La Gaceta Jurídica

Violencia e inseguridad

…el peligro de graves prácticas delictivas se cierne en las áreas urbanas de nuestro país, lo que debe llamar la atención para que se busque y aplique dispositivos que garanticen una vida pacífica y segura, pues no se trata de no tentar a los delincuentes, se trata de que no exista comportamientos fuera de…

La Razón (Edición Impresa)

00:00 / 03 de enero de 2015

Una de las circunstancias más preocupantes que coparon las informaciones del 2015 fueron los actos de violencia y delincuencia generalizada en diferentes ámbitos. Esto incluye hechos como los feminicidios que enlutaron durante el año a más de 100 familias en todo en el país, en especial en las regiones del eje central. Sobre esto, entre enero y noviembre, la Alianza Libres Sin Violencia contabilizó 108 víctimas fatales de la violencia machista en Bolivia.

Si bien la Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, del 9 de marzo de 2013, protege al género femenino contra estos actos, la ocurrencia de los mismos es aún muy alta e, incluso, da la impresión de que hubiese aumentado. Asimismo, como ocurre con una buena porción de la normativa, la aplicación de este instrumento legal es deficiente, por este motivo las causas y sentencias ejecutoriadas son mucho menos que los hechos denunciados.

A este azote social se suma la violencia intrafamiliar que afecta a menores de edad mediante diversas formas, además de otras tipificaciones que tienen que ver con la brutalidad y la violación de los derechos como el abuso sexual, la trata y tráfico de personas, la violencia sexual comercial y la violencia política por razones de género, entre otros tipos que se puede nombrar.

En estos casos también existe normativa apropiada y nueva que debe ser empleada para sancionar los hechos informados, sin embargo, el alcance de esta aplicación también resulta disminuido en comparación a la ocurrencia de sucesos. Del mismo modo, las normas que sería largo enumerar cuentan en sus textos con acápites destinados a la prevención de los delitos que identifican, se trata de mandatos que tienen mecanismos similares, pues hacen referencia a acciones para que las instituciones trabajen en políticas y actividades de educación y formación personal.

Pero el panorama institucionalizado que representa a este ámbito de la violencia tiene como paralelo lo que sucede de manera subterráneo o como delitos “comunes” o tipificados de siempre, de esta forma se enumera asesinatos, robos, atracos y otros que hacen uso de la fuerza y brutalidad. De esta forma, las ciudades grandes son más proclives a estos sucesos y muestran que la sociedad está reducida a las actitudes poco apegadas al sentido humano.

No obstante, es singular la dimensión de los delitos registrados en la población cruceña y fronteriza de San Matías, donde existen menos de 15.000 habitantes, por lo que se ha tenido que utilizar a conscriptos del Ejército para que ayuden en las labores de control y vigilancia, puesto que en 2015 hubo por lo menos 10 asesinatos con armas de fuego debido a conflictos entre narcotraficantes.

Esa es una muestra de que el peligro de graves prácticas delictivas se cierne en las áreas urbanas de nuestro país, lo que debe llamar la atención para que se busque y aplique dispositivos que garanticen una vida pacífica y segura, pues no se trata de no tentar a los delincuentes, se trata de que no exista comportamientos fuera de las normas sociales. Así, la prevención no solo tiene que ver con la vigilancia, sino con la formación humana respetuosa de sus semejantes y con condiciones dignas de vida.

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