La Gaceta Jurídica

Trascendencia de la independencia judicia

Puerta opuesta

La Gaceta Jurídica / Orlando Rojas Baspineiro

12:54 / 10 de abril de 2012

El desempeño de los órganos judiciales es un factor que influye en el ámbito político, económico y social.

Si las resoluciones son sólidas, imparciales y congruentes, esto afectará de inmediato en la confianza de la población y si, además, los jueces son independientes, ajenos a intereses personales o de grupos al emitir sus fallos, se ganarán el respeto de gobernantes y gobernados.

Siempre se ha dicho que los jueces hablan a través de sus resoluciones, por tanto, ellas son el instrumento para evidenciar su fortaleza e independencia; sin embargo, y conociendo con precisión el contexto actual en el que estamos ubicados, ¿es posible hablar de una eventual influencia de los poderes públicos en las decisiones que toman los integrantes de la judicatura?

Para responder a esa inicial cuestionante se debe señalar que la independencia judicial es un principio jurídico hoy aceptado internacionalmente, es más recurriendo a la Asamblea General de las Naciones Unidas se puede aseverar que esa instancia internacional –que aglutina a la mayor cantidad de países del orbe– a través de sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985, suscribió los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, señalando que esta implica el reconocimiento y las garantías adecuadas para que:  “Los jueces resuelvan los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el Derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”

Así entendida, la independencia judicial, es exigible tanto de los jueces en cuanto personas, como de los órganos judiciales en cuanto instituciones. En referencia a lo primero, los funcionarios judiciales pueden ser objeto de amenazas, presiones y demás formas de injerencia, poniendo en suspenso su apego a la Constitución y a la Ley, la cual puede terminar siendo reemplazada por los intereses de actores poderosos (léase organizaciones sociales, colectivos sindicalizados, asambleístas interesados en mantener cierta hegemonía regional o, inclusive, las propias autoridades judiciales que detentan los cargos más altos de la actual estructura del órgano judicial).

A nivel institucional, los órganos judiciales pueden también ver afectada su autonomía como producto de una reforma a su marco competencial o la congelación, descenso o retraso, en el desembolso de sus presupuestos, situaciones estas en que se limitan las condiciones de funcionamiento básico del aparato judicial y, por tanto, su capacidad para aplicar la Ley y resolver adecuadamente los conflictos.

En ese marco, como bien se reconoce en la definición de Naciones Unidas, la afectación de la independencia judicial puede provenir tanto de actores externos como internos al sistema judicial. Los actores externos pueden ser los otros poderes públicos o actores sociales poderosos como empresas, medios de comunicación, instancias internacionales, etc. A nivel interno, la independencia puede ser afectada por los superiores jerárquicos o las instancias encargadas del control de desempeño o disciplinario de jueces.

Estos actores, a su vez, pueden utilizar diversas estrategias para influir indebidamente en las decisiones judiciales o en el funcionamiento del órgano judicial, las cuales incluyen en determinados casos, intromisiones que siendo legales pueden terminar siendo abusivas. Entre las intromisiones claramente ilegales están la amenaza, la presión informal, la compra de decisiones, etc. Intromisiones inicialmente legales, pero finalmente indebidas, incluyen, entre otras, la reestructuración constitucional o legal de los periodos de los juzgadores, el traslado como mecanismo de represión, la afectación del régimen salarial o el abuso en los poderes de control disciplinario.

Por otro lado, uno de los mayores cuestionamientos realizados sobre la independencia judicial en Bolivia es el relativo a las facultades de los tribunales para poder hacer cumplir cabalmente sus resoluciones.

Al respecto, deben destacarse los procedimientos establecidos tanto en la Constitución como en la Ley que facultan a los órganos jurisdiccionales para constreñir a las autoridades gubernamentales al cumplimiento exacto de la decisión judicial y, en caso contrario, sancionar a la autoridad omisa.

Lo anterior se traduce en que los fallos pronunciados por el Órgano Judicial deben ser respetados escrupulosamente, porque éstos contribuyen a pacificar la sociedad, otorgan seguridad jurídica y son los instrumentos imprescindibles y excluyentes para lograr el respeto de los derechos humanos y, pese a las grandes limitaciones económicas de la judicatura, logran el gran objetivo de que los bolivianos –no obstante las grandes diferencias que se ve hoy por hoy– podamos avizorar días promisorios sobre la base cierta de la obediencia a sus instituciones.

En conclusión, las intromisiones a nivel de la persona de los administradores de justicia pueden ser antes de tomar una decisión o con posterioridad a la misma, pudiendo ser directas (a través de la amenaza) o indirectas (por medio de declaraciones públicas o presiones de los medios).

Una injerencia o presión indebida puede conllevar a la obtención de decisiones al margen de la Constitución y la Ley o peor aún, potencialmente puede poner en riesgo el adecuado ejercicio de la independencia, tanto para el funcionario afectado por ella, como en general para la administración de justicia.

Todo ello se traduce, necesariamente, en la pérdida de credibilidad del ciudadano en las nuevas instituciones judiciales, mucho más cuando se puede visibilizar ciertas tensiones generadas no solo entre magistrados titulares del Tribunal Supremo de Justicia, sino entre éstos y sus respectivos suplentes; tensiones entre magistrados del Tribunal Supremo y Magistrados del Consejo de la Magis- tratura, etc., la continuidad de estas relaciones tensas derivarán en el fracaso de las posibles reformas que se quiere llevar adelante y el desastre no será únicamente de las instituciones de la judicatura ni de las personas que la conforman, sino será una vergonzosa derrota para todos los bolivianos.

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