La Gaceta Jurídica

Tutelaje del control y jurisdicción constitucional

El proyecto de la Ley del Código Procesal Constitucional fue aprobado en detalle por el pleno de la Cámara de Diputados este miércoles 16. El documento sufrió modificaciones de forma y no de fondo y ahora será discutido y sancionado en el Senado. Al respecto, asambleístas del oficialismo consideraron que se trata de una norma histórica.

El documento inicial mantuvo su contenido inicial en Diputados, ahora le toca debatir al Senado.

El documento inicial mantuvo su contenido inicial en Diputados, ahora le toca debatir al Senado. Foto: ABI.BO

La Gaceta Jurídica / Raúl Morales Romero

00:00 / 18 de mayo de 2012

La diputada oficialista Mireya Montaño señaló que la norma aprobada en dos instancias en la Cámara Baja resalta la figura de la acción popular y privacidad en remplazo del hábeas data que hasta ahora figuraba y los plazos procesales que serán en menor tiempo.

El planteamiento de las apelaciones no tendría el procedimiento anterior. La acción de libertad (antes hábeas corpus), puede ser planteada por cualquier persona o por el imputado, no siendo necesario contar con un profesional abogado, restituyendo las garantías constitucionales de las personas de forma inmediata.

En materia de  plazos, el Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp) tendría 30 días para resolver los recursos y saber si el dictamen es favorable o rechazado. Por otro lado, el Código no afectaría leyes o normas judiciales, sólo modificaría a los recursos constitucionales, afirmó Montaño.

También establece las formas procesales para llevar a cabo las consultas autonómicas, teniendo el tcp la venia para revisar las Cartas Orgánicas y admitir el desarrollo del referéndum.

Dijo que con la nueva norma se tendrá menos carga procesal reduciendo los plazos en los recursos de libertad, acción popular y acción de cumplimiento.

Asimismo, la agencia abi informó que entre los principales cambios a la norma está la inclusión de un artículo que determina que la acción de inconstitucionalidad podrá ser presentada, por una sola vez, y en cualquier estado de la tramitación del proceso judicial o administrativo.

Por otra parte se limita que en los juicios de constitucionalidad, pueda haber normas acusadas de inconstitucionales. En esa misma línea se incluyó una disposición transitoria que hace mención al periodo de funciones del presidente del Tribunal Constitucional, que será computado a partir de la instalación de dicho Tribunal.

Antecedentes del debate

Antes de la aprobación, el pleno de la cámara diputados culminó en primera instancia en grande el análisis del proyecto que permitirá regular los procesos constitucionales ante el tcp, así como la defensa ante los  jueces y tribunales competentes.

Según el informe que anteriormente emitió la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral la importancia de esta norma radica en la efectividad de la justicia constitucional que tiene su sujeto en la propia norma.

Propuestas técnico legislativas

Para la diputada opositora Norma Piérola, quien presentó observaciones al pleno de la Cámara Baja para su consideración en la modificación de la redacción, era necesaria la adecuación para precautelar posteriores interpretaciones irregulares que demuestren postergación de varios temas legales constitucionales.

Por ejemplo, en el artículo segundo referido a la  interpretación constitucional cuando las magistradas y los magistrados del tcp en su labor interpretativa aplicaran, con preferencia, la voluntad del constituyente de acuerdo con sus actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto.

Complementariamente, podrán aplicar la interpretación sistemática de la Constitución y la interpretación según los fines establecidos en los principios constitucionales. Segundo, los derechos reconocidos en la Constitución, de acuerdo con los tratados y convenios internacionales de derechos humanos ratificados por el país, cuando éstos prevean normas más favorables.

Según Piérola, la interpretación constitucional tiene como objeto establecer una alternativa de solución razonable y acorde con el sistema constitucional respecto de la aplicación de una norma constitucional en un caso concreto. En ese sentido, un método de interpretación en materia constitucional, no tiene únicamente un carácter “complementario”, sino también de aplicación “alternativa” según lo requiera el juez o tribunal constitucional con el fin de impartir justicia material.

Para el artículo 3 la propuesta modificatoria era que las magistradas y los magistrados del tcp, así como las juezas, los jueces y tribunales, a tiempo de impartir justicia constitucional se regirán por principios de conservación de la norma. En los casos en que una ley admita diferentes interpretaciones, el Tribunal Constitucional optará por la interpretación que sea compatible con el texto constitucional.

Para la Asambleísta opositora el descarte de la interpretación que no es compatible con la Constitución se dará por consecuencia lógica por lo que no es necesaria describirla. Gratuidad que garantiza el acceso a la justicia constitucional, en igualdad de condiciones para toda persona que acuda a ella. El tcp se declara independiente de los otros órganos del poder público y únicamente se subordina a la Constitución.

En el pluralismo jurídico que reconoce la coexistencia de diversos sistemas jurídicos a momento de impartir justicia constitucional, en el marco de la unidad de la Constitución Política del Estado (cpe).

Por lo tanto, se sugirió incluir las modificaciones toda vez que se constituyen en la garantía materia tanto en el acceso igualitario a la justicia constitucional como también en la determinación de la independencia del Tribunal Constitucional, añadió Piérola.

“La inclusión del pluralismo jurídico significa el desarrollo del régimen constitucional que constituye la coexistencia de diversos sistemas jurídicos que deberán ser tomados en cuenta a momento de razonar una sentencia constitucional o impartir justicia constitucional”.

En el artículo 9 de medidas cautelares se propuso que el tcp, los jueces o tribunales de garantías constitucionales, de oficio o a petición de parte, podrán determinar las medidas cautelares que consideren necesarias.

Las medidas cautelares no pueden ser solo una facultad del Tribunal Constitucional, sino de todos los jueces y tribunales de garantías constitucionales, los que deberán contar con la potestad de aplicar estas medidas a tiempo de admitir las acciones de defensa o durante su tramitación con la finalidad de evitar que los actos, decisiones u omisiones ilegales denunciadas puedan ocasionar daños irreparables o irremediables, manifestó la diputada Piérola.

Causas de excusa

En el artículo 20, referido a este tema, se propuso la modificación de tener relación de compadre, padrino, ahijado u otra proveniente de una celebración tradicional o costumbrista, con alguna de las partes.

La asambleísta explicó que si bien los términos de “compadre, padrino y ahijado” no han sido definidos por lo que se consideran de interpretación difusa dentro la nomenclatura jurídica; el espíritu de la norma no deja de ser válido, dado la evidente presencia de éste tipo de relaciones sico-sociales.

A esto habría que acotar que estas relaciones no siempre son fruto de matrimonio o bautismos, sino responden a innumerables actividades con peculiares características según cada región del país.

Legitimación activa

Para este aspecto incluido en el artículo 52 se planteó la modificación de la Procuraduría General del Estado (pge) únicamente para los casos de vulneración de las garantías constitucionales judiciales.

La acción de Amparo Constitucional protege los derechos fundamentales cuyos titulares son las personas naturales, puesto que el Estado no tiene derechos fundamentales; cuando más se podría afirmar que las entidades públicas que intervengan en un proceso judicial sean afectadas en sus garantías constitucionales judiciales, aseveró la Asambleísta proponente.

En el artículo 69 sobre Legitimación activa, el PROYECTO

Señalaba que la acción podrá ser interpuesta por toda persona natural o jurídica, por sí o en representación de una colectividad, que considere violados o amenazados derechos o intereses colectivos señalados en el artículo anterior, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, con carácter obligatorio, cuando por el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de esos actos y la pge. Propuesta modificatoria

La asambleísta argumentó que en la naturaleza de esta acción tutelar no está reconocida la legitimación activa al Procurador General del Estado, pues, si mediante la Acción Popular se protegen los derechos e intereses colectivos, entonces el Estado no tendría necesidad alguna para plantear una acción popular, porque la titularidad de los derechos colectivos pertenecen a los miembros de la colectividad y no al Estado.

Finalmente, para el artículo 111, se propuso que los legitimados para realizar consultas sobre la constitucionalidad de proyectos de ley son: la presidenta o presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tratándose de proyectos de ley, cuando fuere aprobada por Resolución del Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional o una de sus cámaras, por mayoría simple de los miembros.

La opositora aseveró que la votación cualificada de dos tercios resulta exagerada para viabilizar una consulta, lo cual podría impedir que se someta a control preventivo un proyecto de Ley; lo cual no es razonable, ya que la finalidad del control preventivo es evitar el nacimiento de una Ley que sea contraria a la Constitución, que luego será retirada del ordenamiento jurídico por la vía de la acción de inconstitucionalidad con graves consecuencias jurídicas. Por lo referido es recomendable mantener la votación de la simple mayoría.

Todavía varios aspectos serán discutidos en la cámara de Senadores para la definición del Código Procesal Consti- tucional de Bolivia.

Espere…

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