La Gaceta Jurídica

Tribunal Constitucional, consulta de proyectos de ley

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Peláez G.

00:00 / 05 de abril de 2013

Se ha suscitado una polémica en torno a la que se ha calificado como “consulta de un proyecto de ley” enviado por el Senado Nacional al Tribunal Constitucional Plurinacional, en referencia a un tema por demás polémico como es el referido a la reelección del Presidente y Vicepresidente de la nación.

El tema se ha visto complicado por dos hechos: uno, la admisión de la consulta en el Tribunal Constitucional y la “impugnación a la consulta presentada” bajo el argumento de que la misma no cumple las condiciones y requisitos procedimentales que se señalan en la Constitución Política del Estado (cpe) y el texto del Código Procesal Constitucional.

Hagamos un análisis de esta temática. El artículo 202.7 de la cpe, al referirse a las competencias que corresponden al Tribunal Constitu- cional dice textualmente: “Las consultas de la Presidenta o del Presidente de la República, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal Agroambiental sobre la constitucionalidad de proyectos de ley. La decisión del Tribunal Constitucional es de cumplimiento obligatorio”.

Aquí valga la observación de que el término REPÚBLICA otra vez aparece como de “contrabando”, frente al reiterado de “Estado Plurinacional”.

Habrá que suponer, además, que al estarse nombrando a órganos colegiados del Estado, con capacidad o legitimidad para realizar la consulta, ésta deberá concretarse a través de sus respectivos personeros legales y previo trámite interno.

Este último detalle lo aclara el artículo 112 del Código Procesal Constitucional de 5 de julio de 2012, al decir que están legitimados para plantear la consulta el Presidente del Estado Plurinacional,  cuando se trate de proyectos de ley cuya iniciativa tiene origen en el Órgano Ejecutivo; el Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuando se trate de proyectos de ley, cuando fuera aprobada por resolución del pleno en la Asamblea Legislativa Plurinacional o de una de sus cámaras, por dos tercios de los miembros presentes”.

Para proyectos de ley en materia judicial, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal Agroambiental, previa aprobación por la Sala Plena respectiva.

No existe la necesaria y total correspondencia en los textos de la Constitución y de la Ley Especial. En efecto, el primero se refiere a la competencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (obviamente, a través de una decisión de ambas Cámaras que la componen) para decidir sobre la consulta, mientras que la Ley que aprueba el Código Procesal Constitucional le añade que aquella podrá ser aprobada por el Plano de la Asamblea Legislativa Plurinacional o de una de sus cámaras.

El artículo 163-5 de la cpe, al referirse al procedimiento legislativo, nos dice que “el proyecto aprobado por la cámara de origen (que puede ser de Diputados o Senadores) será remitido a la Cámara Revisora para su discusión…”

Lo anterior equivale a decir que en el momento en que la cámara de origen ha concluido el debate respectivo, puede hablarse con propiedad de un proyecto de ley con todas sus  características. Es obvio que éste debería ser el momento para que aquél, si existen dudas sobre su constitucionalidad, sea enviado en consulta al Tribunal Constitucional.

Es aquí donde surgen las dudas sobre la parte procedimental. Sólo la Cámara de Senadores “aparece” como Cámara de Origen en cuanto al texto de una ley nueva que hace referencias motu-propio a la reelección de los primeros mandatarios del país y, también de antemano, la califica de “legal” desde el momento que se aprueba el texto del proyecto de ley.

¿De dónde nace el conflicto sobre la presunta inconstitucionalidad? Pues del texto de la disposición transitoria primera (II) de la cpe en vigencia. El proyecto de ley enviado en consulta ya ha agotado los argumentos para que esa disposición no se aplique o se permita la correspondiente reelección. No vamos a entrar al fondo del tema que nos llevaría al análisis de la aplicación o no de aquella disposición transitoria, pero, nos preguntamos, ¿es posible que un texto constitucional acabe siendo por sí mismo inconstitucional?

El artículo 202 de la propia cpe nos habla de “los asuntos de puro derecho sobre la constitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos y de todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales…”

¿Cómo puede abrirse el camino para consultar sobre la inconstitucionalidad de un texto constitucional? Por tanto, en este caso en concreto no estamos frente a los hechos previstos en el artículo 202 de la propia cpe, sino más bien en un caso de “interpretación del texto constitucional”, caso previsto en el artículo 2 del Código Procesal Constitucional.

Nos parece que la Cámara de Senadores se ha apresurado al asumir esa función y, al intentar interpretar el texto constitucional, no puede, a su vez, mostrar dudas y acabar resolviendo efectuar una consulta al Tribunal Constitucional por si acaso. Nos interrogamos, si el Tribunal, una vez resueltos varios detalles procedimentales, declararía que los primeros mandatarios del país no están habilitados para su reelección, ¿éstos acatarán el fallo?

Finalmente, según el artículo 202-5 de la cpe se impugna la consulta, pero, en realidad, se cuestiona la competencia del Senado para que, a través de lo que vendría a ser una Resolución Camaral, se decida por una consulta que debiera tener otro procedimiento. De esta forma, el Tribunal Constitucional ha quedado contra la pared, pero es de esperar que sus fallos despejen las muchas incógnitas que se han abierto.

Es abogado, analista constitucional.

Espere…

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