La Gaceta Jurídica

Violencia política

…los delitos tipificados y penas establecidas en la Ley 243 aún no han tenido la posibilidad de ser aplicadas en estrados judiciales, aunque existen denuncias personales y el conocimiento general de hechos de esta naturaleza, los cuales debieran ser atendidos de oficio o mediante trámites institucionales…

00:00 / 25 de febrero de 2014

Con el objetivo, entre otros, de proteger “a todas las mujeres candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de la función político-pública” (artículo 5) el 28 de mayo de 2012 fue promulgada la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres. La norma fue prevista como una iniciativa para prevenir y sancionar los actos de violencia y acoso político que sufren autoridades femeninas, particularmente en los municipios del país.

Sobre la temática que trata la Ley 243, existen casos representativos como el de la concejala Juana Quispe, del municipio de Ancoraimes, en La Paz, quien fue asesinada en marzo de 2012 luego de que denunciará que no le permitían ejercer en su cargo obtenido por votación; algo similar ocurrió con la también concejala Daguimar Rivera, de la localidad de Guayaramerín, en Beni, quien fue asesinada con tres disparos en el rostro el 19 de junio de 2012.

Además de ello, se conoce datos proporcionados en 2013 por la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia (Acobol) que dan cuenta que, hasta octubre de la pasada gestión, seis de cada 10 mujeres concejalas, el 59 por ciento, había sido víctima de “algún tipo de violencia y acoso político en sus municipios”. Esto pese a que la ley anotada ya se hallaba vigente para el territorio del Estado. Otros datos de la encuesta de esta institución señalan que sólo el 22 por ciento de las autoridades femeninas denuncia los casos, mientras que el 70 por ciento no lo hace, además que al presentar denuncia no se había logrado nada debido a la falta de aplicación efectiva de la norma.

En varios hechos de vulneración de facultades de las autoridades femeninas se ha registrado que muchas fueron amenazadas y extorsionadas para que dejen sus cargos, exigiéndoles sumas de dinero en caso de que no quieran hacerlo; de igual modo, mediante amenazas psicológicas y físicas, intimidaciones personales y a sus familias, otras más fueron obligadas a dejar sus cargos a favor de varones o debido a su participación en denuncias y fiscalizaciones.

Es precisamente que en esta última actividad se enmarcan las acciones de otra concejala, Julia Quispe, del Concejo Municipal de Palca, a 40 kilómetros al sudeste de la ciudad de La Paz, donde esta autoridad, según sus propias declaraciones, sufre mucha violencia de parte de los concejales varones debido a que plantea la transparencia en la función municipal.

La reciente denuncia agrega que la fiscalización que efectúa a la gestión del alcalde René Aruquipa le valió que los otros concejales la amedrenten, aíslen de reuniones e impidan su derecho a la información institucional para cumplir su labor. En esta situación la concejala teme por su seguridad, debido a que el alcalde tiene antecedentes de violencia, pues, según datos periodísticos, el 30 de diciembre último éste fue detenido por intentar acuchillar a un policía y por conducir ebrio un vehículo oficial.

Lo lamentable es que los delitos tipificados y penas establecidas en la Ley 243 aún no han tenido la posibilidad de ser aplicadas en estrados judiciales, aunque existen denuncias personales y el conocimiento general de hechos de esta naturaleza, los cuales debieran ser atendidos de oficio o mediante trámites institucionales que actúen como promotoras de las causas.

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