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Territorio indígena y zona intangible

A pesar de los hechos de injurias, hostigamiento, torturas, traslados forzados, separación de padres e hijos, de lo cual aún no hallamos expectantes a la acción del Ministerio Público y el Órgano Judicial de Bolivia, la viii Marcha Indígena en defensa del Tipnis ha logrado un precedente importante para la protección de la naturaleza y los pueblos indígenas del mundo.

La Constitución reconoce que el pueblo indígena tiene la titularidad y facultades.

La Constitución reconoce que el pueblo indígena tiene la titularidad y facultades. Foto: Archivo La Razón.

La Gaceta Jurídica / Evelin Mamani Patana

00:00 / 27 de diciembre de 2011

Esta movilización también ha generado un autoconvocado debate nacional e internacional sobre el principal logro de la Marcha, la declaración de la totalidad del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tpinis) como “zona intangible”.

Intangible, en materia ambiental, es una definición y categorización en la rama de las Áreas Protegidas, contenida en el Reglamento General de Áreas Protegidas Decreto Supremo 24781 de la Ley 1333 del Medio Ambiente y convenios internacionales sobre protección de la biodiversidad. Pero, su aparente “novedad”, genera dudas y miedos.

Un análisis frío de la Constitución Política del Estado (cpe) clarifica este logro y determinación, que es una muestra de la línea protectiva de los pueblos indígenas minoritarios que ha establecido la propia norma suprema nacional, la Constitución, y las normas positivas vigentes que amparan la aún continua lucha y defensa por el territorio y la dignidad de los pueblos indígenas de Bolivia. Un hito en Derecho que debe ser reconocido por el propio Estado de Bolivia y su órgano Legislativo.

El Capítulo viii, artículo 60 de la Ley 1333 ha establecido que “las áreas protegidas constituyen áreas naturales con o sin intervención humana, declaradas bajo protección del Estado mediante disposiciones legales, con el propósito de proteger y conservar la flora y fauna silvestre, recursos genéticos, ecosistemas naturales, cuencas hidrográficas y valores de interés científico, estético, histórico, económico y social, con la finalidad de conservar y preservar el patrimonio natural y cultural del país”.

Asimismo, el artículo 61 de la misma ley establece que “las áreas protegidas son patrimonio del Estado y de interés público y social, debiendo ser administradas según sus categorías, zonificación y reglamentación en base a planes de manejo...”.

Hasta aquí queda claramente establecido que un área protegida puede tener o no intervención humana, lo cual no la invalida como área protegida, siempre y cuando no afecte los propósitos de su creación. Estas áreas se hallan bajo protección directa de la administración del Estado y se constituyen en parte de su patrimonio, solo el interés es público y social.

Las áreas protegidas, como concepto general, tiene categorías donde se especifica el objeto de su creación, es decir, la finalidad de su existencia. El Tipnis es un “parque nacional”, que, de acuerdo a la norma vigente, tiene por objeto la protección estricta y permanente de muestras representativas de ecosistemas y de los recursos de flora, fauna, así como los geomorfológicos, escénicos o paisajísticos que contengan y cuenten con una superficie que garantice la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos de sus ecosistemas (artículo 20 Reglamento General de Áreas Protegidas).

Esto significa que es una zona donde la protección de ecosistemas es indefectible, continua, estricta y completa, porque son de necesaria preservación. Hasta aquí la calidad de parque ya le da un estatus especial de protección por parte del Estado.

Particularidades del caso

El Parque Nacional del Isiboro Sécure cuenta con un espacio definido por la normativa nacional desde la época de su creación (ds 7401 el 22 de noviembre de 1965),  dentro el cual se garantiza que los procesos ecológicos y evolutivos de los ecosistemas que se protegen dentro de él permanecerán en el tiempo por su valor natural y cultural.

El Reglamento General de Áreas Protegidas (Decreto 24781) establece que cada área protegida debe ser zonificada, es decir, su espacio geográfico y material clasificado, existiendo dentro de ellas zonas “intangibles” y de “protección integral”, estas zonas son espacios de preservación de la naturaleza para garantizar la evolución natural y el estado prístino del lugar, conformada por ecosistemas o biotopos frágiles que justifican la declaración del área y que ameritan protección absoluta, sin permitirse modificación alguna al ambiente natural.

“Al efecto no se permitirá –dice el artículo 31 del Reglamento General de Áreas Protegidas– actividades de uso público a fin de que las condiciones se conserven a perpetuidad. En ésta zona solo se permitirá las actividades de guardianía y de investigaciones científicas previamente autorizadas y reguladas”.

El carácter absoluto de la protección (lo intangible) implica que todo el espacio, sin un centímetro de menos o demás, es preservable. Por tanto, lo intangible en un área protegida implica que no se permita modificación alguna al medio ambiente mediante actividades de uso público, por ejemplo proyectos públicos estatales de construcción de carreteras. La limitación es a las disposiciones o acciones del Estado, asimismo de terceros que pretendan afectar el ecosistema protegido.

Por ende, en su condición de Área Protegida mediante la Ley 180 de Protección del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) es el Estado boliviano que se restringe a sí mismo para no destruir o modificar el medio ambiente natural que se halla en ese territorio. 

Considerando que es deber del Estado la protección y preservación, ningún elemento externo puede implementar actividad alguna que modifique el ambiente natural, es intocable para los ajenos al ecosistema del Tipnis.

¿Qué implica la modificación del ambiente natural? Por ejemplo, el desvió de cursos de aguas preexistentes, la introducción de elementos extraños vivos o no, la extracción de componentes del ecosistema.

De esta forma, cuando la Ley 180, de 24 de octubre de 2011, establece la declaración de zona intangible en su artículo 1 Párrafo III lo hace en la condición y calidad de Área Protegida. Donde el Estado se restringe a sí mismo y restringe a terceros que atenten contra el ecosistema del Tipnis.

Lo más controversial según algunos

Esto es el ejercicio de Derechos Humanos indígenas por parte de los titulares y poseedores del territorio indígena. Al respecto, existe una excepción a la declaratoria de área protegida, es decir, a esa línea protectiva exclusivamente ambiental y casi conservacionista.

El artículo 64 de la Ley 1333, concordante con su artículo 60, establece que “la declaratoria de Áreas Protegidas es compatible con la existencia de comunidades tradicionales y pueblos indígenas, considerando los objetivos de la conservación y sus planes de manejo”.

Aquí encontramos la doble condición como un espacio material, geográfico, delimitado y demarcado como área protegida frente a un territorio indígena que puede ocupar una porción o la totalidad de ese espacio especial.

La Constitución establece en el artículo 385 que las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país y establece que en caso de sobreposición de áreas protegidas y territorios indígena originario campesinos se aplicará la gestión compartida, respetando el objeto de creación de estas áreas.

Recapitulando, cuanto se trata de un área protegida el Estado tiene directa facultad de protección e incluso de aprovechamiento de los recursos del área, pero, cuando además es un territorio indígena, la “gestión” o administración del área compartida en igualdad de condiciones.

El compartimiento de responsabilidades sobre esta área implica también que el Estado reconoce que el pueblo indígena tiene la titularidad y facultad de ser, hacer y disponer sobre su territorio, solo que la gestión se comparte, no es unilateral.

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