La Gaceta Jurídica

Verificación de la situación de detenidos preventivos

Visita de CIDH

Las cárceles del país tienen tras sus rejas a una gran mayoría de internos e internas sin sentencia.

Las cárceles del país tienen tras sus rejas a una gran mayoría de internos e internas sin sentencia. Foto: vimeo.com

Periódico Digital Pieb

00:00 / 14 de noviembre de 2014

El país tiene en las cárceles al 84% de sus presos sin sentencia, es decir, técnicamente inocentes. La respuesta del gobierno fue emitir una ley de descongestionamiento del sistema penal e invitar al Relator sobre Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) para ver los intentos de solución del problema.

Al respecto, el director de Fundación Construir, Ramiro Orías, explicó que la detención preventiva en las cárceles es de alta preocupación porque alcanza al 84% de privados de libertad sin condena o sentencia, esta situación ubica al país en una posición “peor que Haití, El Salvador u Honduras, donde tienen problemas estructurales a nivel de sus regímenes penitenciarios”.

La Comisión es consciente de este problema y ha emitido recomendaciones para remediarlo. “El país podría desarrollar un plan nacional para la reducción de la prisión preventiva y el hacinamiento. Estamos frente a un gran problema pero no hay una política pública focalizada para atender este problema; si bien se ha propuesto medidas en el Poder Judicial desde el Órgano Legislativo, como el descongestionamiento del sistema penal, el problema no es solo de congestión, tiene que haber una reforma institucional, una reforma en la forma de gestionar la justicia, se tiene que reformar presupuestariamente; (se debe hacer) un análisis de capacidades de número de jueces, fiscales, defensores públicos, su distribución, cuántas causas atienden y despachan cada una de estas organizaciones, dónde se requiere dosificar los recursos escasos del sistema de justicia”, dijo Orías.

Justamente un último paso para paliar el problema de la alta tasa de detención preventiva es la Ley 586 de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, que elimina la designación de jueces ciudadanos, propone multa para “abogados chicaneros” y ordena el archivo de casos sin movimiento por más de un año, entre algunos elementos.

Para Orías, se trata de una solución “bastante simple frente a la complejidad y las múltiples dimensiones del problema”, como en el caso de la falta de gerenciamiento en la notificación a los jueces ciudadanos (solucionada con la eliminación de ese mecanismo) y la reducción de la detención preventiva a 24 meses (salvo para algunos delitos a los que se deja con detención provisional indefinida).

“Seguimos con plazos dilatados. Una vez que el fiscal cumple con su tarea de imputar, en la generalidad de casos, los dejan archivados, encarpetados, esperando y no hay plazo para que concluya la investigación, otra recomendación que se ha hecho al Estado boliviano es que cuando el fiscal solicita detención preventiva diga necesito 6 ó 9 meses, porque es complicado, si el estado falló en ese plazo en concluir la investigación, el imputado tiene derecho a recuperar su libertad para defenderse en libertad, que es lo que establece el estándar internacional de presunción de inocencia”, manifestó.

Pero, ¿no es positivo restringir el paso a los “abogados chicaneros”?, sobre esto, Orías explicó que “parecería que el problema de retardación de justicia radica no en cómo está respondiendo el Estado, sino en cómo los abogados están haciendo uso dilatorio de los instrumentos de defensa. Aquí podemos ver que se gana y que se pierde. Podemos ganar efectividad pero a costa de las garantías constitucionales donde se establece el derecho a la defensa amplia y con un abogado de confianza, y en esta ley se va a restringir los medios de defensa e inclusive se puede sancionar al abogado y el imputado va a perder el abogado de confianza, por tanto, eso también es contrario a estándares internacionales de derecho a la defensa”.

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