponden al Tribunal Supremo Electoral Plurinacional y el artículo 38 a las de los tribunales electorales departamentales.

También se ha especulado sobre cuáles serían las consecuencias en el plano estrictamente electoral, es decir  en que si el proceso disciplinario o, más aún, si éste derivara en uno penal y hubieran fallos condenatorios contra los vocales enjuiciados.

Desde una perspectiva de carácter general, la normativa en vigencia nos habla del principio de preclusión (terminada una etapa no es posible volver a la misma) o de que no es posible modificar los resultados definitivos aprobados por el Tribunal Supremo Electoral. Esto supondría que la reelección de Gobernador y la elección de asambleístas departamentales por Chuquisaca son inamovibles.

Nos preguntamos, sin embargo, ¿qué tendría que ocurrir si se ha comprobado en el respectivo proceso que de la irregularidad cometida por aquellos vocales de la Corte nació, precisamente, no solo el proceso correspondiente, sino que de esa actitud irregular y, en su caso, delictiva se comprueba que acabó siendo alterado el resultado mismo de una elección? O sea, ¿si se comprueba que aquel resultado final fue alterado como se ha denunciado en este caso y se trastocó el cómputo para favorecer las pretensiones de un determinado candidato?

No olvidemos, además, que si finalmente se tratara de un proceso disciplinario que acaba convertido en un proceso penal, podría concluir con la pena respectiva que sería un determinado número de años de cárcel.

¿No resultaría, entonces, contradictorio que se mantenga a autoridades electas (comprobadamente) en forma fraudulenta, mientras los responsables de la falta o el delito con esa su actuación han acabado con actuaciones que, finalmente, no han cambiado lo principal que es el resultado de la elección?

¿Cómo el ciudadano que está viendo cómo se ha burlado su intención de voto y no se ha respetado su voluntad va a acabar resignándose a este panorama?, ¿se le va a explicar a cada ciudadano que se aguante porque existe un principio de “preclusión” y que, pase lo que pase (haya sido incluso un fraude), tiene que mantenerse un resultado comprobadamente doloso?

Pensamos que, en base a las mu- chas experiencias que hemos tenido, lamentablemente, en nuestro país, la normativa actual debe ser cambiada.

Lo último muy de paso. La suspensión de los vocales para abrirles proceso viene acompañada de algo que ellos están agradeciendo todos los días, ES CON GOCE DE HABERES, es decir, esto se parece más a una vacación no solicitada que a una suspensión.

Es abogado, analista de la constitucionalidad y ensayista de temas jurídicos.

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