La Gaceta Jurídica

Voto popular directo sin filtro político

En el contexto de la justicia boliviana es pertinente recordar que la administración de justicia impartida en éste o en otro Estado, en el pleno ejercicio de su gobernabilidad, no es ajena a los manejos políticos, como sostuvo Thomas G. Kienbaum en medio de los debates para definir el mejor método de elección judiciario para Estados Unidos.

El Reglamento de selección de candidatos no estableció calificación ni puntaje meritocrático.

El Reglamento de selección de candidatos no estableció calificación ni puntaje meritocrático. Foto: Archivo La Razón

María Micaela Alarcón Gambarte

00:00 / 18 de marzo de 2014

"Todos los Estados inicialmente elegían al menos a los jueces de su Corte Suprema mediante el Sistema de designación por el Gobierno (Ejecutivo/Legislativo). Sólo después de una desagradable experiencia de dominación política, los Estados empezaron a elegir por el voto popular a sus jueces”.

El constituyente, en el caso de nuestro país, consensuó un texto constitucional en el que excluyó el antiguo método de elección judicial que proponía la elección originada en la decisión del Poder Ejecutivo con posterior aquiescencia del Legislativo.

Con el nuevo texto constitucional se implementa un sistema de elección de magistrados mediante voto popular, introduciendo el matiz político de la preselección por 2/3 de los miembros presentes del extinto Congreso, actual Asamblea Legislativa Plurinacional (alp).

Esta forma eleccionaria judicial adoptada por Bolivia –único país en Latinoamérica– deja ver objetivamente que si la intención del constituyente fue adoptar un método de elecciones judiciales idóneo a fin de incrementar la independencia del Poder Judicial y liberarlo de todo efecto corrosivo de la política o intervención de otro poder, debió oponerse a la implementación en el texto constitucional del filtro político preselectivo de los candidatos por medio de la alp.

En este contexto, es necesario reconocer que la antigua norma constitucional, en cuanto a la regulación del Sistema de Administración de Justicia y ejercicio de gobernabilidad se refiere, jamás introdujo reconocimiento efectivo de las desigualdades sociales a través de un eventual mecanismo de reforma constitucional que permitiera la inclusión de derechos negados y desconocidos hasta ese momento.

Lo cual, desde su fase interna, se convertía en un elemento poderoso y causa principal del resquebrajamiento futuro de la democracia boliviana, que con una evidente brecha consolidada entre grupos marginados/excluidos y grupos cerrados privilegiados proveyeron la ruptura populista o el quiebre constitucional más grande e histórico de la República de Bolivia.

Problemas estructurales del método de elección de magistrados en relación a la independencia judicial

En Bolivia la adopción de un método eleccionario fue radical, se optó por uno o por otro, a diferencia, por ejemplo, de Argentina, donde, si bien se declaró inconstitucional la propuesta eleccionaria de jueces por voto popular al considerar que los magistrados no deben responder a elecciones políticas, se mantuvo en vigencia, en el marco de su ingeniería constitucional, el reconocimiento de la elección de magistrados a través del Poder Ejecutivo y Legislativo, con la particularidad de la inclusión de científicos, académicos y abogados  provenientes de todas las instancias de los sectores técnicos y no de origen electivo.

Tal característica controla en aquel país los desajustes o contrapesos dentro de su propio poder político. Como bien sostiene Zaffaroni, pensar otro método de elección de jueces es impensable –según el espíritu e intención del  constituyente argentino–.

En Bolivia la elección de magistrados por voto popular es un avance democrático plasmado en el texto constitucional y convierte al país en único referente en el Derecho Comparado Latinoamericano que adoptó el reconocimiento de la voluntad popular para la toma de decisiones eleccionarias de las máximas autoridades jurisdiccionales, lo cual, en términos democráticos y de acuerdo con la intención constituyente, permite desmontar eventualmente el supuesto “favoritismo” político congresal del pasado.

Sin embargo, evidenciamos que en el antiguo método de elecciones judiciales y en el nuevo el componente de los 2/3 de los miembros presentes del Congreso o de la Asamblea mantiene su vigencia; en el primero como una posición confirmatoria o avaladora de la previa designación por parte del Presidente y, en el segundo, como una condición preselectiva de candidatos sujetos a voto popular.

En la actualidad, este filtro constituye una contaminación política severa al contradecir la intención original del constituyente, concebida en la idea democrática de la decisión popular directa para la definición y elección de autoridades judiciales, usurpando el poder de decidir al soberano y convirtiendo su voto en simple hecho de carácter referendatario de una decisión asumida políticamente de forma previa por la alp.

En lo real, si cualquier profesional pretendió ser candidato debió depender de la voluntad de los partidos políticos con representación en la alp. Esta situación se agravó con la aplicación del Reglamento de preselección de candidatos que no estableció una calificación meritocrática para la elección de los mismos ni definió criterios objetivos de puntaje a favor de un determinado candidato en relación a sus méritos.

En este sentido, la objetividad, la meritocracia y la futura independencia judicial se vieron empañadas y, con el tiempo, constatamos un quiebre en la institucionalidad del Sistema de Administración de Justicia, con absoluto desconocimiento de la independencia del Poder Judicial, parcialización y manipulación en la administración de justicia, que finalmente impactan de forma nociva contra la mínima seguridad jurídica de los ciudadanos.

Alternativas de Solución

Como sostiene Juan Bautista Alberdi, “si el gobierno elige al juez, el gobierno administra justicia, pues indirectamente hace la justicia quien hace al juez”.Al decir de Alexander Hamilton, “la libertad no puede temer de la administración de justicia por sí sola, pero tendría que temerlo todo de su unión con cualquiera de los otros departamentos”; en este sentido, si dejamos que las máximas instancias de administración de justicia sean dominadas directa o indirectamente por los poderes a los que pretendemos limitar, nuestra Constitución y derechos dirán lo que el poder político controlante quiera.

Por lo que, si directa o indirectamente los jueces son elegidos por el Ejecutivo o Legislativo, los lazos que motivaron la designación serán los que afecten la imparcialidad del juez, principalmente en los casos de pugna o conflicto de intereses en razón a la pertenencia del grupo de poder o miembros de un partido político o, dicho concretamente, porque los asambleístas pertenecen a un poder del Estado, afectando a la vez el Principio de Separación de Poderes.

Al respecto, el planteamiento de una reforma constitucional mediante referéndum popular propuesta a tiempo presentaría la posibilidad de elegir en democracia y en uso de sus derechos una eventual exclusión o no del filtro político preselectivo de la alp, previsto y enmarcado en el actual método de elecciones judiciales.

La finalidad principal es que el pueblo elija a sus jueces y tenga conformidad con la justicia que imparten aquéllos. Asimismo, el método de elecciones explicado, denominado “no partidarias”, ha sido objeto de recomendación por el Comité de Presidentes de las Cortes Supremas, organismo compuesto por 17 presidentes de las Cortes Supremas de los estados más importantes de Estados Unidos.

Beneficios de esta forma eleccionaria judicial:

-Independencia judicial.

-Ningún partido será el designador, de tal forma que los jueces serán imparciales, incluso en conflictos o contraposición de intereses sectoriales.

-El pueblo elegirá a aquellos que demuestren idoneidad, meritocracia y fiabilidad.

Así, se concibe que los magistrados actúen entre: a) los actos de los poderes ejecutivo y legislativo, cuyos miembros surgen de los partidos políticos y que por naturaleza siempre ha intentado traspasar los límites constitucionales para obtener mayor poder, y b) desvincular a los candidatos a jueces de los partidos políticos para que éstos alcancen imparcialidad e independencia respecto a los otros poderes, a los que precisamente se debe limitar.

Esto significa optar por un sistema de elecciones judiciales no partidarias, en el que las candidaturas deberán ser  refrendadas por un número de personas físicas con la prohibición de que cualquier partido político apoye una candidatura judicial, atacando a la vez el problema de las designaciones judiciales inferiores. O, en otras palabras, la reivindicación de que nuestra Constitución equilibre el poder para limitarlo.

En este marco, lo que se pretende es que los jueces actúen de forma independiente e imparcial, como custodios de los derechos y principios constitucionales, a fin de no dejar desprotegidos a los ciudadanos frente a los abusos de los poderes públicos o fácticos. La independencia judicial es el pilar básico del Estado Constitucional, por lo que la única manera de recuperar la confianza pública en el Sistema de Administración de Justicia es mediante su propia reforma, puesto que lo contrario vulnera los dictados de nuestra Constitución.

Es abogada constitucionalista.

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