La Gaceta Jurídica

Visión integral del sistema de justicia

(Parte II)

Foto: tsj.bo

Foto: tsj.bo

Favio Chacolla Huanca

00:00 / 04 de octubre de 2015

En la reforma Constitucional de 1994 se introdujo a la Justicia Boliviana el sistema de la especialización, la premisa para esto era que “la concentración de competencias provoca corrupción”; consiguientemente, surgió el aforismo “los jueces solo deben juzgar”, no pueden dedicarse a cuestiones administrativas.

Como ocurrió en varios países de Iberoamérica, se creó un ente Administrativo Financiero denominado Consejo de la Judicatura, regulado por la Ley Nº 1817 que inició sus actividades a partir de 1998.

En términos de diseño, el entonces Poder Judicial tenía dos componentes, una parte Jurisdiccional, conformada por la Jurisdicción Ordinaria, Agraria y Constitucional, y otra parte Administrativa,  conformada por Recursos Humanos, Servicios Judiciales, Administrativo Financiero y Disciplinario, a cargo del Consejo de la Judicatura.

Existía la figura del presidente “bicéfalo”, el presidente o presidenta de la Corte Suprema de Justicia era también presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura, en esta última institución solo votaba en caso de empate, lo que implicaba convertir a esta figura “en presidente florero”, como se decía entonces.

Era suficiente que los Consejeros se pongan de acuerdo para no empatar y así evitaban que el presidente dirima.

Durante los 10 años de vigencia de este sistema, el mismo se deformó, pues se asumía –erróneamente– que lo esencial era la parte Jurisdiccional y la parte Administrativa era el apoyo de la misma; en la práctica, el Consejo de la Judicatura comenzó a acosar a las diferentes autoridades judiciales, con procesos disciplinarios, coacciones económicas, etc., esto hizo que surjan dos bandos, los jueces, vocales y magistrados consideraban al Consejo de la Judicatura un ente de persecución, de coacción y no de apoyo y, a su vez, el Consejo de la Judicatura asumió que estaba por encima de la parte jurisdiccional.

Esta realidad se debatió en la Asamblea Constituyente y se discutió tres opciones de solución:

a) Hacer desaparecer al Consejo de la Judicatura y volver al diseño anterior a 1994, esta opción no fue aceptada en virtud a que nuevamente implicaba concentrar poder.

b) Mantener el diseño de 1994, tampoco se aceptó esta posibilidad en mérito a que era evidente que no funcionaba.

c) Hacer más participativo el manejo económico al interior del Órgano Judicial, sobre esto se concluyó que la manzana de la discordia no era lo referente a Recursos Humanos, Servicios Judiciales ni Régimen Disciplinario, era lo Administrativo Financiero; la parte jurisdiccional quería participar y decidir en la manera de administrar estos magros recursos, pero la ley disponía que solo el Consejo de la Judicatura podía hacerlo, en la práctica, durante 10 años, el Consejo de la Judicatura tenía la sartén por el mango.

La actual Constitución Política del Estado (cpe) y, fundamentalmente, la Ley Nº 025, Ley del Órgano Judicial (loj), hacen más participativo este manejo administrativo y financiero, el nuevo diseño institucional se diferencia, esencialmente, por esta situación; ahora el dinero ya no es manejado por un solo ente, sino por tres organismos, se pasó del sartén de un mango al sartén de tres mangos.

El artículo 7 de la loj creó la Dirección Administrativa y Financiera, entidad que, si bien es desconcentrada (artículo 226, loj) en cuanto hace al ejercicio de sus competencias, no es del todo independiente; las principales decisiones que asuma esta entidad deben pasar por el Directorio (artíuclo 229, loj), instancia que está conformada por el Presidente y Decano del Tribunal Supremo de Justicia (tsj) y Presidente del Tribunal Agroambiental (ta).

Si bien el Consejo de la Magistratura ya no posee la competencia de administrar los recursos económicos, sí tiene la competencia de proponer políticas judiciales y administrativas (artículo 183.III, loj), controlar y fiscalizar el manejo correcto de los recursos económicos (artículo 213, loj).

En resumen, lo que no se pudo asumir desde un principio fue que el Órgano Judicial es una sola entidad, cuya cabeza natural es el Tribunal Supremo de Justicia y que deben existir niveles de corresponsabilidad y coordinación constante entre el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y la Dirección Administrativa y Financiera, debiendo cada uno de estos entes participar únicamente dentro el ámbito de sus competencias.

Lamentablemente, la mentalidad de la década del 2000 al 2010 de considerar que la parte jurisdiccional y la administrativa no deben coordinar entre sí, sino que deben perseguirse, se impuso sobre la nueva mentalidad que se necesitaba para implementar este nuevo modelo.

A nivel departamental, el Presidente y su Sala Plena son las máximas autoridades y sus brazos operativos son el Consejo de la Magistratura y la Dirección Administrativa y Financiera; estos tres componentes –si vale el término– deben asumir decisiones en conjunto, buscando, ante todo, materializar el nuevo modelo de justicia.

Con todo, las principales entidades que hacen al Órgano Judicial comenzaron sus actividades en enero de 2012, por lo que corresponde comentar el desempeño competencial de cada una de estas luego de más de tres años y medio de existencia.

El Tribunal Supremo de Justicia

Los nuevos magistrados elegidos por sufragio directo tienen por mandato legal, como principal competencia, resolver causas con celeridad y transparencia.

Luego de tres años, en mérito a la información cuantitativa emitida por dicho ente, se acredita que en comparación a la extinta Corte Suprema de Justicia el servicio de este Tribunal Supremo ha mejorado sustancialmente.

Al respecto, vale decir que hasta antes del 2012 era común que un recurso de casación se resuelva luego de tres o cuatro años, hoy en día, a lo sumo, tarda 3 meses o menos, lo cual es sumamente positivo y es prueba de que el servicio de justicia en estos niveles ha mejorado.

En lo que hace a las causas atendidas por Sala Plena (fundamentalmente contencioso administrativas) la Ley de Transición Nº 212 del 23 de diciembre de 2012 no previó una instancia de liquidación para estas causas; no obstante, al interior del Tribunal Supremo de Justicia se advierte iniciativas que tienen por finalidad agilizar la resolución de las mismas.

Por lo manifestado, se asume que, competencialmente, el Tribunal Supremo en estos tres años de gestión está cumpliendo con el mandato del pueblo y de la Ley.

El Tribunal Agroambiental

Es un tribunal cuyas competencias fueron ampliadas, sin embargo, hasta la fecha las mismas no son materializadas; cada vez que se acude a una rendición pública de cuentas se acredita que el número de causas resueltas por este Tribunal Agroambiental es mínimo en comparación con las del Tribunal Supremo de Justicia, aspecto que no es responsabilidad directa de los magistrados de dicho tribunal, por cuanto es el litigante quien, en definitiva, decide si acude o no ante los juzgados agroambientales y, por ende, si posteriormente acude ante el Tribunal Agroambiental.

No obstante, la estructura y logística con la que cuenta este Tribunal Agroambiental no condice con los resultados de su trabajo, vale decir que el Estado Boliviano destina una ingente cantidad de recursos económicos para hacer que el Tribunal Agroambiental funcione y los resultados en rendimiento son mínimos.

Al respecto, se sugiere que se mantenga la jurisdicción agroambiental como especializada y, en cuanto a su estructura y logística, se reduzca la misma de manera que, mediante reforma constitucional, se logre que el Tribunal Agroambiental como estructura se convierta en una Sala Especializada del Tribunal Supremo de Justicia, con lo que se mantendría su especialidad, pero se lograría un ahorro significativo en recursos económicos, dinero que puede ser utilizado para crear muchos juzgados.

Políticamente sería la decisión más acertada en el actual contexto, en virtud a que, históricamente, Bolivia siempre ha sido un país extractivista de recursos naturales, es decir que la principal fuente de ingresos económicos proviene de la explotación de estas riquezas, cuyos precios son regulados por la libre oferta y demanda, pues aún no hemos sido capaces de transformar nuestra base económica.

Por la situación actual de los países sudamericanos, asiáticos y europeos, aparentemente, la bonanza económica del gas, que es nuestro principal recurso junto con los minerales, se ha acabado; no obstante, pese a ello, el actual gobierno apuesta en estos próximos años a incrementar labores de prospección, exploración y explotación de hidrocarburos en zonas no tradicionales.

Asimismo, en el oriente busca ampliar las hectáreas de terreno destinadas a la producción de alimentos y ganadería, decisiones estas que, independientemente de su resultado económico, afectarán territorios de los pueblos indígenas, en otras palabras, afectarán el medio ambiente; consiguientemente, es probable que, si se aprueba el Código Procesal Agroambiental, los aproximadamente 55 jueces agroambientales y el Tribunal Agroambiental se atosiguen al concentrar las demandas judiciales que pudieran plantearse en un futuro y de cuyas resoluciones dependerá el futuro de Bolivia.

Actualmente, está judicatura solo resuelve lo referente a tierras, el resto de los componentes del medio ambiente es todavía resuelto en la vía administrativa. Se sugiere, por ello, que la totalidad de los conflictos agroambientales sean resueltos en instancia administrativa y, al crear una Sala Especializada en el Tribunal Supremo de Justicia, sea ésta la que resuelva temas agroambientales vía el contencioso administrativo.

Con esta iniciativa no se pone en riesgo la existencia de una jurisdicción agroambiental, solo se la modifica en su estructura, la cual, reiteramos, aún no ha nacido, competencialmente hablando (1).

El Consejo de la Magistratura

Es necesario indicar que sería un total desatino hacer desaparecer esta institución; pues, se debe mantener niveles de especialidad entre lo Jurisdiccional y lo Administrativo, recordando siempre que lo Jurisdiccional es lo sustantivo y lo Administrativo es com- plementario, no obstante, se debe ajustar determinados aspectos al interior de este ente:

El Régimen Disciplinario

El actual es garantista y está mucho más acorde al debido proceso que el anterior Régimen Disciplinario. Se ha establecido un catálogo de faltas disciplinarias leves, graves y gravísimas (artículos 186, 187 y 188, LOJ), el cual debe difundirse para que el litigante conozca las prohibiciones y deberes que tienen las autoridades judiciales.

En relación a los tribunales mixtos (un juez técnico y dos ciudadanos) previstos en el artículo 200 de la loj, quienes tienen competencia privativa en primera instancia para juzgar faltas disciplinarias gravísimas consideramos que deben suprimirse por lo complejo de su constitución.

Se debe establecer un régimen disciplinario para las altas autoridades del Órgano Judicial, lo que ahora no existe y es una evidente vulneración al principio de igualdad prevista en la cpe. El actual régimen únicamente es aplicado a partir de  vocales y en línea descendente.

Políticas de Gestión

Asumimos que el ajuste esencial es colocar en estos cargos a profesionales que conozcan en profundidad la realidad del sistema de justicia boliviano, que sean profesionales comprometidos con esta dinámica y, ante todo, tengan estabilidad laboral.

Esta competencia es novedosa y, a partir de ella, se puede proponer cambios internos que precisen o no reforma normativa, siempre en procura de mejorar la impartición de justicia en todos los niveles. Lamentablemente, hasta la fecha no ha existido una adecuada producción de esta competencia.

Recursos humanos

Asumimos que fue un desacierto que las designaciones, fundamentalmente del personal de apoyo, se hagan en la ciudad de Sucre por los consejeros de la Magistratura; este tipo de designaciones debe retornar a los tribunales departamentales, quienes, con mayor acierto y agilidad, lograrían cubrir las diferentes acefalías que son constantes en el Órgano Judicial.

Referente a la implementación de la Carrera Judicial, mientras no se logre solucionar a través de una reforma jurídica la ambigüedad de las actuales disposiciones que hacen al tema, no se podrá implementar la tan ansiada Carrera Judicial.

Control y fiscalización

Esta competencia es la materialización al interior del Órgano Judicial del principio de Transparencia Institucional, el cual no solo debe limitarse a realizar rendiciones públicas de cuentas, sino a identificar los focos de macro y microcorrupción, promover niveles de coordinación estratégicos con el Ministerio Público, Procuraduría y Ministerio de Transparencia.

La purga –si me permiten el término– debe nacer de esta competencia a tiempo de luchar contra la corrupción y la retardación de justicia.

La duplicidad de competencias, que en determinados niveles administrativos y financieros existe entre el Consejo de la Magistratura y la Dirección Administrativa y Financiera, sugerimos que debiera ser resuelta a través de un decreto supremo que desarrolle, con precisión y claridad quirúrgica, la manera para que dicha duplicidad desaparezca y se active mecanismos de coordinación eficientes, eficaces, transparentes y claros, bajo responsabilidad funcionaria para aquellos que incumplen las mismas.

Referente al Tribunal Constitucional Plurinacional

El otro subsistema que hace al sistema de justicia, al margen del Órgano Judicial, es necesariamente el Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp). El no ser parte del Órgano Judicial le ha permitido construir su propia Dirección Administrativa y Financiera, aspecto que le facilitó en mucho su rápida adecuación institucional al nuevo diseño de Justicia Constitucional, solo deben coordinar entre sus miembros de Sala Plena y no con otros entes, similar situación ocurre con el Ministerio Público.

Un claro ejemplo de lo beneficioso –a nivel institucional– que es esta independencia administrativa financiera fue que la Ley Nº 212, del 23 de diciembre de 2011, dispuso que hasta el 4 de abril de 2012 debía ser presentada al Ministerio de Economía y Finanzas la nueva estructura institucional.

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en un acto público, cumplió con este plazo, pero el Órgano Judicial no pudo hacerlo sino hasta el 21 de septiembre de 2012, entrando en vigencia el 1 de octubre de dicha gestión; la razón fundamental para ello, la falta de coordinación.

El motivo principal para que este Tribunal Constitucional no sea parte del Órgano Judicial es la existencia de dos sistemas de justicia paralelos al interior del Estado Plurinacional, lo que da origen al Pluralismo Jurídico; consiguientemente, si existe un conflicto de competencias entre ambos sistemas, debe ser un ente ajeno a ambos el que lo resuelva.

Un Tribunal Constitucional es un ente que asume decisiones políticas, que las argumenta jurídicamente. El actual tcp no es la excepción en mérito a que sus decisiones son vinculantes para todos los entes que hacen al Estado y que, a partir del 2009, estamos en plena etapa de adecuación e implementación de la actual Constitución.

Esto implica que el trabajo que desarrolla y desarrollará el tcp es trascendental para una adecuada implementación de este modelo de Estado denominado Plurinacional, contenido en la norma fundamental.

A consecuencia de lo previsto en el artículo 196.I de la cpe que dispone que “el Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”, se sugiere analizar las funciones o competencias del tcp en dos espacios:

Continuará

Nota

1. El exmagistrado Iván M. Lima Magne, en una entrevista publicada por el periódico País el 19 de agosto, sostuvo que “la justicia agroambiental debe existir de forma autónoma mediante jueces con circuitos y salas en los tribunales departamentales y desaparecer en el nivel de Sucre del Tribunal Agroambiental”.

Es licenciado en Derecho, ciencias políticas y sociales; máster en sociología; diplomado en Derecho Constitucional y en educación superior.

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia