La Gaceta Jurídica

Voto individual y comunitario en perspectiva constitucional

Las declaraciones de los dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (Cnmciob “BS”) al anunciar que dichas organizaciones prohibían el voto cruzado y realizarían controles a favor del voto al mas han generado cuestionamientos que ameritan atención.

Las reglas de la OEP no prevén regulaciones para la participación política a través de la doble dimensión colectiva.

Las reglas de la OEP no prevén regulaciones para la participación política a través de la doble dimensión colectiva. Foto: cambio.bo

Ariel Néstor Flores Mamani

00:00 / 23 de septiembre de 2014

Cierta o no, esta posibilidad plantea una preocupación recurrente y de fondo, en tanto que está íntimamente relacionada con la formación, ejercicio y control del poder político e involucra postulados constitucionales definidos.

¿Existe una posible tensión entre voto individual y voto comunitario?, ¿son expresiones válidas para el ejercicio democrático?, ¿son contradictorias, anta- gónicas y divergentes desde la perspectiva constitucional boliviana?

No se trata, como ha intentado mostrarse, de un conflicto entre derechos individuales y derechos colectivos. En tanto que la Constitución boliviana responde a un modelo de naturaleza eminentemente garantista que se estructura bajo la premisa esencial de la “eficacia máxima de los derechos fundamentales” (1).

En ese sentido, la polémica colisión de derechos es superada a partir de la constitucionalidad del principio de “igualdad jerárquica de los derechos fundamentales”, sea en orden de derechos individuales o colectivos, sea en orden de derechos de primera o segunda generación (Constitución Política del Estado (cpe), artículo 13.III).

Tampoco se trata de un conflicto entre el ejercicio de la ciudadanía individual y ciudadanía colectiva. La primacía de un tipo de ciudadanía sobre otro tipo de ciudadanía es un falso debate. Es cierto que la cultura política boliviana tiene una característica corporativista, es decir, una tendencia marcada por la actuación colectiva, en grupo o gremial. Sin embargo, ya se ha había hecho evidente que el Estado fortalece el ejercicio colectivo de derechos de ciudadanía y debilita el ejercicio individual de ciudadanía por otras razones (2).

La aparente tensión entre “voto individual y voto comunitario” tiene un trasfondo relacionado con el ejercicio de los derechos políticos. Se trata de aquella facultad reconocida a toda ciudadana y ciudadano de participar activa y permanentemente en la vida política.

Así, la cpe consagra los derechos políticos en el parágrafo I del Artículo 26, que señala: “Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva”.

En ese sentido debe señalarse:

1. Se trata de derechos políticos constitucionalmente reconocidos a toda persona mayor de 18 años (ciudadanía).

2. Dicho derecho implica la facultad de participar en la formación del poder político, esto es, la constitución del gobierno y sus órganos.

3. Dicha facultad implica que pueda ser ejercida de manera individual o colectiva, es decir, la concepción de derechos políticos prevé tanto la participación individualizada de la población como la forma sectorial de participación que traduce los intereses de determinadas porciones de la sociedad. Factor al que Luis Tapia denomina cogobierno  (3).

Asimismo, el parágrafo II del mismo artículo establece que “el derecho a la participación comprende:

1. La organización con fines de participación política, conforme a la Constitución y a la ley.

2. El sufragio, mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio, escrutado públicamente. El sufragio se ejercerá a partir de los dieciocho años cumplidos.

3. Donde se practique la democracia comunitaria, los procesos electorales se ejercerán según normas y procedimientos propios, supervisados por el Órgano Electoral, siempre y cuando el acto electoral no esté sujeto al voto igual, universal, directo, secreto, libre y obligatorio.

4. La elección, designación y nominación directa de los representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de acuerdo con sus normas y procedimientos propios.

5. La fiscalización de los actos de la función pública”.

En este contexto se produce una doble apertura constitucional hacia formas diferenciadas de participación política. Por un lado, plantea una participación política en la modalidad individual, cuando señala que “2. El sufragio (se ejerce) mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio, escrutado públicamente”.

Por otro, establece las bases para el ejercicio de la participación política en la modalidad colectica, cuando prevé que “3. Donde se practique la democracia comunitaria, los procesos electorales se ejercerán según normas y procedimientos propios, supervisados por el Órgano Electoral, siempre y cuando el acto electoral no esté sujeto al voto igual, universal, directo, secreto, libre y obligatorio”.

Sin embargo, no se ha cumplido la previsión que establece la “supervisión por el Órgano Electoral” ni la previsión que establece que “siempre y cuando el acto electoral no esté sujeto al voto igual, universal, directo, secreto, libre y obligatorio”.

Las reglas de juego establecidas por el Órgano Electoral Plurinacional (oep) para las elecciones generales del 12 de octubre no contemplan ni prevén regulaciones en sentido de posibilitar las condiciones y mecanismos para la efectiva participación política a través de la doble dimensión colectiva.

Es decir, el ejercicio de los derechos políticos, allá donde se practica la democracia comunitaria, no tendrá posibilidades de ser expresada según normas y procedimientos propios, sino a través del tradicional formato liberal-individual, propio de la democracia representativa.

Bolivia, como ha señalado Luis Tapia, es “un país multisocietal, no solo hay diversidad de sujetos en el seno de las instituciones políticas más o menos modernas, sino que éstas y éstos interactúan con instituciones y sujetos que provienen de matrices comunitarias que, a su vez, contienen diversas culturas y, por tanto, historias, derechos y proyectos políticos también diversos” (4). Por tanto, no existiría, a priori, una tensión constitucional entre voto individual y voto comunitario, bajo el siguiente razonamiento:

1. La norma constitucional consagra los derechos políticos y garantiza el ejercicio individual o colectivo de la participación política.

2. La apertura constitucional hacia formas diferenciadas a la tradicional participación individualizada mediante el involucramiento del órgano Electoral y la regulación de normas y procedimientos propios que permitan el ejercicio de formas de participación colectiva, en el marco de la democracia comunitaria.

3. El Estado Plurinacional reconoce y instituye la forma de gobierno democrática participativa, representativa y comunitaria (artículo 11 cpe), por tanto, reconoce también las formas, instrumentos y mecanismos diferenciados mediante los cuales se materializa estas instituciones.

Las instituciones y mecanismos de la democracia representativa han sido permanentes desde la primera Constitución de 1826, sin modificación alguna. Aquellos que hacen a la democracia participativa han incorporado importantes innovaciones desde la reforma constitucional de 2004 hasta la Constitución de 2009.

En tanto que los de la democracia comunitaria no han merecido tratamiento legislativo alguno a pesar de la reserva legal que establece la Constitución, sin embargo, la Constitución ya ha visibilizado importantes instituciones.

Ahora bien, los derechos políticos, sean ejercidos individual o colectivamente, se expresan a través del sufragio. Pablo Dermizaky Peredo (5) define el sufragio como un acto por el cual el ciudadano expresa su voluntad en ejercicio de sus derechos políticos para la constitución de los órganos de gobierno.

En esa misma línea, Bidart Campos señala que el sufragio “es una técnica o un procedimiento institucionalizado mediante el cual el cuerpo electoral hace manifestación o expresión de opiniones políticas, con dos finalidades distintas: a) para elegir gobernantes; b) para la adopción de decisiones políticas”.

Por tanto, si el sufragio es una institución básica para el ejercicio de los derechos políticos, corresponde al Órgano Electoral establecer las condiciones, mecanismos y procedimientos adecuados para el efectivo ejercicio de los derechos políticos de los pueblos indígena originario campesinos en su dimensión colectiva. Que desde un entendimiento amplio y favorable de los derechos fundamentales, podría incluir, bajo los preceptos constitucionales señalados, el “derecho a voto comunitario”.

El voto comunitario, al igual que el voto individual, es expresión válida del régimen democrático. A través de normas propias y procedimientos diferenciados forman parte de la voluntad popular, pues, ambas constituyen la fuente originaria de todos los poderes públicos.

El voto comunitario, aun cuando no admita el disenso, elemento fundamental de la democracia liberal, no es contrario a la democracia comunitaria reconocida por la Constitución y, necesariamente, debe ser institucionalizada, esto significa, establecerse los alcances y los límites de su ejercicio para evitar excesos como los anunciados por organizaciones sociales como la Csutcb y “Bartolinas”. La institucionalización podría otorgar a estas formas comunitarias cierto grado de regularidad, previsibilidad y seguridad jurídica.

En voto comunitario es a la democracia comunitaria lo que el voto individual es a la democracia representativa, en tanto ambas son expresiones válidas para el ejercicio de los derechos políticos consagrados en la Constitución boliviana.

La democracia intercultural, aún en construcción, no será posible sin el desarrollo de la democracia comunitaria y con ella las posibilidades de institucionalización del derecho a voto comunitario.

Notas

1. “…esa ‘eficacia máxima de los derechos fundamentales’ como norte esencial de este modelo constitucional postula la igualdad de todos los derechos, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales, jerarquía que no está enmarcada solamente a un reconocimiento constitucional formal, sino a una eficacia real o sustancial, razón por la cual, estos son directamente justiciables y, por tanto, el control plural de constitucionalidad deberá ser su eficaz guardián” María Elena Attard Bellido, “La Justiciabilidad de los DESC en el constitucionalismo de la justicia e igualdad asumido por el modelo constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia”, Lex Social Revista de Derechos Sociales, Volumen 2, Mun. 1, 2012, en: http://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/article/view/271/266.

2. El Informe Nacional sobre el Desarrollo Humano 2007 señalaba que “los encuentros cotidianos con el Estado han generado el doble efecto de empoderar a actores colectivos e inferiorizar a actores individuales. (…) Mientras la súplica es la estrategia principal de los individuos y el discurso de los derechos desaparece en las relaciones con los funcionarios públicos, en el ejercicio colectivo de los derechos, la suplica se subordina a la estrategia de la presión del grupo o de los conocimientos personales o afinidades políticas, las cuales vienen acompañadas del discurso de derechos”.

3. Citada en Constitución Política del Estado. Anotada, concordada y comentada, Centro de Estudios Constitucionales, La Paz. 2013.

4. Luis Tapia. La Igualdad es Cogobierno, Plural Editores, La Paz, 2007.

5. Dermizaky Peredo, Pablo: Derecho Constitucional, Editores JV, Séptima Edición, Cochabamba, 2004.

Es abogado, candidato a magister en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional.

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