La Gaceta Jurídica

Universidades y gobierno

…las tareas que en conjunto deberían efectuarse, no pueden quedarse en el simple enunciado, deben hacerse realidad. Pero, para que esto último suceda, no basta una normativa aunque sea seguida de buenas intenciones.

La Razón (Edición Impresa) / Gabriel Peláez G.*

00:00 / 07 de febrero de 2016

A raíz del último y extenso discurso-informe divulgado por el Presidente del Estado Plurina-cional, se nos ocurre que sigue existiendo un tema básico que permanece ausente de la temática general. O sea, ese tópico es soslayado y no existe lo que podría llamarse una política de Estado en referencia a las universidades y lo que debería tener una relación fundamental y permanente con los distintos organismos del Gobierno en sus diferentes niveles.

La Constitución Política dedica bastantes textos a la materia que llama Educación Superior a partir del artículo 91.I (Sección II del Título Sexto).

El artículo 92 reitera la autonomía de la universidad pública. El artículo 93 destaca la obligación del Estado de subvencionar a las universidades públicas.

A su vez, en el inciso III de ese mismo artículo la Constitución destaca un confuso panorama sobre la rendición de cuentas de las universidades. El inciso IV dice: “Las Universidades Públicas, en el marco de sus Estatutos, establecerán programas de desconcentración académica y de interculturalidad, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ESTADO Y DE LAS NACIONALES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS”.

El inciso V señala que “el Estado, en COORDINACIÓN CON LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS, PROMOVERÁ EN ÁREAS RURALES LA CREACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE UNIVERSIDADES E INSTITUTOS COMUNITARIOS PLURINACIONALES…”

A su turno, el artículo 95 detalla varias obligaciones de las universidades públicas, pero la realidad nos dice que aquellas quedan en el enunciado, porque no son cumplidas. Tal cosa ocurre con la creación de universidades e institutos “comunitarios plurinacionales”. Admi-timos que las universidades públicas han ido descentralizando sus propias carreras y lo han hecho sobre la base de sus propios criterios.

Por otra parte, siguiendo el texto constitucional, cabe preguntar ¿qué debe entenderse por “desconcentración académica y de interculturalidad”?

En lo que entendemos, queremos insistir en que la comunidad o la sociedad en general deben aparecer como las beneficiadas con las actuaciones que en forma separada o en forma conjunta ejecuten las universidades y el Estado.

Volvemos a preguntarnos, ¿existe, al menos, el propósito de crear mecanismos destinados a hacer realidad una tarea conjunta sobre metas preestablecidas? No lo hay.

Por eso, cuando por excepción se produce la firma de algún convenció o acuerdo separado entre una universidad pública e, incluso, privada y algún ente del Estado en sus diversos niveles, a todos nos llama la atención. Tratamos de encontrar alguna explicación porque, sencillamente, estamos buscando tres pies al gato.

Además, la vez que una acción de ese tipo se concreta, es en forma aislada.

Teniendo en cuenta la naturaleza muy propia de una universidad como centro de formación de profesionales, como centro de investigación, de pluralismo socio-político y de renovación de ideas, se hace evidente que el Estado, a través de sus múltiples organismos, no puede prescindir de aquella. Por el contrario, surgen múltiples temas en los cuales una tarea conjunta o, por lo menos, coordinada aparece como imprescindible.

Definitivamente, las tareas que en conjunto deberían efectuarse, no pueden quedarse en el simple enunciado, deben hacerse realidad. Pero, para que esto último suceda, no basta una normativa aunque sea seguida de buenas intenciones.

Tenemos que recordar que las universidades, en muchos casos, son las más llamadas a intervenir y no solo en forma tangencial o de vez en cuando. Su intervención es, absolutamente, imprescindible.

Pero es una lástima, y no solo ahora, que generalmente detalles de tipo ideológico hayan estado separando la opinión de ambas partes. Peor si recordamos lo sucedido en regímenes dictatoriales donde la universidad pública se convirtió en enemiga de aquéllos. Recordemos, incluso, que durante el primer gobierno tras la revolución del mnr las universidades públicas fueron violentamente ocupadas por milicias populares de aquel partido.

Volviendo a la actualidad –y dejando a un lado posturas demasiado verticales–, no cabe duda que en esta última década el régimen de gobierno ha impuesto algunas modificaciones trascendentales en los campos socio-político y económico-financiero.

¿Cuál ha sido en relación a aquellos cambios el papel que ha jugado la universidad pública? No es necesario llevar adelante un estudio para encontrar la respuesta. Su papel ha sido prácticamente inexistente.

No estamos negando la participación, a veces importante, que han tenido algunos docentes universitarios, pero esto fue como individualidades. Nosotros tratamos de encontrar la participación colectiva, institucional.

Fuera de aquella situación, estaríamos hablando de acciones concretas que hayan tenido su origen en propósitos comunes. Que tengan una finalidad de beneficio para el país.

Ese detalle pudo haberse manifestado, por ejemplo, en ocasión del proceso de la Asamblea Constituyente. Nunca existieron los ribetes que anotamos, menos en la temática siempre compleja de la administración de justicia.

En relación, se anuncia que este tema se va a obligar a la convocatoria de una Cumbre Judicial o quizás de varias. Frente al penoso panorama que observamos en relación a este problemática, se hace urgente que, no solo la universidad pública, sino, incluso, las privadas, deben tener una clara participación en la búsqueda de soluciones.

La tarea de los institutos superiores, sobre todo de los de Derecho es insoslayable. Ojalá que desavenencias de nuevo ideológicas no lleven al gobierno a una actuación solitaria.

*    Es abogado, analista de la constitucionalidad y ensayista.

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