La Gaceta Jurídica

Temas procesales y sustanciales para una demanda judicial

El anuncio presidencial de recurrir a la Corte Internacional de Justicia (cij) de La Haya para plantear una demanda referida al reclamo boliviano a obtener una salida soberana al Océano Pacífico contra el Estado chileno, constituye un punto de quiebre en las relaciones entre ambos Estados, pero también un hito para Bolivia en el sentido del empleo de un medio judicial de resolución de controversias internacionales.

La Gaceta Jurídica / Luis G. Inarra Z.

00:00 / 02 de abril de 2013

En el Idei este tema ha merecido estudio y análisis jurídico, y se formularon varias hipótesis y tesis siempre con una sustancia académica relacionada al Derecho Internacional y la importancia que éste tiene para este problema, más ahora por esa decisión gubernamental.

Es también claro que se desconoce el contenido de la demanda judicial, sin embargo, es posible avizorar algunos tópicos que será necesario dilucidar en torno al contenido de la misma, pero también a los aspectos procesales que forman parte de este tipo de recursos judiciales.

Cuestiones procesales

Optamos por diferenciar aspectos procesales y sustantivos de la aún futura controversia, siendo necesario comenzar por los primeros con la siguiente interrogante: ¿la cij es competente para conocer y resolver una probable demanda planteada por Bolivia contra Chile?; la respuesta pasa por un análisis lógico-jurídico (normativo) para determinar si la cij es competente para conocer una demanda sobre la controversia limítrofe de ambos Estados y, si así fuera, se debe estudiar el procedimiento que debe seguir el proceso por medio del Estatuto de la cij.

En ese sentido, según el artículo 34 de ese Estatuto, los Estados pueden ser parte en los asuntos contenciosos planteados a la Corte Internacional de Justicia. En ello, la competencia de la Corte está limitada a los asuntos que las partes le sometan. Cada parte debe cumplir las obligaciones que le incumban como consecuencia del juicio tramitado en la Corte; el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede ser invitado a “hacer recomendaciones o decidir sobre medidas” si así lo estimara pertinente la Corte.

Debe entenderse que los Estados, con el sólo hecho de haber aceptado (ratificado) la Carta de Naciones Unidas (como es el caso de Bolivia y Chile) pasaron a ser parte de la cij, de esa forma la competencia de la Corte queda habilitada para conocer un asunto que cualquier Estado le plantee.

Cabe preguntarse, para que la cij conozca y considere el fondo de la demanda judicial contra Chile, ¿éste último deberá aceptar la jurisdicción de este tribunal?; así pues, para que la cij pueda conocer un asunto es necesario que los Estados implicados consideren pasar a ser partes en actuaciones ante la Corte (principio del consentimiento de las partes). Esto rige el arreglo de las controversias internacionales ya que los Estados son soberanos y tienen libertad para escoger los medios por los cuales resolver sus conflictos.

Los Estados pueden manifestar su consentimiento de tres formas: a) por acuerdo especial, que se da cuando dos o más Estados voluntariamente convienen en recurrir a la cij para resolver su conflicto; b) por cláusula en un tratado, donde ambos quedan obligados en recurrir a esta instancia cuando exista controversia acerca del contenido, aplicación o interpretación del tratado, y c) por declaración unilateral, en el que los Estados optan por hacer una declaración unilateral en el que reconozcan la jurisdicción de la cij como obligatoria en relación con cualquier otro Estado que acepte la misma obligación.

Este último nos interesa y constituye la “cláusula facultativa” que ha permitido que un grupo de Estados ha otorgado recíprocamente jurisdicción a la Corte para decidir las controversias que puedan surgir entre ellos en el futuro. Esto quiere decir que los Estados del grupo pueden cada uno de ellos demandar a uno o más estados del grupo ante la Corte.

Como Bolivia aún no ha recurrido a la cij no está comprendida en el grupo de Estados que recurrieron a esta instancia y litigaron entre ellos, como es el caso de Perú y Chile, que en el futuro podrán demandarse mutuamente sin temor al rechazo de la jurisdicción de la Corte por parte de uno de ellos; entonces, es imperativo cuestionarse si ¿Chile puede rechazar la jurisdicción de la cij ante la demanda judicial boliviana?

La respuesta es afirmativa, pues es posible que un Estado (Chile) que haya aceptado la jurisdicción de la Corte con anterioridad puede considerar, cuando otro Estado (Bolivia) lo cite a comparecer ante ella, que esa jurisdicción no es aplicable porque en su opinión no existe controversia con ese otro Estado o, si la hay, no tiene carácter jurídico o también porque su consentimiento de reconocer la jurisdicción de la Corte no es aplicable a la controversia de que se trate.

Esta situación sería la menos deseada por Bolivia, pero, en el caso de que se produzca, no todo está perdido, pues la Corte deberá decidir este punto (el de su jurisdicción) en un fallo preliminar, por ello es imprescindible que en la demanda boliviana se deje claro los fundamentos por los que Chile deberá quedar sujeto a la jurisdicción de este tribunal.

Seguramente, para no pasar por este riesgo, el gobierno boliviano tomó la decisión de ratificar el Tratado Americano de Solución Pacífica de Controversias o “Pacto de Bogotá”, del cual también Chile es parte, puesto que éste, en su artículo 31, establece que las partes contratantes declaran que reconocen ipso facto, sin necesidad de convenio especial, la jurisdicción de la cij, disposición por la que se querrá asegurar la jurisdicción de la Corte, no obstante será necesario considerar que, al ser ambos Estados parte en este tratado, ¿debe Bolivia necesariamente hacer uso de las disposiciones del Tratado Americano de Solución de Controversias “Pacto de Bogotá” para recurrir a la cij?

Al respecto, no constituye el único camino procesal para Bolivia recurrir a la cij mediante este Pacto, pero es el camino más seguro para el establecimiento de la competencia y jurisdicción de la Corte en el asunto que se pretende presentar; la otra ruta sería la del empleo único de la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la cij. Es evidente que los dos Estados deben regir su controversia a los procedimientos establecidos en las disposiciones de este tratado y del Estatuto de la Corte.

¿Cuáles son los bemoles que deben considerarse al optar Bolivia por el Pacto de Bogotá como instrumento jurídico para recurrir a la cij? Para una respuesta más o menos sólida será necesario considerar:

a) El artículo 6 del Pacto determina que los procedimientos de este tratado no podrán aplicarse a los asuntos ya resueltos por arreglo de las partes, o por laudo arbitral, o por sentencia de un tribunal internacional, o que se hallen regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de la celebración del Pacto.

c) Que el artículo 34 del Pacto establece que si la Corte se declarare incompetente para conocer de la controversia por los motivos señalados en el artículo 6, ésta declarará terminada la controversia.

d) En ello debe considerarse que el Estado Plurinacional de Bolivia ha ratificado el Pacto de Bogotá el 2011, haciendo una reserva al artículo 6 de este instrumento internacional.

e) Posteriormente, Chile presentó su objeción a dicha reserva planteada por Bolivia en el mismo año.

f) En 2013 Bolivia retiró la reserva al referido artículo, quedando así habilitado para recurrir la cij y la objeción chilena invalidada.

Si bien la vía del Pacto de Bogotá ofrece mayor seguridad en cuanto al sometimiento chileno a la jurisdicción de la Corte, la posibilidad de demandar a este tribunal cuestiones relativas al Tratado de 1904, es decir, plantear la nulidad, terminación o retiro del mismo supondría contradecir la disposición 6 del Pacto, situación que nos llevaría al evidente riesgo de que la Corte se declare incompetente y dé por concluida la controversia con el vecino país.

Por eso, pensar que el posible contenido de la demanda judicial no verse sobre el Tratado de 1904 es lógicamente coherente, debiéndose más bien pensarse ahora en otras hipótesis o tesis que puedan utilizarse en la sustancia del recurso.

Cuestiones sustanciales

Es indudable que este aspecto deja mucha tela por cortar a raíz del propio desconocimiento del contenido de la demanda judicial, pero en el Idei se desarrollaron diversas tesis e hipótesis jurídicas que le permitan a Bolivia sustentar su demanda judicial, que no necesariamente pasan por la vía del Tratado de 1904, encontrándose entre ellas la tesis de los actos unilaterales que desarrollé y compartí con Ramiro Orías (1), quien inicia por establecer que el objeto de la controversia con Chile “tiene que ver con el valor jurídico de los ofrecimientos de negociación marítima efectuados de manera repetida y reiterada por Chile a favor de Bolivia, que, desde la perspectiva de los actos unilaterales de los Estados, constituyen una obligación de Derecho Internacional Público”.

Este posicionamiento, como todo en derecho, debe estar fundamentado y este fundamento se halla en el Derecho Internacional (en los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional de la onu y sobre todo en la jurisprudencia del cij), sin embargo, es necesario hacer síntesis del porqué es importante esta tesis dilucidando las subsecuentes cuestiones:

Los actos unilaterales son actos jurídicos lato sensu que provocan efectos jurídicos para un Estado en sus relaciones con otros, por cuanto representan su soberanía. Deben ser actos jurídicos acordes al derecho internacional, porque cuando un acto jurídico unilateral de un Estado es contrario al Derecho Internacional no puede ser reputado como legítimo y es repudiado por la comunidad internacional.

Jurídicamente, ¿cómo fundan su validez los actos unilaterales en el Derecho Internacional? La cij mencionó que “uno de los principios básicos que presiden la creación y ejecución de las obligaciones jurídicas, cualquiera que sea su fuente, es el de la buena fe. La confianza recíproca es una condición inherente a la cooperación internacional, sobre todo en una época en que en muchos campos esta cooperación es cada vez más indispensable. Al igual que ocurre con la regla de derecho de los Tratados Pacta Sunt Servanda, el carácter obligatorio de un compromiso internacional asumido por declaración unilateral descansa sobre la buena fe.

Los Estados interesados pueden tener en cuenta las declaraciones unilaterales y confiar en ellas; están autorizados a exigir que se respete la obligación así creada” (cij, Terminación de los ensayos Nucleares, Australia c. Francia, 1974).

Por esta afirmación, el acto unilateral de “promesa” (Promissio Est Servanda) se posiciona en grado de igualdad de fuente normativa a la norma Pacta Sunt Servanda. En el desarrollo de este tema, la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, en su reporte de su 50 sesión, afirmó que, “así como el principio pacta sunt servanda ha sido la base de la naturaleza obligatoria de los Tratados, para la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, un principio paralelo podría ser encontrado en el carácter obligatorio de los actos unilaterales de promesa, como es promissio est servanda”.

¿Por qué la tesis de los actos unilaterales?, porque al demostrar Bolivia a la Corte que, por una serie de actos de promesa efectuados por Chile a favor de Bolivia el vecino país está obligado jurídicamente a cumplir sus ofrecimientos, es posible que ésta ordene a Chile cumplir con sus obligaciones emanadas de sus actos y otorgue a Bolivia una salida soberana al Pacífico o, en su caso, le ordene negociar con nuestro país propuestas o alternativas para esta salida; todo ello sin necesidad de solicitar la nulidad o terminación del Tratado de 1904.

A esto debe sumarse el argumento consecuencialista en el sentido de que ante la alternativa de un rechazo o fallo contrario a la pretensión boliviana, simplemente no se habría perdido nada o casi nada, ya que, en el peor de los casos, la Corte tendría que establecer que Chile no se encuentra obligado por actos unilaterales a conceder a Bolivia salida alguna, en cambio, si se obtuviese una decisión favorable las posibilidades de solución a la demanda mejorarían y Bolivia se encontraría en posición óptima para hacer prevalecer su pretensión.

Nota

1. Cfr. Alba, Oscar y Castro, Sergio, coord. El Litigio con Chile. Memorias de la II Convención Nacional de Derecho Internacional. 1er. Edición. Ed. Kipus. Cochabamba. 2011. Obra en la que se expresan algunas de las señaladas tesis.

Es jurista, docente de Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado y Derecho Constitucional en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Universidad Salesiana de Bolivia y Universidad Privada del Valle.

Tomado de: Revista del Instituto de Estudios Internacionales IDEI-Bolivia, año 3, Nº 58, marzo de 2013.

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