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Tipnis y pulseta

…la primera convertiría a la Ley Corta en inconstitucional, es decir, contraria a la Ley Fundamental buscando permitir el avasallamiento de un territorio protegido como área ecológica y propiedad indígena; mientras que la otra no aclara en qué sentido se aplicaría la consulta. Si es en sentido constitucional, tendría que acatar la consulta previa.

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00:00 / 03 de febrero de 2012

El problema del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) ha confirmado las connotaciones que se estructuraron en los primeros meses de conflicto. En esta última etapa, desde diciembre, han sido movilizados los grupos afines al régimen de gobierno, tal como lo habían “insinuado” personeros del Órgano Ejecutivo cuando afirmaron que también marcharían quienes están de acuerdo con la construcción de la carretera a través de una región protegida por la Constitución.

Si es tan fácil saltar por encima de las disposiciones constitucionales, parecería que es mucho más sobre una norma como es la Ley Corta, promulgada en octubre último. Sin embargo, los ribetes de pugna ahora incluyen otras variables que pretenden influir en las decisiones que realice el régimen gubernamental al respecto. Entre ellas se encuentra la baja receptividad que tuvo la marcha protagonizada por cocaleros, colonizadores y una fracción de indígenas de tierras bajas, combinados en el llamado Consejo Indígena del Sur (Conisur); también se encuentran en este rango los señalamientos que se ha hecho desde el oficialismo y los propios marchistas, que la falta de apoyo de la población fue promovida por los medios de comunicación y “la derecha”, a diferencia de lo que ocurrió con la viii Marcha Indígena en defensa del Tipnis, que fue apoyada por habitantes de todo el recorrido y recibida con gran adhesión en la sede de gobierno.

Esta situación parece que llevará a escenarios en los que se buscará la inclinación de la balanza por otros caminos. En ese sentido se encuentra la afirmación “neutral” en una sola dirección del presidente Morales, cuando señaló que un acuerdo entre partes llevaría a la anulación de la Ley Corta, además de un claro desentendimiento de responsabilidades cuando se deja como “problema entre indígenas”. Lejos ha quedado la esperanza de que la administración de Estado, en consecuencia con su afirmación de respeto a la Madre Tierra, oriente sobre las mejores formas de desarrollo y no enarbole el desarrollismo feudatario bajo la justificación de la integración y las mejores condiciones para los habitantes del Tipnis, a sabiendas de que eso es una falacia.

Al mismo tiempo, en la Asamblea Legislativa ha surgido la posición oficialista de modificar la Ley Corta o abrir paso a la consulta para solucionar la pulseta. De hecho, ambas opciones llegan al mismo punto, pues la primera convertiría a la Ley Corta en inconstitucional, es decir, contraria a la Ley Fundamental buscando permitir el avasallamiento de un territorio protegido como área ecológica y propiedad indígena; mientras que la otra no aclara en qué sentido se aplicaría la consulta. Si es en sentido constitucional, ésta tendría que acatar las disposiciones de consulta previa y vinculante de acuerdo a las decisiones de los pueblos indígenas.

Sin embargo, esta posición encierra una trampa utilizada desde siempre por los gobiernos, la de dividir, en este caso, a los afectados y a los interesados. Así podrá recabarse datos controversiales y disímiles de ambos bandos y argumentarse como suficientes para tomar decisiones. Al final de cuentas, las políticas de Estado mantienen las antiguas estructuras, incluso para la toma de decisiones y aplicación de iniciativas.

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