La Gaceta Jurídica

Transparencia y Acceso a la Información Pública

El proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se encuentra en análisis en la Cámara de Diputados de la Asamblea Plurinacional Legislativa, el instrumento tiene por objeto velar por el buen desempeño de la gestión pública y garantizar a todos los ciudadanos el ejercicio pleno de acceso a la información pública que se encuentre bajo custodia, administración o tenencia del Estado.

Este derecho no es bien ejercido aún en el mundo, para Bolivia será un desafío.

Este derecho no es bien ejercido aún en el mundo, para Bolivia será un desafío. Foto: xpressate

La Gaceta Jurídica / Raúl Morales Romero

00:00 / 19 de julio de 2013

El acceso a la información no está normado con una Ley, sólo existen decretos y disposiciones constitucionales insuficientes para que la población alcance los datos sobre la administración estatal en gobiernos central, departamental, municipal, regional e, incluso, el régimen indígena originario campesino.

La futura norma reconoce el acceso a la información pública como derecho fundamental y obliga a las entidades del Estado a publicar información sin necesidad de solicitud previa, teniendo como principio la transparencia y la publicidad.

Ámbito de aplicación

De acuerdo a lo propuesto, la normativa se aplicará a los cuatro órganos del Estado en todos sus niveles, al Ministerio Público, Defensor del Pueblo, Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado, Fuerzas Armadas, Policía Boliviana y entidades territoriales autónomas, incluyendo autonomías indígena originario campesinas. A entidades públicas, empresas e instituciones públicas descentralizadas, desconcentradas, autárquicas y empresas mixtas.

Serán reguladas también las personas privadas, naturales o jurídicas que hayan suscrito contratos con el Estado o tengan autorización del mismo para la prestación de servicios públicos. Además las entidades privadas donde el Estado Plurinacional tenga participación económica y entidades privadas que reciban fondos o bienes de cualquier origen para la consecución de fines de interés público o social.

Las disposiciones de la Ley de Transparencia no serán limitadas a organizaciones sociales, actores sociales u organizaciones de la sociedad civil del Estado Plurinacional que tengan predisposición de poner en conocimiento de la sociedad información que se considere de interés público.

Principios y difusión

El proyecto de ley se sustenta en los principios de “suma qamaña” (vivir bien), ética pública, interés público, celeridad, accesibilidad, máxima publicidad, gratuidad, buena fe e inclusión.

Todas las entidades públicas y las que prestan servicios, publicarán y difundirán por los medios oficiales todas las normas de carácter general que dictaren. El Estado Plurinacional, además de publicar las normas, promoverá su difusión a través de todos los medios posibles, de tal modo que lleguen a los interesados y a la sociedad en general.

Los medios para publicar y difundir la información, de manera enunciativa y no limitativa, son los portales de internet, medios impresos, medios de comunicación masiva, audiovisuales y todo aquel medio o recurso idóneo que permita lograr la máxima publicidad y difusión pública. Es responsabilidad de las entidades públicas y privadas que prestan servicios públicos crear, mantener y gestionar los archivos de información pública.

El material difundido deberá permitir a la sociedad, ciudadanos, organizaciones, movimientos sociales y actores sociales participar y ejercer control social de la gestión pública para una adecuada rendición de cuentas de las  autoridades.

Material a difundir y gobierno en línea

En el proyecto de Ley se define la información mínima que deben presentar las instancias gubernamentales respecto a los procesos de contratación de bienes y servicios, dictámenes de auditorías, declaraciones juradas, presupuesto general anual, estados financieros, procesos judiciales, planes de desarrollo, información estadísticas sobre deuda externa y manejos de las reservas internacionales, entre otros.

Con el objetivo de dar a conocer información de manera centralizada, en el documento se establece la “creación” del portal “web de internet del Gobierno”, como medio de soporte informático y electrónico.

Acceso a la información

Los ciudadanos, sin distinción de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo u otras, tienen el derecho de solicitar y recibir información pública de parte del Estado.

“En ningún caso se exigirá a los peticionarios o solicitantes expresión de causa o motivo para el ejercicio de este derecho”. Así, el Estado está en la obligación de promover, desarrollar y establecer políticas, medidas y acciones para garantizar atención, procesamiento y entrega de información y documentos públicos en forma oportuna, completa, eficiente y gratuita.

La información pública, en sus fases de inicio, procesamiento o conclusión, puede estar contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital o en cualquier otro formato o soporte. “No será necesaria orden judicial o requerimiento fiscal para solicitar y obtener  información y documentos públicos”.

Procedimiento

La solicitud de información podrá ser realizada en forma escrita, verbal o por medio electrónico, previa verificación de que dicha información no se encuentre en la página web u otro medio de información de la entidad pública, deberá ser debidamente registrada.

El pedido se realizará a la unidad de transparencia, oficial de información o al responsable designado por la entidad. En caso de que éste no estuviera designado o fuere de desconocimiento del interesado, la solicitud se dirigirá a la máxima autoridad ejecutiva de la entidad.

La solicitud de información escrita deberá contener nombre completo del solicitante, descripción o detalle claro y preciso de la información solicitada, información de contacto para recibir notificaciones y la información.

En caso de que la solicitud sea verbal, el servidor público responsable deberá registrar o transcribir debidamente los datos del párrafo anterior en un formulario especial que el solicitante deberá firmar. No habrá costo alguno para la presentación de solicitudes.

Las entidades sujetas a la aplicación de la Ley podrán habilitar mecanismos o medios opcionales para recibir solicitudes de información y entrega, fax, correo electrónico o teléfono.

Entrega de la información

La entidad a la cual se haya presentado la solicitud de información deberá otorgarla en un plazo máximo de diez días hábiles. Si la entidad no posee la información solicitada, pero conoce su ubicación, deberá comunicar tal circunstancia al solicitante dentro de ese plazo.

El término de entrega podrá prorrogarse por veinte días hábiles adicionales cuando reunir o procesar la información sea complejo o difícil o el volumen de la información sea grande. La prórroga debe ser justificada.

La demora deberá ser comunicada al interesado por cualquier medio antes del vencimiento del plazo fijado. De no mediar respuesta o la entrega de la información dentro del plazo previsto, el solicitante podrá considerar denegado su pedido.

En caso de pérdida o destrucción de documentos públicos, la entidad requerida tiene la obligación de comunicar por escrito al solicitante tales hechos y promover el inicio de las acciones legales que correspondan.

La información pública deberá será entregada en la forma en la que se encuentra, no pudiendo el solicitante obligar a la entidad a procesar la misma de tal modo que importe recursos y medios adicionales extraordinarios.

Costos

La entrega de la información pública no tiene costo para el peticionario. De ser posible, la entidad requerida enviará por correo electrónico la información solicitada.

Cuando la información sea solicitada en otros soportes, la entidad pedirá dicho soporte al solicitante. De ser necesaria la utilización de papel, fotocopias u otros medios de reproducción, la entidad requerida cuantificará el costo y lo comunicará al solicitante para que éste lo cubra.

Es periodista.

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