La Gaceta Jurídica

Violencia en ciernes

…recién se plantea del diálogo como resolución de conflicto en una tendencia que busca el convencimiento de que el proyecto es viable y debe realizarse a como dé lugar, no otra cosa demuestra la campaña mediática que anuncia la consulta en tono direccionado y referido más al plan que al mecanismo aplicado a destiempo.

La Gaceta Jurídica

00:00 / 24 de abril de 2012

Hasta el cierre de esta nota editorial, sigue en pie la realización de la ix Marcha Indígena y segunda en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), que partirá mañana con la intención de llegar a la sede de gobierno en protesta contra la construcción de una carretera a través de esta región protegida constitucionalmente.

Pese a las horas faltantes, la violencia se ha desencadenado el fin de semana y las amenazas contra los marchistas se han agudizado ante pleno conocimiento del gobierno.

Entre los actos protagonizados por presuntos simpatizantes del partido Movimiento Al Socialismo (mas) se encuentra la intimidación de que la marcha no pasaría por San Ignacio de Moxos, población ubicada en el trayecto hacia Chaparina, lugar previsto para que los marchistas partan a pie y donde se produjo la represión policial a la columna indígena en septiembre pasado mientras se cumplía la viii Marcha. También se atropelló la libertad de expresión porque en días pasados partidarios de la construcción de la vía intervinieron la transmisión de la radio comunal Arrairru Sache porque su director, Gregorio Nuni, difundió los votos resolutivos de los indígenas, acción delictiva que la Fiscalía y el Ministerio de gobierno deben investigar y sancionar.

Además, es lamentable que representantes de la administración gubernamental se desentiendan del tema sabiendo que el rechazo a la construcción de la carretera es expresión de las facultades que tienen los pueblos de la región como parte de la autonomía indígena y la autogestión en estos temas. En este sentido, según publicaciones de prensa, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, asumió que los “sectores en conflicto dialoguen”, desentendiendo la responsabilidad por un problema iniciado en el desacato a la Constitución Política del Estado por parte del propio gobierno; Quintana señaló una invocación “a que cualquier expresión o manifestación de protesta contra la marcha, en este caso en San Ignacio, sea pacífica, que permita el diálogo y que ambos grupos más bien ayuden a disipar estas diferencias de criterios que existen entre uno y otro”, algo así como un lavado de manos.

Las llamadas “diferencias de criterio” no corresponden a una aparición ficticia de actitud en los sectores que podrían enfrentarse, sino que son resultado de una posición defensiva de un territorio vulnerable por parte de los pobladores del Tipnis y las motivaciones de los organismos políticos del mas para sostener una violación a la Constitución y para defenestrar los alcances de la Ley 180 de Protección del Tipnis. Mientras tanto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, desarrolló la opción del diálogo, señalando que “ahora hay que dialogar”, en una postura que parece desentender que el diálogo no se produjo en su momento mediante el mecanismo de la consulta previa de buena fe y el acatamiento de los resultados que hubieran surgido de ésta.

Al mismo tiempo, plantea esta opción de resolución de conflicto en una tendencia que busca el convencimiento de que el proyecto es viable y debe realizarse a como dé lugar, no otra cosa demuestra la campaña mediática que anuncia la consulta en tono direccionado y referido más al plan que al mecanismo aplicado a destiempo. Si el diálogo no se dio y el rechazo es evidente, ¿un retroceso del poder será políticamente sano?

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