La Gaceta Jurídica

El abogado ante la moral, la ética y la deontología jurídica

Como vemos, la forma de definir el principio de independencia es en forma negativa, como la ausencia de injerencias y presiones en el ejercicio de la profesión; pero también desde un aspecto positivo, como lo son, la autonomía y la libertad en la citada actividad profesional.

El abogado ante la moral, la ética y la deontología jurídica

El abogado ante la moral, la ética y la deontología jurídica FOTO: efectonaim.net

La Razón (Edición Impresa) / Carlos Chinchilla Sandí*

00:00 / 13 de enero de 2016

Independencia profesional

Este principio tiene una relación directa con la abogacía, debido a que sus características conducen a su identificación dentro del ámbito de la deontología jurídica. Para algunos, como el caso de Carlo Lega, la independencia profesional no tiene solamente relieve deontológico, sino que configura jurídicamente uno de los bienes materiales de que es titular el ente profesional, que ha sido dotado del poder-deber de salvaguardarla (1).

Referido al ejercicio de la abogacía, para Carlo Lega la independencia se entiende como “ausencia de toda forma de injerencia, de interferencia, de vínculos y de presiones de cualquiera que sean provenientes del exterior y que tiendan a influenciar, desviar o distorsionar la acción del ente profesional para la consecución de sus fines institucionales y la actividad desempeñada por los colegiados en el ejercicio de su profesión” (2). Cualquier distorsión o intromisión en la independencia del profesional en Derecho debe ser considerada ilícita (3).

Como vemos, la forma de definir el principio de independencia es en forma negativa, como la ausencia de injerencias y presiones en el ejercicio de la profesión; pero también desde un aspecto positivo, como lo son, la autonomía y la libertad en la citada actividad profesional.

Es manifiesto que el abogado debe atenerse en lo profesional a su saber y conciencia, por lo que la independencia de su actuación va referida, en principio, a estos extremos (4).

Partiendo de lo anterior, el primer obstáculo a la independencia profesional es la propia ignorancia del profesional en Derecho. Por ello, cuando se hace referencia a la independencia del abogado, “no es a esa autonomía o independencia a la que nos referimos, sino a la que tiene su asiento en la voluntad, es decir, en la libertad del profesional; esto es, a la posibilidad de tomar decisiones propias, no condicionadas por injerencias o mediatizaciones externas. Estamos, pues, ante un concepto de independencia exterior, no interior” (5).

La independencia del abogado puede ser amenazada externamente y venir del (6):

a) Órgano Judicial.

b) Autoridades administrativas.

c) Poderes político-económicos.

d) Colegio profesional.

e) Clientes.

Libertad profesional

El principio de libertad profesional tiene mucha afinidad con el anterior principio de independencia profesional que estudiamos arriba. Este principio de libertad profesional se refiere al propio ejercicio de la función de abogado.

A pesar de la cercanía y conexión que pueda existir entre éste y el principio de independencia profesional, logran diferenciarse en cuanto el principio de libertad profesional se refiere a la libertad de autodeterminación del profesional en orden a su conducta en el ejercicio de la profesión, no solo desde un punto de vista técnico, sino también con relación a los comportamientos que complementan a los técnicos (7).

Según Carlo Lega, “mientras que el principio de independencia supone sobre todo una garantía del ente profesional y del profesional individualmente considerado frente a las intromisiones arbitrarias de terceros, el principio de libertad, en su aspecto deontológico, concierne en particular al comportamiento del abogado con relación a su cliente y tiende a atemperar las exigencias de las normas del arte forense con el interés del asistido y con la dignidad profesional de quien lo asiste” (8).

Ciencia y conciencia

El principio deontológico que ahora nos ocupa, el cual tiene un alcance universal, se refiere al “obrar según ciencia y conciencia”. Este principio arroja dos conceptos que requieren una precisión inmediata para desentrañar el contenido del mismo; hablamos de la ciencia y la conciencia.

a) Ciencia

Cuando se habla de la “ciencia” hacemos referencia a la ciencia propia de la profesión que sea, por ejemplo, el Derecho; no solo desde su aspecto teórico, sino también práctico.

La ciencia propia del abogado es, en esencia, una ciencia jurídica comprensiva no solo de la normativa en rigor, sino, además, de su aplicación jurisprudencial y, comprende, el conocimiento de la doctrina y de los principios jurídico-filosóficos en que la doctrina está basada (9).“El abogado debe ser, además, un humanista.

Su ciencia no es una colección de principios abstractos y descarnados, sino aplicables a conflictos personales y concretos. De aquí viene al abogado su vocación humanista. En el hombre confluyen todos los saberes y todos ellos, como todo lo humano, conciernen al jurista, aunque no con la misma intensidad y profundidad en todos los casos” (10).

b) Conciencia

Es cuando el concepto conciencia debe ser vinculado al calificativo profesional. Conforme lo anterior, prescindimos de las discusiones de la conciencia a nivel de la filosofía, la psicología y la religión, pues su vinculación se realiza con la ética profesional.

La conciencia profesional se encuentra vinculada con el conocimiento y, en este sentido, con la autorresponsabilidad del profesional.

Este último “debe actuar no solo con rigurosa atención a las normas técnicas, sino también con conocimiento de todas las consecuencias que derivan de su aplicación, incluso hasta más allá de los límites de la relación profesional, teniendo en cuenta el interés individual del cliente y el general de la colectividad en relación a la función social desarrollada por la profesión” (11).

Existe una clara vinculación del concepto conciencia con la moral, propiamente, una moral usual vinculada al marco del ordenamiento de la profesión de abogado y del ordenamiento jurídico en general. Esta cercanía entre conciencia y moral se evidencia, debido a que el abogado en su práctica profesional debe emplear, además de los aspectos técnicos de su ciencia, ideas propias de justicia.

La conciencia no es una simple opinión subjetiva sobre la moralidad del acto, como tampoco la conciencia profesional se limita al aspecto voluntarista (12).Entre la ciencia y conciencia existe un innegable nexo, a pesar de que los términos de valoración de una y otra son diferentes, no es posible objetarse que entre ambas se cuenta con el conocimiento que el profesional debe tener de los valores esenciales de su profesión, tanto en el aspecto técnico, como social y humano (13).

Lega (14) realiza una clara vinculación entre la deontología y la conciencia. Señala que la deontología toma en consideración la conciencia profesional en cuanto que persona humana inserta en el complejo social y reafirma la exigencia del conocimiento que aquél debe tener de los valores esenciales de su profesión. Pero también de los subjetivos (referidos a sí mismo, al cliente, a los terceros con quienes entra en contacto) y los de la colectividad en general.

En este sentido, Couture expone el mandamiento segundo, según el cual: “El Derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando”. Como se podrá notar, del enunciado de este mandamiento se recoge, con meridiana precisión, el conocimiento científico que el profesional en Derecho debe tener de la ciencia que aplica, pero, además, requiere realizar el ejercicio de su profesión con el pensamiento, diríamos, con su conciencia.

Probidad profesional

La probidad es la honradez. Una profesional debe ser, sin lugar a dudas, una persona honesta, que esto sea su pauta de conducta en su vida profesional y, además, en la privada.

La probidad es un concepto que tiene carácter universal y una inmediata relación con la deontología, por lo que se aplica a todas la profesiones, incluida la abogacía.

Se incorpora al concepto probidad el adjetivo profesional, que conduce a la identificación de la acepción más común de la probidad, identificada con la naturaleza y función social de la profesión a que se refiera y de la que constituye un límite (15).

Debido al contenido amplio del concepto de probidad profesional, el mismo tiende a ampliarse al ámbito de la conducta privada del abogado. Por ello, un proceder inadecuado en la vida privada del profesional podría repercutir en la reputación personal de éste.

Como vemos, el impacto podría trascender del ámbito privado y particular del sujeto hasta el profesional, donde la reputación del abogado se podría ver perjudicada y, en algunos casos, podría dar lugar a la aplicación del código deontológico particular.

Conclusiones

La deontología jurídica abarca conceptos y principios que, en esencial, se encuentran estrechamente unidos a las actividades del proceder ordinario del profesional en Derecho. Dentro de estos conceptos y principios entendemos que están incluidas la moral, la ética, la probidad, la independencia y la libertad profesional, entre otros.

La correlación inmediata entre moral y ética resulta innegable, como también lo es de éstas con la deontología profesional y, en específico, la deontología jurídica. Existe algún tipo de resistencia a la promulgación de códigos deontológicos que regulen a las profesionales liberales, incluida la abogacía.

Sobre lo anterior, podemos decir que, sin temor a equivocarnos, efectivamente la gran mayoría de abogados se comporta en forma acorde con los más serios mandatos deontológicos, aun sin necesidad de la existencia de este tipo de normativa.

No obstante lo expuesto, existe un margen reducido de abogados a los cuales la simple enunciación de postulados morales y éticos no les provee contención en su actuar.

Por ello, resulta indispensable la formulación de estos códigos deontológicos de los abogados como regulaciones de carácter preventivo que, en el peor de los casos, actuarán para sancionar algún proceder incorrecto del profesional en derecho, donde se le podría llegar a imponer, en caso extremo, una sanción disciplinaria.

La función del abogado se debe a la sociedad y, por supuesto, al cliente. Lo anterior debe dirigirlo a la búsqueda, en todo momento, de la justicia al caso concreto, donde su proceder debe enmarcarse en el comportamiento ético profesional.

Bibliografía

Libros citados

Battaglia, Salvatore, Grande dizionario della lingua italiana, Torino, Tomo IV, 1966.

Cortina, Adela/Martínez, Emilio, Ética, Madrid, 1996.

Couture, Eduardo J., Los mandamientos del Abogado, Buenos Aires, 1994.

Desclos, Jean, Una moral para la vida, en Curso de Ética Profesional Jurídica, San José, 2005.

Dostoievsky, Fedor, Crimen y castigo, Barcelona, 1982.

Gómez Pérez, Rafael, Deontología Jurídica, Pamplona, 1988.

Gutiérrez Sáenz, Raúl, Introducción a la Ética, en Curso de Ética Profesional Jurídica, San José, 2005.

Lega, Carlo, Deontología de la profesión de abogado, en Curso de Ética Profesional Jurídica, San José, 2005.

Martínez Val, José María, Abogacía y Abogados, Barcelona, 1981.

Torre Díaz, Francisco Javier de la, Ética y Deontología Jurídica, Madrid, 2000.

Vázquez Guerrero, Francisco Daniel, Ética, Deontología y Abogados. Cuestiones generales y situaciones concretas, Barcelona, 1997.

Cuerpos normativos deontológicos

Código de deberes jurídicos, morales y éticos del profesional en derecho.

Aprobado en sesión de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Costa Rica N° 50-2004 del 25 de noviembre y ratificado el 2 de diciembre en sesión N° 52-2004 y publicado en La Gaceta N° 242 del 10 de diciembre de 2004.

Código Deontológico de los Abogados de la Unión Europea. Adoptado por los representantes de las 18 delegaciones de la Comunidad Europea y del Espacio Económico Europeo, en la Sesión Plenaria del ccbe del 28 de octubre de 1988 y modificado en las Sesiones Plenarias de 28 de noviembre de 1998 y 6 de diciembre de 2002.

Estatuto General de la Abogacía de España. Real Decreto 658/2001, de 22 de junio de 2001. Publicado en el BOE 10/7/2001.

Notas

1. Cfr. Lega, Carlo, Deontología de la profesión de abogado, en Curso de Ética Profesional Jurídica, San José, 2005, p. 217.

2. Lega, Deontología…, cit., p. 217.

3. Cfr. Lega, Deontología…, cit., p. 217.

4. Ver, Vázquez Guerrero, Francisco Daniel, Ética, Deontología y Abogados. Cuestiones generales y situaciones concretas, Barcelona, 1997, p. 53.

5. Vásquez Guerrero, Ética…, cit., p. 53.

6. Cfr. Vásquez Guerrero, Ética…, cit., p. 53.

7. Cfr. Lega, Deontología…, cit., pp. 221-222.

8. Ver, Lega, Deontología…, cit., p. 222.

9. Cfr. Vázquez Guerrero, Ética…, cit., p. 58.

10. Vázquez Guerrero, Ética…, cit., p. 58.

11. Lega, Deontología…, cit., p. 209.

12. Ver en este sentido, Vázquez Guerrero, Ética…, cit., p. 59; Lega, Deontología…, cit., p. 210.

13. Lega, Deontología…, cit., p. 211.

14. Cfr. Lega, Deontología…, cit., p. 211.

15. Cfr. Lega, Deontología…, cit., p. 212.

*    Fue Juez Superior del Tribunal de Casación Penal de Costa Rica.

Tomado de: Revista de Ciencias Jurídicas Nº 109, enero-abril 2006, revistas.ucr.ac.cr

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