La Gaceta Jurídica

Toque de queda y seguridad ciudadana

Realidades jurídicas

Gabriel Peláez G.

00:00 / 01 de mayo de 2016

Han surgido algunas voces para indicar la necesidad de recurrir al “toque de queda” como uno de los instrumentos para frenar la inseguridad ciudadana. Acla- remos cuáles son los verdaderos alcances de esta singular propuesta y las posibilidades de su aplicación práctica.

Debemos destacar que la figura propuesta, obviamente desde un punto de vista general, resulta ajena a nuestro ordenamiento jurídico desde el texto de la Constitución Política.

En el Capítulo Primero, a partir del Art. 109, la Carta Magna se refiere a las garantías jurisdiccionales. El Art. 110, inciso III, destaca: “Los atentados contra la seguridad personal hacen responsables a sus autores inmediatos…” El Art. 115, anota: “TODA PERSONA será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales, en el ejercicio de sus DERECHOS E INTERESES LEGÍTIMOS”. Y el Art. 117 dispone: “NINGUNA PERSONA puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso.

Lo anterior basta para demostrar que el fin supremo de los preceptos constitucionales no es coartar o disminuir el alcance de los derechos y garantías de las personas, por el contrario, es su más amplia protección.

Por eso, en el Capítulo Segundo (a partir del Art. 125) el texto constitucional se refiere a las ACCIONES (procesos) que específicamente existen para la defensa de esos derechos y garantías. Desde este punto de vista, la figura del “toque de queda” o cualquier otra parecida resulta ser contraria a los principios fundamentales.Volviendo al texto constitucional, el Art. 161, inciso 6, dice que las cámaras legislativas se reunirán en Asamblea Legislativa Plurinacional para “aprobar los ESTADOS DE EXCEPCIÓN”. A su vez, el Art. 172, inciso 26 (Atribuciones del Presidente del Estado), dice DECLARAR el Estado de Excepción.

La Constitución anterior, la de 1967, era más explícita sobre el tema, al decir en su Art. 111 que “en los casos de grave peligro por causas de conmoción interna o de guerra internacional, el Jefe del Poder Ejecutivo, podrá, con dictamen afirmativo del Consejo de Ministros, DECLARAR EL ESTADO DE SITIO, en la extensión de territorio que fuese necesario”.

Entre los EFECTOS LEGALES que producía tal declaratoria estaba, según el Art. 112, la suspensión de las garantías y derechos constitucionales, pero SOLO CON RESPECTO a aquellas personas fundadamente sindicadas de tramar contra el orden público. La Constitución vigente nos habla de un ESTADO DE EXCEPCIÓN, en lugar de ESTADO DE SITIO, y no define su naturaleza, alcance ni efectos jurídicos.

Queda claro que la disminución, alteración, suspensión o supresión de los derechos y garantías de las personas han acabado por ser figuras excepcionales que podrían admitirse en casos realmente extremos. No es posible pensar en que nuestras constituciones incorporen instituciones encaminadas en forma directa a la conculcación de esos derechos y garantías. Su defensa tiene carácter universal.

En cuanto al “toque de queda”, se recordará que este fue repetido y característico desde el inicio de los regímenes dictatoriales y restringía la circulación libre de personas a partir de cierta hora, lo que, a su vez, significaba la supresión o alteración grave de una larga cadena de actividades. Peor todavía, los infractores eran detenidos sin más trámite o procesos y objeto de abuso en los lugares de detención arbitraria.

Así, la aplicación de aquella medida significa conculcar derechos y garantías señalados en la Constitución, Art. 21 inciso 4, libertad de reunión; inciso 7, libertad de circulación por el territorio nacional, y Art. 23 inciso III, libertad y seguridad personal, “nadie podrá ser detenido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley.

Es evidente que estamos frente a una aguda inseguridad ciudadana, la misma que está reclamando la adopción de medidas concretas. Sin embargo, no creemos que lo más aconsejable, sea combatir ese mal, imponiendo la vigencia de otro. Nos imaginamos a dónde nos podrían conducir las medidas de fuerza, caprichosas y prácticamente sin limitaciones.

Necesitamos una política de Estado (que ahora no existe) en torno a la seguridad ciudadana y luego el estudio de medidas concretas que al menos contribuyan a disminuir sus efectos.

Es abogado, analista y ensayista.

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