La Gaceta Jurídica

Tribunal Supremo y Consejo de la Magistratura

Realidades jurídicas

Gabriel Peláez G.

00:00 / 15 de noviembre de 2015

La reciente renuncia formulada por el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (tsj) y las declaraciones expresadas por la Presidenta del Consejo de la Magis- tratura nos han mostrado un panorama de evidente distanciamiento entre am- bas instancias del Órgano Judicial.

El primero destacó que el Consejo ha puesto obstáculos en muchos casos, en relación a proyectos y programas del máximo tribunal de justicia del país cuando debería haber ocurrido justamente lo contrario.

Poco después, la Presidenta del Consejo de la Magistratura enunciaba críticas a los integrantes del Tribunal Supremo, llegando al detalle al señalar que aquéllos cometían actos de indisciplina, por ejemplo, al no “marcar” las tarjetas que comprobaban su asistencia al trabajo. Además que varios ministros del interior del país se ausentaban de Sucre cada jueves para retornar recién al mediodía del lunes próximo.

En cuanto a esta última parte, nos apresuramos a indicar que para nosotros se trata de aspectos formales y la justicia no va a mejorar con marcar o no marcar tarjetas de asistencia. Además, el inciso II del artículo 195 de la Constitución Política del Estado (cpe) no parece referirse al control disciplinario, sino a partir de los vocales de las cortes superiores. Someter a ese detalle a ministros del Tribunal Supremo de Justicia nos parece quitarles toda jerarquía.

Es más preocupante lo señalado por el ex Presidente del Tribunal Supremo, porque lo denunciado por esta autoridad no hace más que reflejar no solo una total falta de coordinación entre dos instancias superiores del Órgano Judicial, sino una total diferencia de objetivos y finalidades.

El artículo 181 de la cpe dice: “El Tribunal Supremo de Justicia (antes Corte Suprema de Justicia) es el máximo tribunal del a jurisdicción ordinaria…”

Esto implica que existirán otras “jurisdicciones”, aunque el artículo 179 de la misma Constitución afirma que “la función judicial es única”. El artículo siguiente detalla qué se entenderá por “jurisdicción ordinaria”. Señala nada menos que quince PRINCIPIOS de aquella, la mayor parte de los cuales casi nunca se cumple en la práctica.

A su vez, el artículo 193 señala: “El Consejo de la Magistratura es la instancia RESPONSABLE del régimen disciplinario de la jurisdicción ordinaria… (¿abarcará, por tanto, al Tribunal Supremo?) y añade: “la fiscalización de su manejo administrativo y financiero y de la formulación de sus políticas de gestión…”.

Entendamos por “gestión” a la serie de actuaciones destinadas al logro de objetivos públicos o sea de interés del Estado.

Es bueno, por tanto, recordar estos artículos constitucionales ya que los mismos definen las competencias fundamentales de ambas instancias.

El texto constitucional citado, al que podemos añadirle el artículo 184 sobre las atribuciones del Tribunal Supremo, no parece sino estrechar el marco de sus competencias a temas estrictamente relacionados con la atención de procesos en su calidad de Tribunal. El resto de las atribuciones diversas del Órgano Judicial están encomendadas (menos las relativas a determinados procesos) al Consejo de la Magistratura.

Es necesario precisar que, según la parte final del artículo 193 ya citado de la cpe, la “formulación de políticas de gestión son parte de las atribuciones básicas de aquel Consejo. Se supone, por lo tanto, que correspondería a aquél encabezar las gestiones que se relacionan con la función de administrar justicia como ocupación fundamental del Estado.

El Presidente renunciante del Tribunal Supremo ha hecho referencia a gestiones, supuestamente, entrabadas por el Consejo. Insistimos en que esa responsabilidad se encuentra en primera línea como parte de las atribuciones de este último, consiguientemente, más que del Tribunal Supremo.

Como consecuencia de este panorama, que tampoco favorece la conflictiva situación de la administración de justicia, se ha escuchado voces planteando la supresión del Consejo, en un supuesto reconocimiento a su fracaso institucional.

Pensamos sobre el tema que quizás este no sea el momento para la adopción de medidas terminantes que habrá que adoptarlas cuando las aguas vuelvan a su cauce. Hay demasiadas posturas atrincheradas. Hay demasiada inquina y, cuando estamos frente a un panorama así, las “soluciones” pueden acabar siendo peor remedio que la enfermedad.

Habrá que admitir que este panorama es, sin duda, parte de la grave crisis que vive el Órgano Judicial, tanto de carácter estructural como en el cumplimiento diario de su función básica de administrar justicia.

Precisamente, por eso, tiene que enfrentarse esa crisis dentro de una visión integral. Estos detalles que nos hemos permitido apuntar son solamente pequeñas muestras de todo, pues el tema es mucho más vasto.

Si queremos que, finalmente y en tiempo relativamente corto, se llegue a la tan anunciada “cumbre o cumbres judiciales”, primero aquietemos los ánimos, dejemos a un lado los muchos reproches recíprocos, olvidemos las acusaciones mutuas que no nos conducen a nada.

El marcar tarjetas o trabajar unos más y otros un poco menos siguen siendo aspectos formales. De otra manera, cerremos el debate actual con ese otro simplismo de un magistrado al decir “lo que es yo, me debo al pueblo”. ¿Qué tal?, qué manera de contribuir a la solución de la crisis.

Renovemos nuestras convicciones.

Actualicemos nuestros aportes, sin prejuicios.

*    Es abogado residente en Sucre, analista de la Constitucionalidad y ensayista.

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