La Gaceta Jurídica

Trata y tráfico, delitos de lesa humanidad

Con el objetivo de promover un debate técnico y político, el 12 y 13 de mayo se realizó en Bogotá, Colombia, la Primera Cumbre Iberoamericana sobre Derechos Humanos, Migrantes y Trata de personas, con la participación de 28 defensores y defensoras del pueblo de América Latina, España y Portugal.

Los defensores replicarán en sus países las determinaciones y contenidos de la Declaración de Bogotá.

Los defensores replicarán en sus países las determinaciones y contenidos de la Declaración de Bogotá. Foto: cancilleria.gov.co

Redacción

00:00 / 19 de mayo de 2015

El informar sobre el encuentro, el portal e-consulta.com recordó que “la trata de personas es un delito grave de carácter transnacional, cuyo aumento desmedido afecta de manera sistemática, profunda e irreversible los derechos de las y los habitantes de los Estados, y su erradicación demanda la definición e implementación de estrategias globales”.

Al final de la reunión, el especta- dor.com reportó que en el marco de las reflexiones, los defensores asistentes concluyeron que la trata de personas debe ser declarada un delito de lesa humanidad en sus países.

En ese sentido, el defensor colombiano, Jorge Armando Otálora, explicó que al declarar estos delitos como de lesa humanidad no prescribirá la conducta ni habrá amnistía e indulto para quienes lo cometan.

Además, aseguró que es deber de los defensores que firmaron la Declaración de Bogotá darla a conocer en el sistema judicial de cada país e insistir para que sea reconocido este delito.

En su postura convocó “a los diferentes estados para que se combata desde esa óptica. Si hacemos eso tendremos consecuencias importantes (…) Sabemos que es desde otros países que se afectan y caen en el engaño porque les pintan un escenario para su futuro, por eso, lo ideal es que se le dé tratamiento de delito de lesa humanidad”.

Consideró que, si no se lo hace, los delincuentes podrían evadir la justicia, “cosa que es gravísima porque los autores pueden estar en países donde no hay extradición, entonces, fácilmente, dejan pasar un periodo de tiempo y ya prescribe la conducta”.

La cumbre fue organizada por la Federación Iberoamericana de Ombudsman (fio) y contó con la asistencia de otros expertos internacionales y fue inaugurada por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien destacó el papel de los ombudsman para promover políticas públicas que privilegien a las y los titulares de derechos y víctimas de su violación reivindicando sus derechos mediante la asistencia inmediata y reparación integral.

En el conjunto de temas estuvo el análisis acerca de la afectación que provocan la trata y el tráfico de personas a la integridad, dignidad y libertad de quienes sufren este flagelo y de la amenaza a las poblaciones que se encuentran en mayor vulnerabilidad, mujeres, niñas, niños, personas migrantes, indígenas, adolescentes y jóvenes.

Por Bolivia, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, participó con una ponencia sobre la responsabilidad que tienen las Defensorías del Pueblo en la lucha contra la trata y tráfico de seres humanos y las intervenciones que realiza la institución a nivel de políticas públicas y acciones directas.

El documento

Al finalizar la cumbre, los defensores firmaron la Declaración de Bogotá, documento que es transcrito a continuación.

Declaración de Bogotá de la Primera Cumbre Iberoamericana sobre Derechos Humanos, Migrantes y Trata de Personas,  de la federación iberoamericana del ombudsman (FIO)

Las instituciones que constituimos la Federación Iberoamericana del Ombudsman (fio), reunidas en Bogotá, República de Colombia, con motivo de la Primera Cumbre Iberoamericana sobre Derechos Humanos, Migrantes y Trata de Personas, a fin de enfrentar el riesgo de personas en migración, trata y tráfico ilegal de personas, declaran:

La trata de personas constituye un grave delito de carácter nacional y transnacional, que en su aumento desmedido afecta de manera sistemática, profunda e irreversible los derechos de las y los habitantes de los Estados, y que para su erradicación es necesario definir e imple- mentar  estrategias globales eficaces;

Existe una gran preocupación de los Estados por el flujo interno y externo de las personas, que ha generado el  establecimiento de diversas políticas de inmigración, que no resultan armónicas en materia de flujo migratorio;

La trata y tráfico ilegal de personas afectan la integridad, dignidad y libertad de las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad como mujeres, niños y niñas, personas migrantes, indígenas, etc.

Somos conscientes de la importancia que como Ombudsman tenemos para promover políticas públicas que privilegien a las y los titulares de derechos y víctimas de su violación reivindicando sus derechos a través de asistencia inmediata y reparación integral.

Por tales razones, nos comprometemos a:

Incrementar nuestros esfuerzos para conseguir que las políticas públicas de erradicación del tráfico ilegal de personas y la trata de seres humanos, pongan siempre en el centro a la persona, evitando aquellas actuaciones que, en su lucha contra estos delitos, olviden la protección y el derecho a la reparación de cada víctima. Instar a que los Estados cumplan los contenidos del Protocolo de Palermo, por medio de la implementación de políticas públicas con enfoque en Derechos Humanos, teniendo en cuenta la dimensión transnacional del delito y con una perspectiva de género.

Visibilizar que la migración no es una dinámica que atañe de manera exclusiva a la jurisdicción interna de los Estados sino que es una problemática que requiere de un abordaje holístico de derechos humanos.

Adelantar las acciones que sean necesarias para que dentro del ordenamiento jurídico se incorporen los principios internacionales de derechos humanos, que no criminalicen la migración y reconozcan la trata de personas como crimen de lesa humanidad en los términos del Estatuto de Roma.

Tener en cuenta, asimismo, la especificidad del fenómeno migratorio de personas de los pueblos originarios como así también la niñez migrante sin acompañamiento y de su situación de vulnerabilidad.

Impulsar la consagración por los Estados de los instrumentos que permitan la efectiva persecución de la trata de personas bajo el principio de jurisdicción universal, cuando este delito se estructure como de lesa humanidad en los términos del Estatuto de Roma.

Intensificar los esfuerzos para unificar estrategias de intervención, promoción, concienciación, sensibilización y defensa ante la sociedad y los poderes del Estado, articulando iniciativas de nuestras instituciones para incidir sobre la disminución de la trata y tráfico ilegal de personas.

La fio tiene la seguridad de que el cumplimiento de estos compromisos traerá consigo una mejor protección de los derechos de las víctimas de la trata de personas y particularmente de las y los migrantes de nuestra región, así como la participación de las víctimas en tanto son sujetos de derecho.

Dada en Bogotá, República de Colombia, a  los 13 días del mes de mayo de  2015.

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