La Gaceta Jurídica

Vulnerabilidad de las tierras indígenas

Pese a las normas de respaldo

Las áreas protegidas y territorios indígenas están amenazados por neocolonos.

Las áreas protegidas y territorios indígenas están amenazados por neocolonos. Foto: datos-bo.com

Boletín trimestral Doce

00:00 / 13 de febrero de 2015

Pese a los cambios sociopolíticos de las últimas décadas, en Bolivia persiste un modelo desarrollista basado en el extractivismo y en las posibilidades coyunturales que el  mercado internacional ofrece.

Este modelo tiene dos caras, por una parte genera crecimiento económico, pero, por otra, impide el ordenamiento territorial que permitiría que las activi- dades productivas, de conservación y otras se realicen de acuerdo a la vocación de cada espacio territorial.

También conduce a la flexibilización del cumplimiento de normas ambientales y sobre derechos indígenas a fin de facilitar el desarrollo de las actividades extractivas, tiene impactos sociales y ambien- tales negativos y no contribuye a un desarrollo integral y sostenible.

En ese contexto, una serie de actividades –mineras, petroleras y agropecuarias– que se desarrollan en las proxi- midades de los territorios indígenas y, en algunos casos, al interior de éstos atenta contra su integridad y da lugar al avasallamiento de tierras.

Saneamiento y avasallamiento

Aunque la Constitución Política del Estado (cpe) y otras normas legales vigentes respaldan los derechos territoriales indígenas y se ha avanzado en el saneamiento y titulación de las tco (tierras comunitarias de origen), el extractivismo crea condiciones para su avasallamiento –y el de áreas protegidas– que, desde esa lógica, son vistas como tierras  “subutilizadas” u “ociosas”.

Así se desconoce que en éstas el uso de los recursos naturales renovables no es exclusivamente agropecuario, sino diversificado y orientado a la sobrevivencia y desarrollo actual y futuro de los pueblos que las habitan.

En ese sentido, resultan preocupantes el acuerdo político sobre el que informó el Presidente hace más de un año para  la ampliación de la frontera agrícola de 3,5 millones de hectáreas a 13 millones al año (1), considerando la limitada extensión de las tierras agrícolas del país; así como el anuncio presidencial sobre un debate en torno al uso de las tco (2).

El año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) se pronunció sobre el riesgo que la extracción de recursos naturales, la realización de obras de infraestructura y el turismo significan para los pueblos  indígenas (3) y, por su parte, Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) ha señalado la necesidad de fortalecer las normas que reconocen los derechos territoriales indígenas, así como de reforzar los procesos de titulación, demarcación y protección de los territorios indígenas que no  han sido reconocidos.

Además, afirmó que la legislación sobre tenencia de la tierra, minería, extracción de recursos renovables y no renovables, forestal y ambiental no puede promover medidas contrarias a los derechos territoriales indígenas ni priorizarse en función del interés general (4).

Si bien el extractivismo puede gozar de popularidad y legitimarse como medio para fortalecer las arcas nacionales, reducir la pobreza y financiar políticas sociales, sus impactos  sociales y ambientales generan malestar en los sectores afectados, aunque, por no ser mayoritarios ni contar con un peso político significativo, carecen de posibilidades de ejercer presión y lograr la modificación de esta política.

El avasallamiento de tierras en territorios indígenas

La presión sobre los territorios indígenas parece estarse incrementando pese a que hace más de un año se cuenta con una ley que penaliza el avasallamiento de tierras.

Probablemente el Estado y los actores privados están en condiciones de usar ese instrumento para desalojar y sancionar a los invasores, lo que parece que no es posible para los pueblos indígenas, como se puede advertir por lo que ha acontecido últimamente en distintas regiones del país.

La tco Weenhayek sufre avasallamiento de personas de Pocitos y otras zonas de Villa Montes y se encuentra en litigio con ganaderos colindantes (5).

En la tco Tacana II –no titulada, aunque el proceso se inició  hace 14 años– miembros de la fdutc (Federación Departamental Unida de Trabajadores Campesinos) de La Paz Túpac Katari intentaron asentarse arguyendo que se trataba de tierras fiscales (6).

La tco ayorea Rincón del Tigre o Guayé es afectada por la actividad minera para la extracción de piedras semipreciosas y la expansión de la frontera agropecuaria.

Los indígenas que no cuentan con tierras y se han trasladado a la ciudad de Santa Cruz son utilizados como grupos de choque para el avasallamiento de tierras (7).

La tco Yuqui-ciri, ya titulada, ha sido asediada por cocaleros de la Cooperativa Santa Lucía de Ivirgarzama y Chimoré, que anteriormente intentaron avasallarla y ahora quieren comprarla, dividiendo a los indígenas (8).

Las tierras uru en los alrededores del lago Poopó están siendo ocupadas por aimaras (9).

En los territorios de 16 suyus de La Paz, Oruro y Potosí afiliados al Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), el inra inició procesos de saneamiento individual de tierras, atentando contra los derechos colectivos y la integridad del territorio (10).

El conflicto actual

El pueblo yuracaré de Puerto Gretel (municipio de Entre Ríos, provincia Carrasco de Cochabamba) se encuentra en conflicto desde hace varios años con colonizadores que han ocupado parte de sus tierras y presionan para apoderarse de todo su territorio.

En 2011, a fin de evitar más enfrentamientos y lograr la paz en su tierra, los caciques yuracaré cedieron la mitad de su territorio de 311 hectáreas a los colonizadores del sindicato Manantial Primera y firmaron un acta de conciliación (11).

Sin embargo, según denunciaron, al solicitar al inra el saneamiento de la parte del territorio que conservaban se encontraron con que los colonizadores habían incluido la totalidad del territorio, 311 hectáreas, ofreciéndoles 10 mil dólares para que lo desalojen por ser ellos los nuevos propietarios (12).

Entre julio y agosto de 2014 se produjo un nuevo episodio de este conflicto a raíz del ingreso de colonizadores y del aserradero La tronca al territorio yuracaré para extraer madera, arguyendo contar con autorización de la Autoridad de Bosques y Tierras (abt).

De acuerdo con los dirigentes indígenas, el sindicato y el aserradero obtuvieron una resolución administrativa para la extracción de madera en otra zona, no dentro de su territorio. Cuando los indígenas intentaron desalojar a los colonos, éstos los agredieron con machetes y palos, quemaron pastizales y derribaron árboles.

El pueblo yuracaré de la  comu- nidad Puerto Gretel amenazó con retomar las tierras en disputa (13).

La amenaza persiste

Actualmente, los pueblos indígenas se encuentran, en general, debilitados y el yuracaré de Puerto Gretel es uno de los más frágiles. Si bien la Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (cpitco) debiera representarlo, sus dirigentes declararon que no está afiliado; esa debilidad hace posible que sus derechos se vean reiteradamente conculcados.

La falta de noticias sobre el curso que ha seguido este conflicto, así como de respuesta de las autoridades y de resonancia en la opinión pública, muestran la escasa importancia que el Estado, los medios de comunicación y la ciudadanía prestan a estas situaciones que acaban por favorecer a quienes tienen mayor peso socioeconómico y político y que, por supuesto, no son los indígenas.

Notas

1. La Razón, La Gaceta Jurídica/Foro Andino Amazónico, 13 de septiembre de 2013.

2. Opinión, 8 de septiembre de 2014.

3. www.oas.org Informe CIDH, 29 de julio de 2014.

4. Cepal, 2014. Los pueblos indígenas en América Latina. Avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos.

5. Moisés Sapiranda, Capitán Grande del pueblo weenhayek, en www.aclo.org.bo, 27 mayo 2014.

6. Santos Cáceres, dirigente tacana en Erbol 30 de agosto de 2013.

7. Hernán Cabrera, representante del Defensor del Pueblo en Santa Cruz, en Erbol, 2 de enero de 2014.

8. José Isategua, cacique mayor del pueblo yuqui, en Erbol, 6 de noviembre de 2013.

9. Andrés Choque, representante del pueblo uru del lago Poopó, en Radio Pío XII, 11 de marzo de 2013.

10. Joel Albarado, Mallku de Conamaq, en Erbol, 19 de junio de 2013.

11. Erbol, 1 de agosto de 2014.

12. Denuncia de Rosalía Quiroga, dirigente yuracaré, en Erbol, 1 de agosto de 2014.

13. Erbol, 2 de agosto de 2014.

Tomado de: Conflictos de tierra y recursos naturales en Bolivia, boletín Doce, año 1, N° 2, agosto-octubre de 2014, ftierra.org

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