La Gaceta Jurídica

Visión integral del sistema de justicia

(Parte final)

FOTO: plus.google.com

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Favio Chacolla Huanca

00:00 / 07 de octubre de 2015

El TCP como mecanismo de reparación

Por imperio del artículo 108 y 109 de la Constitución Política del Estado (cpe), los primeros en promover el respeto y cumplimiento de las garantías y derechos fundamentales deben ser todas las autoridades judiciales o administrativas que imparten justicia; éstos, dentro del denominado Edificio Constitucional, ocupan el primer piso.

Si este nivel omite dicha obligación, las personas afectadas pueden acudir para reparar estos atropellos ante los jueces o tribunales de garantías a través de la interposición de una Acción de Defensa y, finalmente, recurrir ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp).

Adviértase que, en esta clase de función, el tcp repara la vulneración a determinados derechos o garantías constitucionales y quizá es lo que más ha potencializado en estos tres años y medio de existencia, ejerciendo una especie de continuidad de lo que hizo el anterior tc (Tribunal Constitucional).

No obstante, en este ámbito es imperativo que la Jurisdicción Constitucional adquiera una verdadera independencia del Órgano Judicial, esto significa que, a través de una modificación al Código Procesal Constitucional, se incorpore Jueces Constitucionales, que dependan del tcp, lo que dará lugar a la creación de Salas Constitucionales. Hasta la fecha, son los Vocales de los Tribunales Departamentales, que son parte de la Jurisdicción Ordinaria, quienes ejercen de Tribunales de Garantías, lo que no es idóneo, existen casos en los cuales estos Tribunales deben resolver situaciones que afectan a su gremio, lo que hace que no sean del todo imparciales, a ello se suma la falta de especialidad.

Consideramos que con la implementación de estas Salas se habrá logrado un verdadero fortalecimiento de esta parte de las competencias del tcp.

El TCP como mecanismo de prevención

Una de las áreas que consideramos no se ha logrado fortalecer en estos tres años y medio de existencia del tcp es la referente a la prevención constitucional. Partimos de la premisa de que un pueblo que conoce cuáles son sus derechos y garantías constitucionales está más dispuesto a hacer respetar los mismos que uno que no los conoce.

En esa lógica, teniendo presente que el ente con competencia privativa de interpretar la cpe es el tcp, debe ser el primero a través de su Secretaria Técnica, su Unidad de Descolonización, la Academia Plurinacional de Estudios Constitucionales, la Unidad de Jurisprudencia, etc. en promover políticas de pre- vención y educación constitucional, todas estas unidades no deben ser brazos operativos interiores al tcp, sino exteriores; es decir que su trabajo se enfoque, ante todo, a activar mecanismos de prevención y educación constitucional.

Por ejemplo, de oficio, la Unidad de Descolonización debería hacer un test de las principales disposiciones jurídicas y, de manera fundamentada, iden- tificar incompatibilidades con la norma fundamental en materia de descolonización y elaborar proyectos de reforma normativa que deberían ser tratados por la Asamblea Legislativa, de esta manera se estaría coadyuvando al proceso de adecuación.

La apec (Academia Plurinacional de Estudios Constitucionales), que es la única Academia Constitucional de Bolivia, debe promover cursos, seminarios, talleres, diplomados, maestrías e incluso doctorados en todo el territorio nacional a través de Convenios con las universidades públicas, privadas, colegios, entidades gubernamentales, etc.

Esta actividad con la premisa de que la población boliviana conozca cada vez más sus derechos y garantías fundamentales, lo que es la constitucionalidad y los temas transversales como autonomías, economía plural, pluralismo jurídico, etc., etc.

En resumen, el tcp debe llevar la vanguardia a tiempo de implementar y promover todo tipo de políticas referidas a lograr que el Estado Constitucional Plurinacional de Derecho se fortalezca y ello ocurrirá únicamente si la población conoce y comprende a cabalidad lo que contiene nuestra cpe.

¿Se resolvería los problemas centrales del sistema de justicia boliviana con la renuncia de las altas autoridades del órgano judicial y del tribunal constitucional plurinacional…?

En relación al Órgano Judicial, las altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (tsj) y del Tribunal Agroambiental (ta) ejercen una competencia de revisión de fallos, es decir que son tribunales de cierre y, prácticamente, el contacto con los litigantes es inexistente; estos dos entes son parte del Órgano Judicial y no son el Órgano Judicial.

Lo sustancial a nivel de competencias, en el Órgano Judicial, se da en los tribunales departamentales de justicia, en los tribunales y jueces ordinarios y agroambientales, que imparten justicia todos los días en los nueve departamentos de Bolivia, son estas las autoridades judiciales que están en constante contacto con la gente, en el Plan 3000, en Villazón, en Yacuiba, en Cobija, en sí, en los más de 160 municipios que tienen  mínimamente un juzgado, en relación a los 339 municipios que hay en todo el territorio nacional.

En consecuencia, la macro y micro corrupción, la retardación de justicia, se debe ante todo resolver en cada uno de los nueve departamentos, ¡ahí es donde está el verdadero problema!

Mientras no se logre cambios sustanciales en las estructuras departamentales, la justicia no habrá cambiado, consiguientemente, dentro del sistema de justicia el sub sistema departamental es mucho más importante que el subsistema nacional que tiene su sede en la ciudad de Sucre, en lo que respecta a la justicia ordinaria.

Referente al Consejo de la Magistratura (cm), reiteramos, se debe hacer ajustes normativos que coadyuven a activar los niveles de coordinación que deben existir entre la parte administrativa y jurisdiccional, de nada servirá cambiar autoridades, los niveles de coordinación no solo pasan por la buena o mala voluntad de sus actores, sino por tener normas jurídicas claras, precisas.

Un claro ejemplo de ello es que el artículo 213 de la Ley del Órgano Judicial (loj) que dispone que el cm contará con la unidad de planificación que, a su vez, sería parte de la Unidad de Control y Fiscalización. El artículo 229 dispone que sea el directorio que aprobará el Plan Operativo Anual y el artículo 230, núm. 2 de la misma ley, señala que la daf (Dirección Administrativa Financiera) es la que ejecuta este plan, sin embargo, para ello se debe instrumentalizar estas disposiciones. Incluso se sugirió que sea parte del directorio el Presidente o Presidenta del Consejo de la Magistratura, aspectos estos que deben ser ajustados.

Finalmente, teniendo presente que el periodo de funciones para el cual fueron elegidas las altas autoridades del Órgano Judicial y del tcp es por seis años y a estas alturas se ha cumplido más del 50 por ciento del mismo, es otro motivo por el cual no debiera cambiarse a la totalidad de los magistrados.

Conclusión inicial

Por todos estos argumentos y partiendo siempre de la lógica de que las verdaderas reformas deben, ante todo, ir dirigidas a mejorar la impartición de justicia en los niveles departamentales, toda vez que esta es la columna vertebral del Sistema de Justicia Boliviana, a continuación se plantean determinadas sugerencias de reforma normativa e institucional.

Para aminorar la mora y la corrupción en materia penal

Se sugiere:

a) Que en los procesos de capacitación de las nuevas leyes a nivel penal no solo se incluya  a los jueces y fiscales, también debe capacitarse a los abogados libres, remitiéndonos, como ejemplo, a la reforma penal de finales de los años 90, cuando, con apoyo de la cooperación, se capacitó a los fiscales y jueces, autoridades estas que, si bien conocían lo que debía hacerse en los nuevos actos procesales, estuvieron al margen de la capacitación los abogados libres, quienes asumieron criterios independientes en cuanto al alcance normativo de la Ley 1970, lo que provocó que surjan desencuentros entre estos tres principales actores. Los abogados libres desvirtuaron la esencia del entonces nuevo Código de Procedimiento Penal (cpp), asumieron como mecanismos de defensa la chicana. Si para la implementación de los nuevos Códigos Morales (1) no se incluye a los abogados libres, es probable que se repita lo que ocurrió hace más de una década.

b) Profundizar los niveles de coordinación que deben existir entre el Ministerio Público y los diferentes jueces y tribunales penales, aclarando que esta coordinación interinstitucional debe tener un solo objetivo, brindar un mejor servicio a la población; que el fiscal, de alguna manera, sea quien controle el trabajo del juez y, a su vez, el juez sea quien controle el trabajo del fiscal.

Por ejemplo, que los jueces conozcan cuáles son los mecanismos para activar denuncias disciplinarias en contra de los fiscales y, en caso de ser necesario, en su condición de controlador de garantías acuda a esta instancia y de igual manera, el fiscal para con los jueces.

c) Hacer que constantemente el Consejo de la Magistratura, a través de Control y Fiscalización, juntamente con su otra competencia, que es Políticas de Gestión, realice un seguimiento al trabajo de los jueces y tribunales penales, con la finalidad de transparentar su trabajo y de ser necesario activar los respectivos procesos disciplinarios e, incluso, penales, trabajo que debe hacerse en coordinación con el Ministerio Público. Pero también debe desarrollarse incentivos para aquellos jueces y fiscales probos.

d) Al interior del Ministerio Público desarrollar normativa que materialice el principio de la última ratio en materia penal; en estos últimos años, aquella persona que tiene una acreencia a su favor en lugar de acudir a la vía civil para pedir el cumplimiento de su contrato, decide acudir a la vía penal, desconociendo que en esta materia no se busca el cumplimiento sino la imposición de una sanción, sin embargo, elige este camino, por lo intimidante del derecho penal, desconociendo de esta manera que el Derecho Penal, por la gravedad de sus sanciones, debe ingresar solo en aquellos casos graves.

Si se lograría que el Ministerio Público oriente a aquella persona, quien acude a sus oficinas en este sentido, se descongestionaría enormemente la carga procesal en materia penal.

Se debe activar alianzas estratégicas entre el Ministerio de Transparencia, la Procuraduría, el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura para la lucha frontal contra la concusión de jueces, fiscales y abogados.

Es de lamentar que constantemente la gente denuncie que en algunas ciudades capitales e intermedias existen asociaciones de jueces, fiscales y abogados quienes coordinan para extorsionar a los litigantes. Destruir estas redes es sumamente difícil si una sola autoridad encara esta situación, pero si existen niveles de coordinación interinstitucional estamos seguros que, juntamente con el Ministerio de Gobierno, se podrá identificar a estos malos funcionarios y dar sanciones ejemplarizadoras.

Se debe adecuar el plan de estudios de las diferentes Carreras de Derecho a los nuevos paradigmas jurídicos contenidos en la cpe. De manera inmediata el Ministerio de Justicia debe encabezar niveles de coordinación con la Confederación Universitaria Boliviana (cub) con la finalidad de comenzar a trabajar en la revisión de la malla curricular de las diferentes carreras de Derecho, en virtud a que los estudiantes de estas unidades educativas son formados con un enfoque del Derecho que la actual cpe ha desterrado.

Esto implica que, cuando un profesional con este perfil académico sale a litigar, se entera que mucho de lo que aprendió no le sirve como él pensaba. Un o una magistrada, vocales, jueces, fiscales, abogados, primeramente son estudiantes de Derecho, consiguientemente, la fuente de todos los recursos humanos que conforman el nuevo Sistema de Justicia Boliviana son las Carreras de Derecho, por ello es fundamental incluir a estas unidades educativas, en el proceso de reforma de la justicia.

Debe suprimirse los tribunales de Sentencia en materia penal. Los problemas existentes en el sistema judicial boliviano tienen que ver, sobre todo, con la creciente demanda del servicio de justicia y el insuficiente número de jueces y tribunales existentes, para atender este servicio de manera oportuna y eficiente.

Esta realidad es más relevante y notoria en materia penal por sus connotaciones sociales, lo que exige que deba atenderse con urgencia dicha situación, aún así sea, con medidas transitorias o coyunturales, sin afectar la esencia del Derecho penal, sea este sustantivo o adjetivo, evitando en la medida de lo posible solicitar recursos adicionales del tgn, basados en la premisa “ no gastar menos, sino gastar mejor”.

Una de las medidas fue la supresión de los tres jueces ciudadanos, por un juez técnico, lo que provocó que los denominados tribunales de sentencia estén conformados por tres jueces técnicos (Ley Nº 586). Esta medida, sin lugar a  dudas, ha logrado revertir un problema existente, que era la conformación del tribunal de juicio, evitando que los juicios ya no estén demorados por esta causa; sin embargo, el problema de acumulación persiste debido a que cada vez son más las causas que ingresan a los recintos judiciales.

La propuesta es esencialmente jurídica, lo que se pretende es desdoblar los actuales tribunales de sentencia, en juzgados públicos en materia penal (unipersonales), esto significa que ya no debería existir la clasificación punitiva en sentido de que los delitos de acción pública, con pena superior a cuatro años, deben ser juzgados por los tribunales de Sentencia y menores a esta cantidad de años, por los jueces de Sentencia.

Se debe únicamente reformar el artículo 53 numeral 2 de la Ley Nº 1970, que es el central y otros artículos colaterales, de manera directa provocaría que al interior del Órgano Judicial exista mayor cantidad de jueces, con un mínimo incremento en el presupuesto del Órgano Judicial y, a nivel externo, implicaría una mayor efectividad procesal, debiendo incrementarse únicamente el personal de apoyo a estos jueces.

Esta medida no afectaría en nada la validez de las resoluciones que se dicta en esta instancia judicial; ya sea un tribunal o un juez unipersonal, deben seguir los mismos criterios rectores en la resolución de sus causas y en la emisión de una sentencia, de ahí que no es posible afirmar que una resolución de un tribunal con tres jueces tenga mayor validez o sea mejor que la dictada por un solo juez, ambas están sujetas a las mismas reglas (impugnaciones) y deben ser emitidas observando los mismos criterios procesales de forma y de fondo (2).

Conclusión final

El Sistema de Justicia Boliviano está compuesto por varios subsistemas, entre éstos los esenciales son el Órgano Judicial, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional, las carreras de Derecho, las gobernaciones, alcaldías, Asamblea Legislativa, entre otras.

La esperanza radica en que aquellas personas que coyunturalmente tienen la responsabilidad de lograr cambios o reformas en la impartición de justicia, sea a nivel legislativo, institucional, presupuestario, etc., siempre tengan una visión integral de este sistema y no un enfoque parcializado.

Estamos conscientes de que las sugerencias expuestas en el presente ensayo son mínimas en comparación a lo que pudiera hacerse en cada una de las instituciones que hacen al Sistema de Justicia, sin embargo, es una pequeña muestra de lo que debería asumirse como una línea de trabajo, es decir, propuestas que, ante todo, busquen articular a la mayor cantidad de subsistemas que conforman el Sistema de Justicia.

Pretender resolver la crisis de la justicia boliviana solo a partir de uno de sus componentes es buscar un chivo expiatorio, consideramos que ello no es responsable, se estaría perdiendo la oportunidad de construir una verdadera reforma judicial.

Bibliografía

Constitución Política del Estado de 1967, con sus respectivas dos reformas.

Constitución Política del Estado de 2009.

Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010.

Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, Nº 027 de 6 de julio de 2010.

Ley del Código Procesal Constitucional, Nº 254 de 5 de agosto de 2012.

Ley de Transición del Poder Judicial al Órgano Judicial, Nº 212 de 23 de diciembre de 2011.

Notas

1. Consideramos que esta sugerencia es plenamente válida para tener en cuenta los procesos de capacitación que se están encarando en relación al Condigo Procesal Civil, Código de las Familias, etc., etc.

2. El desdoblamiento de los actuales tribunales de sentencia a juzgados penales públicos no afecta a la estructura actual del derecho procesal penal. En cuanto hace a los juicios de responsabilidad contra altas autoridades que tienen una ley especial y que se tramitan ante el Tribunal Supremo de Justicia, para cuyo tratamiento se aplica de manera supletoria la Ley Nº 1970, no serán modificados por esta ley, vale decir que este desdoblamiento no será aplicable a este tipo de procesos especiales.Referente al Régimen Disciplinario, que es aplicable al interior del Órgano Judicial a través del Consejo de la Magistratura, es de conocimiento que las faltas gravísimas son juzgadas en primera instancia por los denominados Tribunales Disciplinarios, los que tienen una composición mixta (ver artículo 192 y 200 de la Ley Nº 025) y para su conformación se aplica de manera supletoria lo previsto en la Ley Nº 1970, consiguientemente, este proyecto de ley, tampoco alcanzará a este régimen.

*    Es licenciado en Derecho, ciencias políticas y sociales; máster en sociología; diplomado en Derecho Constitucional y en educación superior.

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