La Gaceta Jurídica

Vicios de lenguaje en el nuevo Código Procesal Civil

El Señor Justicia

Carlos Conde Calle

00:00 / 03 de julio de 2015

A esta altura de los hechos podemos afirmar que el nuevo Código Procesal Civil, en el 90%, es copia del Código Modelo Para Iberoamérica y, por supuesto, del Anteproyecto de Código Procesal Civil producido en la época de René Blattman, en 1997. Los proyectistas del nuevo código escribieron algunos artículos, pero son abstrusos, confusos y carecen de una construcción gramatical limpia (claridad conceptual).

Antes de citar algunos casos, amable lector, le pido que lea algunos libros de autores con la doble cualidad de juristas y estudiosos de la Lingüística. Citemos, otra vez, las Reglas de estilo de Amado Adip, quien sostiene que “el gran jurista Alfredo Colmo (civilista argentino) nos recuerda en su libro La Justicia que el lenguaje jurídico que no tienda a ser popular, sin degenerar en vulgar y chabacano, tiene que ser un mal lenguaje. Tendrá propiedad técnica, gramatical o lo que fuere para que resulte efectivamente castellano y casto, sin llegar por eso al rebuscado alambicamiento de vocablos desusados o culteranos”.

No hay que olvidar nunca que el abogado es un NARRADOR. Su tarea es narrar hechos que normalmente no le consta (no los ha visto personalmente). Sin embargo, su labor consiste en traducir, verbalmente o por escrito, los hechos narrados por sus clientes. El conjunto de los dispositivos legales es un cúmulo de signos, que todo buen legislador debe observar.

El lector abogado o estudiante de leyes podría, legítimamente, denostar la columna arguyendo que el LENGUAJE es ajeno al DERECHO. Se equivoca. En esta oportunidad, citaremos algunos estudiosos de la lengua, que, a su vez, son juristas. Adip, es uno de ellos.

Quiero referirme ahora a Karl Olivecrona, quien, en su libro Lenguaje jurídico y realidad, aporta notables argumentos para dar cuenta del vínculo irremisible entre Derecho y lenguaje. En la obra sostiene que “el propósito” de todas las disposiciones jurídicas, pronunciamientos judiciales, contratos y otros actos jurídicos es incluir en la conducta de los nombres y dirigir de cierta manera.

El lenguaje jurídico es considerado, en primer lugar, un medio para ese fin. Es un instrumento de control social y de comunicación. El mismo autor afirma que “...el lenguaje no puede ser desordenado. Hay ciertas reglas que gobiernan su uso. Para que una promesa de pagar una suma de dinero sea jurídicamente relevante tiene que llenar los requisitos que impone el Derecho”.

Por tanto, las leyes, por ejemplo, deben ser descriptivas y fundamentalmente PRESCRIPTIVAS. El autor concluye que “cuando usamos este lenguaje parece que nos moviéramos en una esfera de la realidad diferente del mundo sensible. Sin embargo, esto no molesta en lo más mínimo a los juristas y los legos (...). Asimismo nadie se preocupa por plantear ninguna cuestión referente a la conexión del lenguaje jurídico con la realidad”. Lo que quiere decir que, pronto, abogados y estudiantes de leyes deben preocuparse por escudriñar el lenguaje. Las leyes, como categoría imperativa, están hechas de signos (palabras). Los contratos constituyen una circulación de significantes. El mundo del lenguaje es fascinante.

Quiero citar a otro autor, Astrid Gómez. En su libro Análisis del lenguaje jurídico nos ayuda de manera inconmensurable a inteligir la trascendencia del lenguaje en el campo del Derecho. El autor cita El curso de lingüística de Ferdinand de Saussure y afirma que “el lenguaje es, pues, un sistema de reglas de formación y de transformación. La teoría general del lenguaje se denomina Semiótica: Por eso para él... se destaca que así como las palabras denotan cosas y designan características. LAS PALABRAS denotan estado de cosas y designan las características que deben estar presentes para que la narración pueda ser aplicada a esos estados de las cosas (ánimos diríamos nosotros)”.

Esto nos conduce a sostener que cualquier artículo de un código debe contener oraciones y frases que al final se traducen en párrafos. Como los dispositivos legales tienen artículos, estos deben, en lo posible, expresar lo siguiente: una frase, un pensamiento, una idea una oración, un párrafo una intensión. No hay esto en los textos legales. El nuevo Código Procesal Civil, en los pocos artículos que fueron reescritos, adolece de vicios insubsanables. Astrid Gómez sostiene: “Oración. Se puede afirmar que se llama así a un conjunto de palabras relacionadas entre sí, de acuerdo con ciertas reglas gramaticales y que tiene como estructura un sentido” (sic). Este autor dice que una parte de los juristas utiliza términos con la pretensión de que constituyan un lenguaje especializado y que dichos términos son susceptibles de una definición altamente precisa”.

Por tanto, el lenguaje jurídico, además de ser especializado, debe ser lo más preciso posible. Normalmente, esto desemboca en los conceptos, que no es lo mismo que una definición; el concepto muestra la mayor cantidad de atributos del objeto representado y la definición es un concepto completo, no se escape nada al mismo (lo que humanamente es imposible). El nuevo Código Procesal Civil adolece de un manejo poco serio de los conceptos.

En este repaso de autores juristas y estudiosos del lenguaje, no puedo omitir al notable cochabambino Carlos Walter Urquidi, quien, en sus Gramatiquerías, en serio y en broma, enseña a los abogados el uso correcto del lenguaje (que Saussure llama HABLA). El libro anota: “el art. 1291 dice: el documento hace fe entre las partes... siempre y cuando”, Urquidi critica y dice: “La oración pretende ser elíptica, pero es simplemente incorrecta. Desde luego, no deben construirse dos adverbios de tiempo, uniéndolos por conjunciones (...) lo correcto sería siempre que y la palabra ‘cuando’ sale sobrando”. También sostiene “art. 433 por incompetencia notoria en la materia a dictaminarse cuando lo correcto es, ‘por dictaminarse’”.

Pero veamos el nuevo código, el art. 68.II está redactado así: “en caso de utilizarse el castellano u otro idioma e intervenir (lo correcto es interviene) en el proceso, quien no conozca éste, la autoridad judicial nombrará una traductora, traductor o intérprete, según las circunstancias, sin más trámite”. Esto último es innecesario, esto es: “Según las circunstancias, sin más trámite”, que resulta innecesario y abulta el texto.

Congruentes con la Constitución Política del Estado (cpe), los proyectistas utilizan con frecuencia los artículos “él” o “ellos”, que pasan por pronombres. En esto prefiero eludir el debate. En todo caso, si el lector revisa el art. 68.I omite el femenino de ABOGADAS, solo cita el masculino; lo propio pasa con el nombre JUEZ, que también acepta el femenino de JUEZA.

El art. 117 es confuso y, cuando menos, encierra dos pensamientos que, mínimamente, debían ser expresados en dos oraciones. Veamos: “La citación como acto procesal de comunicación, tiene por objeto poner en conocimiento de la parte demandada la existencia formal de la demanda para que esté a derecho. Quién debe estar a derecho”.

Mejor así: “La citación tiene por objeto comunicar al demandado la primera acción jurisdiccional”. Que el demandado este o no ha derecho es una facultad de él. Lo propio pasa con el art. 165.II, cuando dice: “concluido el interrogatorio las partes, por intermedio de sus abogados o abogadas podrán solicitar ACLARACIÓN A LAS RESPUESTAS”. ¡Que yerro! No se puede ni debe pedir aclaración a las respuestas.

Sigue: “siempre por intermedio de la autoridad judicial que durante el acto podrá formular a su vez las preguntas que estimase convenientes”. Era prudente realizar un corte y construir una nueva oración que diga “La autoridad judicial podrá interrogar para esclarecer los hechos”.

Seguimos, el art. 315 tiene la siguiente redacción: “Las medidas cautelares se decretarán SIN AUDIENCIA de la otra parte (III).” ¿Las medidas cautelares se decretan con audiencia? No, se decretan con y sin conocimiento de la otra parte. Terminemos. El manejo conceptual es también impreciso. El art. 1 num. 6 dice: “Concentración. Determina la CONJUNCIÓN” ¿Qué es eso?, de la actividad procesal el menor número de actos para evitar su dispersión (!!!).

El código modelo para Iberoamérica tiene esta redacción: “los actos procesales deberán realizarse sin demora tratando de abreviar los plazos cuando faculta para ello por la ley por acuerdo de partes y se concentran el mismo acto todas las diligencias que sea menester realizar” (sic.).

En conclusión, en el nuevo código, el lector advertirá que los pocos artículos que fueron reescritos por nuestros proyectistas adolecen de vicios lingüísticos insubsanables. El resto es copia del Có- digo Modelo. Hasta el presente, sus autores no han respondido a Mario Cordero Miranda ni a Enrique Díaz Romero.

Es experto en Derecho Privado.

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