La Gaceta Jurídica

Tendencias del constitucionalismo mundial a principios del siglo XXI

(Parte final)

Foto: periodicodiocesano.org.mx

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Cuauhtémoc Manuel De Dienheim Barriguete

00:00 / 15 de noviembre de 2015

En el campo de los derechos humanos es preciso hacer notar también la relevancia de los llamados derechos económicos, sociales y culturales, los cuales, sobre todo a partir del último cuarto del siglo XX, han ido cobrando cada vez mayor importancia en el ámbito constitucional de los Estados como un medio de hacer frente a las profundas desigualdades económicas y sociales y a los graves males que el liberalismo económico ha ocasionado en todas partes del mundo.

En los años más recientes, tal situación ha originado que el Estado haya venido adoptando una posición más intervencionista en cuestiones sociales y económicas.

En años recientes hemos sido testigos del surgimiento de nuevos derechos que antes no habían sido considerados con seriedad. Por ejemplo el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al agua, el derecho al desarrollo de la libre personalidad, el derecho a la identidad, el derecho a la cultura, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la paz y, por supuesto, también los llamados derechos humanos de cuarta generación, vinculados a la ciencia y a la tecnología.

Otro aspecto importante en relación con los derechos humanos, como ya se ha mencionado, es la tendencia a dar eficacia a los derechos fundamentales entre particulares. Esto es la llamada Drittwirkung (efecto frente a terceros de los derechos fundamentales) que empezó a cobrar fuerza en Alemania a finales de los años 40 del siglo XX  y que de ahí saltó para ser considerada por otros países (1).

Por último, es preciso mencionar que, a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 y de los Pactos de Nueva York de 1966 y con el auge e importancia que ha tenido el derecho internacional en los últimos tiempos, se ha venido presentando la llamada tendencia de internacionalización y estandarización de los derechos humanos, misma que ha originado que los derechos humanos de carácter mundial, reconocidos en declaraciones y tratados internacionales, sean cada vez más reconocidos y ga- rantizados también por las constituciones de los países del planeta.

A pesar de todo lo anterior, es necesario advertir que en los años más recientes, y sobre todo a partir de los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001 ocurridos en Nueva York y algunos otros que han acaecido en el mundo (2004 en Madrid y 2005 en Londres), ha surgido una “contratendencia” en cuestión de derechos humanos, sobre todo tratándose de aquellos referidos a la materia penal, en virtud de la cual se ha hecho reformas y se ha expedido disposiciones normativas que han venido a restringir los derechos humanos y a establecer verdaderos estados de excepción en aras de garantizar la seguridad pública y la del Estado, frente a acciones provenientes del terrorismo, de la delincuencia organizada y de grupos armados irregulares (Derecho Penal del Enemigo).

Esta situación ha dado lugar a intensos e interesantes debates jurídicos que hoy por hoy ocupan un lugar primordial no solo en la agenda nacional (constitucional), sino también en la internacional de todos los Estados (2).

Revalorización del papel de los jueces y la consolidación de la justicia constitucional

En los últimos tiempos hemos sido testigos cómo en los diversos regímenes constitucionales se ha dado una revalorización del papel de los jueces, consolidándose al poder judicial como un auténtico poder y no solo como un simple ejecutor de los mandatos del legislador (boca de la ley).

En tal sentido, la interpretación judicial y el rol del juez como creador del derecho han venido a cobrar una importancia fundamental, dando origen a un desarrollo judicial del Derecho, en donde se ha dado un énfasis mayor a los argumentos jurídicos y a la ponderación más que al tradicional método de subsunción.

En la actualidad, cada vez se reconoce más que la actividad creadora de los tribunales y la posibilidad de una interpretación productiva y no meramente reproductiva de los tribunales constituye una necesidad en el trabajo práctico de los jueces, que contribuye a una plena realización de los objetivos de un Estado de Derecho y que, con ello, no se  violenta el principio de la división de poderes (3).

En este proceso de judicialización del Derecho es necesario destacar la cuestión de la consolidación de la justicia constitucional en los países del mundo occidental, creando tribunales constitucionales (formal y materialmente) encargados del control de la constitución por la vía jurisdiccional (4).

El surgimiento de la idea de un nuevo tipo de constitución

En los años recientes hemos sido testigos de un proceso de reconstitucionalización a nivel mundial, en el cual la mayor parte de los países ha realizado reformas integrales a sus textos constitucionales expidiendo nuevas constituciones en su totalidad o haciendo cambios sustanciales a las ya existentes, bajo el concepto de mantener constituciones escritas y de carácter rígido.

En este proceso podemos notar cómo, quizás debido a la globalización, se ha venido dando un acercamiento entre tradiciones jurídicas del Common-law (Derecho anglosajón) y del Derecho continental europeo; en tal virtud, es cada vez más raro encontrar sistemas constitucionales puros que no estén in- fluenciados o que no contengan elementos tomados de otros sistemas.

Así, hoy en día, la interacción e influencia recíproca entre sistemas constitucionales diversos es una realidad innegable.

De esta forma, se ha dado también una cierta homogeneización entre las constituciones de inspiración occidental, pues a partir de la segunda mitad del siglo XX puede decirse que, prácticamente, en todo occidente las constituciones fueron alineadas de manera paulatina unas con otras por conducto de reformas especiales, nuevas leyes de ejecución e integración, así como de adecuadas normas consuetudinarias y convencionales (5).

En términos generales, podemos señalar que el modelo de constitución de nuestros tiempos y al que genéricamente aspira la mayor parte de los Estados actuales es el de constitución de carácter normativo, con fuerza vinculante de manera directa y no solamente como un instrumento de carácter programático que solo sirve de guía para la actuación del legislador.

La posición de la constitución en el Estado Constitucional actual resulta fundamental afectando el lugar que tradicionalmente tenía el legislador y la ley misma, pues en el nuevo paradigma la ley y, por supuesto, también el legislador están sometidos a una relación de adecuación y, por tanto, de subordinación a un estrato más alto de Derecho establecido por la constitución misma (6).

Esta situación ha motivado la transición del modelo de Estado de Derecho tradicional al modelo actual de Estado Constitucional.

De esta manera, se ha dado un cambio de paradigma dentro de la cultura jurídica, pues el modelo del Estado de Derecho o Estado Legal de Derecho, el cual gravitaba en torno a la idea de imperio de la ley, ha dado paso al surgimiento del modelo del Estado Constitucional o Estado Constitucional de Derecho, el cual está estructurado en torno al carácter normativo de la constitución.

Esto es, que está fundamentado en la cuestión de considerar a la constitución como una norma jurídica de aplicación directa en la resolución de conflictos (7).

En este sentido, es cada vez más recurrente encontrarnos con el nuevo modelo de constituciones abiertas, que son aquellas que permiten dentro de los límites constitucionales, tanto la espontaneidad de la vida social como la competencia para asumir la dirección política en un marco de una sociedad pluralista y democrática (8).

Se trata de constituciones que incorporan menos reglas y más principios, pues hoy en día la constitución debe ser entendida como un marco de referencia que permite distinguir lo que es y lo que no es constitucional, por lo cual es necesario encontrar en la constitución misma las líneas de esta distinción. Y ellas están dadas, justamente, por sus disposiciones de principios (9).

Actualmente, como dice Zagrebelsky, “ya no puede pensarse en la constitución como centro del que todo derivaba por irradiación a través de la soberanía del Estado en que se apoyaba, sino como centro sobre el que todo debe converger; es decir, más bien como centro a alcanzar que como centro del que partir.

La política constitucional mediante la cual se persigue ese centro no es ejecución de la constitución, sino realización de la misma en uno de los cambiantes equilibrios en los que puede hacerse efectiva” (10).

En síntesis, puede decirse que el Neoconstitucionalismo o el nuevo Derecho constitucional tiene como marco histórico la formación del Estado Constitucional de Derecho, que se ha venido consolidando hacia finales del siglo XX; como marco filosófico al post-positivismo, con la centralidad de los derechos fundamentales y con una reaproximación entre derecho y ética, y como marco teórico, al conjunto de cambios que, como ya hemos señalado, incluyen la fuerza normativa de la constitución, la expansión de la jurisdicción constitucional y el desarrollo de una nueva dogmática de interpretación constitucional.

Este conjunto de fenómenos ha resultado en un proceso extenso y profundo al que podemos denominar la constitucionalización del Derecho.

En resumen, podemos decir, siguiendo a Ferrajoli, que el futuro del constitucionalismo jurídico está confiado a esta triple articulación y evolución: hacia un constitucionalismo social junto al liberal, hacia un constitucionalismo de Derecho privado junto al de derecho público y hacia un constitucionalismo internacional junto al estatal (11).

Conclusiones

En virtud de lo expuesto podemos darnos cuenta que el constitucionalismo de nuestros tiempos se encuentra en una etapa por demás interesante, caracterizada por una serie de tendencias que han venido a dar un nuevo sentido a la constitución y a vigorizar su papel en la conformación de un nuevo modelo de Estado: el Estado Constitucional y Democrático de Derecho. 

Estas tendencias han propiciado, por así decirlo, un cierto auge del constitucionalismo en el mundo, sobre todo en su parte occidental, generando constituciones de carácter normativo, más democráticas y fundadas en el respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos; estableciendo una nueva relación entre el Derecho interno e internacional, entre el Derecho público y privado, sobre una base de cooperación y complementariedad y no de separación y encono, como tiempo atrás venía existiendo.

Tales tendencias han dado origen a ese movimiento tan importante al que algunos han dado en llamar “Neoconstitucionalismo”, mismo que sin lugar a dudas ha traído ya notorios beneficios a los individuos y a los pueblos al ser adoptados sus postulados dentro de los ejercicios constitucionales de múltiples Estados.

No obstante lo anterior, es preciso señalar que el mal no está conjurado y que aún subsisten muchas asignaturas pendientes que deben ser atendidas, como es el caso de la eficacia de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la influencia nociva de los poderes salvajes del mercado y las tendencias regresivas relativas a restringir sensiblemente derechos humanos con el argumento de hacer frente a las amenazas al orden, a la seguridad pública y a la seguridad del Estado, provenientes de la delincuencia organizada, del terrorismo y de grupos armados insurrectos, que, por desgracia, cada vez se han hecho más frecuentes en muchos países.

Por lo tanto, la última palabra aún no está dicha y la discusión sobre el rumbo que deberá tomar el Derecho constitucional en este siglo XXI todavía continúa, generando un dinamismo vertiginoso nunca antes visto. La realidad que actualmente vivimos, inestable y desbocada, y que cada día nos presenta nuevos retos y problemas que debemos afrontar y solucionar de manera pronta y efectiva, nos obliga de manera ineludible a romper viejos paradigmas y a crear fórmulas nuevas y más inteligentes que nos ayuden a crear y a considerar un nuevo modelo de Estado y de constitución que, en verdad, sea benéfico para todos.

Bibliografía

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Notas

1. Para profundizar en el tema se sugiere ver la obra de Julio Estrada, Alexei, “La Eficacia de los Derechos Fundamentales entre Particulares”. Universidad Externado de Colombia, Colombia, 2000.

2. En relación con esta temática se sugiere ver la obra de Arjona, Juan Carlos y Hardaga, Cristina (compiladores), “Terrorismo y Derechos Humanos”. Distribuciones Fontamara, México, 2008.

3. ROJAS Amandi, Víctor Manuel, “Ronald Dworkin y los Principios Generales del Derecho”. Editorial Porrúa, México, 2007, p. 2.

4. Para mayores datos ver la obra de García Belaunde, Domingo, “De la Jurisdicción Constitucional al Derecho Procesal Constitucional”. Fundap, México, 2004.

5. BISCARETTI Di Ruffia, Paolo, Op. Cit., p. 522.

6. ZAGREBELSKY, Gustavo, “El Derecho Dúctil”. Sexta edición, Editorial Trotta, Madrid, 2005, p. 35.

7. AGUILÓ, Josep, “La Constitución del Estado Constitucional”. Palestra editores, Colombia, 2004, pp. 9 y 10.

8. ZAGREBELSKY, Gustavo, “El Derecho Dúctil”. Sexta edición, Editorial Trotta, Madrid, 2005, p.14.

9. ZAGREBELSKY, Gustavo, “Historia y Constitución”. Ed. Trotta, Madrid, 2005, p. 89.

10. ZAGREBELSKY, Gustavo, “El Derecho Dúctil”. Sexta edición, Editorial Trotta, Madrid, 2005, p.14.

11. FERRAJOLI, Luigi, “Sobre los Derechos Fundamentales” en CARBONELL, Miguel “Teoría del Neoconstitucionalismo. Ensayos Escogidos”. Editorial Trotta, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2007, p. 73.

Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México; maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Latina de América en Morelia, Michoacán, México, y profesor y especialista en temas de Derechos Humanos.

Tomado de: unla.mx

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