La Gaceta Jurídica

Transacciones reguladas

…la norma tiene apoyo y es necesaria para garantizar transacciones limpias y legítimas, pero su puesta en marcha parece tropezar con el problema de la información a los usuarios y clientes de la banca, quienes se encuentran en esta situación de manejo de tales cantidades de dólares o su equivalente en otras monedas.

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 05 de junio de 2012

Después de varios meses de vigencia, la población que realiza transacciones en los bancos, entidades financieras y casas de cambio todavía tiene dudas sobre los alcances y objetivos de la resolución de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), aprobada en octubre de 2011, que establece las reglas para la “prevención, detección y control de operaciones vinculadas con la legitimación de ganancias ilícitas”. De este tipo de actividades se desprenden básicamente dos delitos, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, entre otros, que pueden realizarse con intermediación de las entidades que prestan servicios financieros aunque éstas no lo sepan.

El lavado de dinero es una contravención originada normalmente en el narcotráfico, actividad ilícita de considerables dimensiones en el país, por lo que en un informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (gafi), publicado en febrero último, Bolivia estuvo cuestionada junto a siete países por falta de aplicación efectiva en sus planes de acción acordados de forma multilateral para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo producto del tráfico de drogas. 

Gafi dispuso 40 recomendaciones para cambiar esta situación y fortalecer la prevención de los delitos mencionados; de este modo, en el Estado se busca endurecer el control del lavado de dinero mediante el instructivo emitido por la Unidad de Investigaciones Financieras (uif) de Asfi, que está dirigido a que las transacciones financieras sean un mecanismo de detección de este delito. Al respecto, representantes de entidades financieras señalaron al periódico La Razón (04-06-12) que es una medida positiva para el cliente y para todo el sistema financiero, porque protege contra el lavado de dinero que podría canalizarse por los bancos y afectar la imagen institucional de alguno ellos.

Básicamente, la disposición estipula que las operaciones transaccionales iguales o mayores a 10 mil dólares en el país exigen la presentación de una declaración acerca del origen y destino de los recursos, lo mismo que en las casas de cambio en casos superiores a 3.000 dólares y en el envío o recepción de dinero en remesas superiores a los 2.000. De esta forma, los bancos, empresas especializadas, casas de cambios y otras de carácter transaccional deben, obligatoriamente, conocer y registrar los datos de las personas y del dinero en esas cantidades.

Si bien la norma tiene apoyo y es necesaria para garantizar transacciones limpias y legítimas, su puesta en marcha parece tropezar con el problema de la información a los usuarios y clientes de la banca, quienes se encuentran en esta situación de manejo de tales cantidades de dólares o su equivalente en otras monedas. Al respecto, Asfi podría superar el desentendido con una campaña mediática de explicación, además de aclarar y hacer más visible la desplegada en estas instituciones del rubro, que en este proceso deben lidiar con el público que considera una molestia destinar cerca de 30 minutos adicionales para cumplir con el trámite.    

Por otra parte, es fundamental que el proceso sea acortado y goce de otros mecanismos en casos de empresas, personas o instituciones que desarrollan transacciones de esas dimensiones desde mucho tiempo antes y con motivos sobradamente conocidos y garantizados por sus actividades.

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