La Gaceta Jurídica

Visión integral del sistema de justicia

(Parte I)

Foto: bernaldolomas-abogados.es

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Favio Chacolla Huanca

00:00 / 30 de septiembre de 2015

“Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”. (Art. 115.I, Constitución Política del Estado)

El artículo 178 de la Constitución Política del Estado (CPE) señala que la justicia boliviana se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos.

A su vez, el artículo 108 de la misma norma fundamental dispone que es deber de las y los bolivianos, conocer, respetar y promover los derechos reconocidos  en la Constitución, promover y difundir la práctica  de los valores y principios que proclama  la Constitución.

Cada vez que contrastamos estos preceptos constitucionales con lo que actualmente ocurre en el referido sistema judicial boliviano nos damos cuenta que, en la práctica, muy poco de todo lo que se menciona en la cpe se cumple a tiempo de impartir justicia, ¿por qué?

Todo Estado está constituido por cuatro elementos, territorio, población, gobierno y fin; este último es quizá el menos analizado, pocas personas procuran conocer lo que realmente pretende alcanzar un determinado gobierno en un determinado contexto social, político y jurídico.

En el transcurso de la historia de cualquier sociedad debemos tener la plena certeza de que se han instaurado varios modelos o tipos de Estado y Bolivia no es la excepción.

Con la promulgación de la actual cpe, febrero de 2009, se reemplazó al Estado neoliberal y surgió el Estado plurinacional, siendo una de sus finalidades el “vivir bien”, sin embargo, no está muy claro ¿cómo un Estado logra materializar sus fines?

A través de este ensayo se pretende acreditar que un Estado logra efectivizar sus fines mediante el funcionamiento de sus instituciones, consiguientemente, para responder a la primera interrogante en relación al funcionamiento del sistema de justicia boliviano.

Imperativamente debemos saber cuál es la actual estructura institucional del referido sistema de justicia, sus aciertos, debilidades, fortalezas y oportunidades; solo así podremos plantearnos soluciones eficientes y eficaces que logren mejorar el referido sistema, buscando siempre alcanzar lo previsto en la Constitución con relación a la justicia.

Introducción

La corrupción y la retardación de justicia, lamentablemente, son un cáncer que está carcomiendo las entrañas de varios sistemas judiciales del mundo. Ningún Estado o república se puede vanagloriar de decir que su sistema de justicia está blindado contra estas dos enfermedades; la conclusión a la que han llegado los expertos es que “no existen fórmulas mágicas o soluciones únicas para resolver estos dos males endémicos; cada sociedad debe construir sus propias respuestas a partir de sus realidades locales”.

El sistema de justicia boliviano no es la excepción (1), quizá lo que ha cambiado es la difusión mediática de ambos males, pero siempre estuvieron presentes, primero en la administración de justicia boliviana y ahora en la impartición de la misma.

Desde un punto de vista estrictamente constitucional, en estos últimos 25 años, con la finalidad de lograr resolver fundamentalmente estos dos problemas que afectaban a la justicia boliviana, se activaron simultáneamente dos situaciones, normativamente se identifican tres tipos de sistemas judiciales.

Hasta 1993 estuvo vigente el Estado de derecho, que se caracterizaba porque los abogados libres a tiempo de fundamentar sus demandas únicamente se regían por el código sustantivo y adjetivo de la materia en cuestión, lo mismo ocurría con las y los jueces, es decir que la Constitución, prácticamente, no era tomada en cuenta; se  asumía que imperativamente los derechos y garantías fundamentales de la Constitución debían ser reglamentados a través de una ley, esto implica que se relegue, en especial, a la parte dogmática de la Constitución a un nivel de ornamento jurídico se asumió que la Ley –que es una norma infra constitucional– era fuente directa del derecho.

El 1994 se activó el Estado Constitucional de Derecho. Fundamentalmente, con la creación del Tribunal Constitucional los profesionales de la justicia y demás personas comprendieron que se debe cumplir lo previsto en la Constitución; se implementó mecanismos de resguardo judicial a lo que disponía la Constitución, nos referimos a los recursos constitucionales.

Las sentencias constitucionales, que eran vinculantes, hicieron entender que la fuente directa del derecho ya no era la ley común, era la Constitución; que el principio de supremacía constitucional era real, ninguna norma infra constitucional podía contradecir lo previsto en la norma fundamental. Se cambió de mentalidad al interior del sistema judicial boliviano.

Con la Constitución de 2009 se implementó el Estado Constitucional Plurinacional de Derecho, este nuevo modelo de justicia se caracteriza, sobre todo, porque al interior del sistema de justicia boliviano se activa el pluralismo jurídico, lograr que en un mismo Estado coexistan dos sistemas diferentes de impartir justicia, el asumir que los usos y costumbres de los diferentes pueblos que conforman una sociedad plural como la boliviana, debe ser tomado en cuenta a tiempo de emitir fallo judicial de caso concreto.

Paralelo a cada uno de estos sistemas se activó nuevas estructuras institucionales que constituían el Órgano Judicial, hasta 1993 estuvo vigente el modelo concentrado: la entonces Corte Suprema de Justicia era quien concentraba la instancia de cierre a nivel jurisdiccional en las materias agraria, constitucional y ordinaria, pero también ejercía las funciones de administrativo.

Esta manera de manejar las instituciones que hacían al Órgano Judicial fue criticada y se asumió que era la principal fuente de corrupción y retardación de justicia; con la reforma de 1994 se activó el modelo por especialidades, se desconcentró y surgieron jurisdicciones independientes, el Tribunal Agrario, por la Jurisdicción Agraria; el Tribunal Constitucional, por la Jurisdicción Constitucional; la Corte Suprema por la jurisdicción ordinaria y el Consejo de la Judicatura que ejercía de manera exclusiva la competencia administrativa en el Órgano Judicial.

Este segundo modelo tampoco pudo resolver del todo la corrupción y la mora judicial, con la Constitución de 2009, por eso fue activado un tercer modelo institucional, ahora el Tribunal Constitucional Plurinacional ya no es parte del Órgano Judicial.

Advierta, estimado lector, que los gobiernos de turno siempre estuvieron enterados de que el sistema de justicia boliviano estaba a merced de estos dos macro problemas, por ello identificaban determinadas estrategias de solución a los mismos, los cuales siempre pasaban por reformar la estructura institucional y normativa de la justicia boliviana.

Pero, para introducir dichas reformas pasaba por reformar la Constitución, lo que es lógico si comprendemos que una Constitución es un marco jurídico; nadie puede contradecir lo que está en la Constitución, las normas infraconstitucionales –leyes, decretos supremos, resoluciones, ordenanzas, estatutos, cartas orgánicas– no pueden contradecir lo previsto en la norma suprema.

Bajo este esquema una Constitución es el límite a la democracia, por más amplia que sea la mayoría, en un Estado democrático, no pueden tomar decisiones por encima de lo previsto en la Constitución; sociológicamente una Constitución contiene un modelo de sociedad –ideal– correspondiendo a partir de ahí su imple- mentación, es decir lograr materializar dicho modelo.

En el caso Boliviano, ambas visiones de una Constitución se compatibilizan, la actual cpe debe ser comprendida como un marco jurídico y como un modelo de sociedad ideal, una sociedad plural con autonomías territoriales, de contenido histórico reivindicativo indígena.

Respuesta de solución en la actual Constitución Política

La Asamblea Constituyente (2006-2007) fue el espacio de debate político, social y jurídico en el cual se discutió las características del nuevo modelo de Estado, con esa lógica se consensuó que “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derechos Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías”.

Los fundamentos sobre los cuales se construye este nuevo Modelo de Estado, denominado Plurinacional, son “…la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país” (2).

A diferencia de la Constitución Política de 1967, que fue parcialmente reformada en 1994 y 2004;  en términos de modelo económico, social, político, cultural y jurídico, la actual Constitución implica una refundación de Bolivia (3), el reto teórico de construir un nuevo Modelo se ha cumplido con la promulgación de la actual Constitución el 7 de febrero de 2009, a partir de ahí se dio inicio a una segunda parte, el proceso de adecuación de todas las instituciones, públicas y privadas a lo previsto en la Constitución.

Transcurrieron más de seis años y aún no se ha podido materializar totalmente la Constitución, resta por implementar el régimen de autonomías territoriales, profundizar lo referente a la Justicia Indígena Originaria Campesina, etc. No obstante, muchas de las instituciones ya se han adecuado, los órganos Legislativo, Electoral, Ejecutivo, la educación, la salud y las Fuerzas Armadas, entre otras.

Al interior de la Asamblea Constituyente, luego de haberse analizado los problemas que hacen a la justicia boliviana, se consensuó construir un nuevo sistema de justicia boliviana (4), mismo que tendría por misión fundamental resolver los dos problemas macros descritos anteriormente, como son la corrupción y la retardación de justicia. Las características de este nuevo sistema son las siguientes:

1. La elección por voto directo de las máximas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (5).

2. Una nueva estructura institucional del Órgano Judicial y también del Tribunal Constitucional Plurinacional.

3. La promulgación de nuevos códigos, fundamentalmente procesales.

La única manera de saber si este nuevo sistema de justicia, resultó o no es luego de haberlo aplicado (6), es fundamental tener presente que el proceso de implementación de este nuevo sistema fue activado a través de dos mecanismos, uno la transición normativa y el otro transición institucional.

La transición normativa

Uno de los componentes del sistema de justicia es el Órgano Judicial; al interior del mismo no se legisla, se resuelve conflictos de carácter jurídico, aplicando la ley; se interpreta una determinada disposición legal en relación a un caso concreto; consiguientemente, mientras no se cambie algunos Códigos o Leyes, es prácticamente imposible transitar de un sistema de justicia a otro.

La labor de la Asamblea Legislativa es fundamental a tiempo de adecuar el actual Sistema de Justicia, a lo previsto en la cpe, es cierto que esta transición normativa se inició con la promulgación de la Ley Nº 025, el 24 de junio de 2010, luego le siguió el Código Procesal Constitucional, Ley Nº 439; el Código Niño, Niña y Adolescente; el Código de las Familias, etc.

Sin embargo, a la fecha todos estos códigos y leyes no tienen aún una vigencia plena, sino parcial, restando por promulgarse el nuevo Código del Sistema Penal, concluyendo en que esta transición normativa aún no ha concluido. Con relación a la jurisdicción constitucional, esta transición es mucho más estable; a la cpe le siguió la promulgación de la Ley Nº 027 y luego el Código Procesal Constitucional, Ley Nº 254, no obstante, aún falta hacer algunos ajustes, lo cual se comentará más adelante.

Transición institucional

Esta transición se activó el 3 de enero de 2012, con la posesión de las máximas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional. Consideramos que estos tres años y medio de existencia de estas nuevas instituciones es un tiempo suficiente para realizar un comentario objetivo sobre dos subsistemas que hacen al sistema, el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional.

Referente al Órgano Judicial, que está compuesto por el Tribunal Supremo de Justicia (tsj), Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Dirección Administrativa y Financiera y la Escuela de Jueces, su transición institucional se inició el 3 de enero de 2012. Se debe reconocer que en estos tres años y medio de vigencia del nuevo Órgano Judicial esta transición no ha sido del todo halagüeña.

Consideramos que una de las razones fundamentales para ello es que no se logró comprender a cabalidad el nuevo diseño institucional que se construyó tanto en la cpe como en la loj (Ley del Órgano Judicial) para el Órgano Judicial, al cual lo denominó “el sartén de los tres mangos”, en comparación al anterior, que era “el sartén de un solo mango”.

Continuará

Notas

1. “La retardación y la corrupción son el cáncer de la justicia boliviana” (Evo Morales, presidente del Estado, Los Tiempos, 13-08-2014). “Nos hemos estancado en la justicia (…) hay que hacer una profunda revolución en la Justicia” (Evo Morales, La Razón 30-06-2014). “Es un padecimiento entrar a la justicia. Acercarse a un tribunal ya huele a azufre a diez cuadras de distancia” (Álvaro García Linera, El Deber: 23-05-2015). “Es una vergüenza la justicia en Bolivia” (Álvaro García Linera).

2. Definición contenida en el artículo 1 de la actual Constitución Política del Estado.

3. Desde la República se ha identificado hasta nuestros días, cinco modelos de Estado, Estado tributario (1825-1872); Estado minero (1872-1952); Estado nacionalista (1952-1985); Estado neoliberal (1985-2001) y Estado plurinacional (2006 hasta nuestros días). Como todo en la vida, se supone que cada modelo busca el bienestar de su población, así como tiene una fecha de inicio, siempre tiene una fecha de caducidad…

4. En mérito a la complejidad de la función de impartir justicia, consideramos que lo correcto es referirnos institucionalmente a esta como “el sistema de justicia boliviana, mismo que está conformado por varios subsistemas, entre estos se destacan dos, el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional, los cuales --reiteramos-- son parte del sistema y no son el sistema, como tal.

5. “Inicialmente se presentaron 581 personas en calidad de postulantes en el proceso de las elecciones, 78 aspiraban a ocupar un cargo en el Tribunal Constitucional Plurinacional, 82 en el Tribunal Agroambiental, 222 en el Tribunal Supremo de Justicia y 199 en el Consejo de la Magistratura. Concluida la etapa de preselección, la Asamblea Legislativa Plurinacional designó a 118 candidatos: 28 para el Tribunal Constitucional, otros 28 para el Tribunal Agroambiental, 14 para el Consejo de la Magistratura y 48 para el Tribunal Supremo de Justicia. Cada grupo de candidatos estaba dividido por mitades entre mujeres y varones.

Antes de la elección, dos de los candidatos presentaron su renuncia, de modo que en la papeleta electoral fueron incluidos 116 para los 56 cargos a ser provistos. En las elecciones judiciales del 16 de octubre de 2011 se hallaban legalmente en condiciones  de votar algo más de cinco millones de bolivianos. “ El Padrón Electoral para este proceso electoral tuvo un total de 5.243.375 personas habilitadas para ejercer su derecho al voto”, no obstante, aproximadamente uno de cada cinco votantes potenciales no lo hizo; más precisamente hubo una abstención de 20,94 por ciento, que es similar al promedio de abstención en las cinco últimas elecciones generales, 21.12 por ciento.

El resultado más llamativo de las elecciones de autoridades judiciales, realizadas en 2011, fue que de cada cinco votos emitidos tres fueron blancos o nulos --esto es, “no válidos”-- y solo dos de los cinco respaldaron alguna candidatura. El porcentaje de votos válidos fue algo menor en el caso de las votaciones para los miembros del Tribunal Supremo de Justicia.

Los votos nulos, en promedio entre las cinco entidades que se elegía, alcanzaron a 40,78 por ciento de los votos emitidos, algo más que los votos válidos (40,72 por ciento). Al sumarse votos blancos y nulos, el promedio para las cinco entidades llegó a 59,27 por ciento”. Fuente. Elecciones Judiciales en Bolivia, una Experiencia Inédita. Fundación Construir. Luis Pásara, Edición 2014, págs. 33-34.

6. En la obra “Critón”, escrita por el filósofo Arístocles (Platón), se desarrolla el diálogo que mantuvo Sócrates con Critón, antes que el primero deba ejecutar la sanción de tomar cicuta. En esta obra, Critón le pide a Sócrates que escape con él de la cárcel para evitar la muerte, a lo cual el condenado le dice: ¿Qué sabes tú de la muerte…?, algunos mencionan que luego de la muerte no hay nada, solo la oscuridad, si eso es así, no le temo porque mientras he vivido hice lo que más me gusta que es filosofar, por consiguiente, la muerte no me atemoriza, otros dicen que después de la muerte hay vida eterna, siendo ello evidente, estaré contento, por cuanto seguiré filosofando con mis grandes amigos que en vida tuve, consiguientemente, se concluye que solo el ignorante teme algo que no conoce.

*    Es licenciado en Derecho, ciencias políticas y sociales; máster en sociología; diplomado en Derecho Constitucional y en educación superior.

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