La Gaceta Jurídica

Por la abolición definitiva de la pena de muerte

Apunte legal

Alan E. Vargas Lima

00:00 / 28 de octubre de 2014

El 10 de octubre se ha celebrado el Día Internacional contra la Pena de Muerte, ocasión en la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) (1) ha emitido una exhortación a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (oea) que aún mantienen en sus legislaciones la pena de muerte a abolirla o a imponer una moratoria a su aplicación, como paso previo hacia la abolición definitiva; asimismo, ha exhortado a garantizar el pleno cumplimiento de las decisiones de la cidh en casos relativos a pena de muerte.

Esta es, por supuesto, una loable iniciativa del organismo regional –expresada en un comunicado cuyas partes más sobresalientes reproduzco ahora– en procura de la reivindicación del valor de la vida como indispensable para la existencia del ser humano y así concientizar sobre la injusticia de los abusos perpetrados por algunos Estados, o particulares, contra el derecho a la vida y la existencia digna de las personas.

Sin embargo, resulta ilógico que en pleno siglo XXI y considerando la evolución del pensamiento humano y las formas democráticas de convivencia de las sociedades en el mundo entero, aún tengamos que seguir luchando contra la más inhumana de las sanciones: la pena capital.

De todas formas, se debe destacar que los países de América Latina tienen una larga tradición abolicionista; por ejemplo, Venezuela fue el primer país del mundo en abolir la pena de muerte para todos los delitos en 1863 y Costa Rica lo hizo en tercer lugar en 1877.

Bolivia no abolió la pena capital sino hasta 1961, cuando de manera expresa declaró en su texto constitucional la inexistencia de la pena de muerte; una disposición cuya claridad ha sido refrendada por la actual Constitución aprobada en 2009, que establece (artículo 15, parágrafo I): “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte”.

Por otro lado, el sistema interamericano de derechos humanos ha desempeñado un importante rol en el establecimiento de normas internacionales relativas a la aplicación restrictiva y abolición gradual y definitiva de la pena de muerte. En efecto, la cidh fue el primer órgano internacional de derechos humanos en evaluar las consecuencias de la aplicación obligatoria de la pena de muerte en el goce de los derechos humanos, concluyendo que la misma es incompatible con los derechos a la vida, al trato humano y al debido proceso.

Pero, aunque la mayoría de los Estados miembros de la oea ha abolido la pena capital, una minoría importante aún la mantiene; así, Estados Uni- dos es el único país de las Américas donde se lleva a cabo ejecuciones de pena de muerte. No obstante, la cidh ha observado que la aplicación de la pena capital en ese país ha disminuido gradualmente. En 2013 se llevó a cabo 39 ejecuciones, en comparación con 43 en 2012 y el número de ejecuciones se ha reducido a la mitad en los últimos diez años. Asimismo, en 2013 el apoyo público a la pena capital en Estados Unidos habría alcanzado su nivel más bajo (2).

Ahora bien, siguiendo esta perceptible tendencia a la abolición definitiva de la pena capital, recientemente el Papa Francisco también ha expresado su posición abolicionista frente a la aplicación de la pena capital (legal o ilegal y en todas sus formas) y, asimismo, propuso suspender la aplicación de la cadena perpetua, a la que denominó una “sentencia a muerte escondida”, habiendo convocado a mejorar las condiciones carcelarias, por respeto a la dignidad humana de las personas privadas de libertad.

En su criterio, “es imposible pensar que los Estados no dispongan de otro medio que no sea la pena de muerte para defender del agresor injusto la vida de las demás personas”, según señaló en un reciente encuentro con miembros de la Delegación de la Asociación Internacional de Derecho Penal en Ciudad del Vaticano.

Por otro lado, el máximo representante de la Iglesia católica alertó sobre la posibilidad de que, al aplicar la pena de muerte, “exista un error judicial” o sea utilizada por “regímenes totalitarios y dictatoriales” como “instrumento de castigo a la disidencia política o de persecución contra las minorías religiosas y culturales”. El Papa también consideró que la prisión preventiva, “cuando se aplica de forma abusiva antes de la pena”, es “otra forma contemporánea de pena ilícita oculta”.

Ciertamente, estas palabras describen acertadamente los defectos y consecuencias funestas de la aplicación indiscriminada de estas penas, que prácticamente constituyen un trato inhumano y degradante hacia las personas, no solo como consecuencia de la deficiencia del sistema penal de algunos países, sino también porque, en muchos casos, es el resultado del ejercicio arbitrario y despiadado del poder de castigar sobre las personas privadas de libertad, convirtiendo así a la reclusión en cárceles de “máxima seguridad” en otra forma de tortura, según el sabio pontífice.

Ante este panorama, no tan sombrío ni tampoco desalentador, es necesario seguir abogando hasta lograr la abolición definitiva y universal de la pena capital en todas partes del mundo, rechazando su aplicación en cualquiera de sus formas, no solo por constituir una afrenta a la dignidad humana, sino también porque la invocación indiscriminada de este tipo de penas para poner freno al delito en medio de campañas políticas o situaciones coyunturales no constituye una solución eficaz frente a la criminalidad y menos en el contexto latinoamericano actual.

Notas

1. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.

2. La Comisión destaca que, tras la abolición de la pena de muerte en Michigan en 1847, diecisiete estados y el Distrito de Columbia han seguido en dicha dirección. Maryland fue el decimoctavo estado en abolir la pena capital en 2013. Otros, como Colorado, Delaware, Oregón y Nueva Hampshire, están dando pasos hacia la abolición. Por otra parte, la inclusión de actos de terrorismo en la lista de delitos pasibles de la pena de muerte en el estado de Misisipi en 2013 constituye un retroceso en la desaparición gradual de la pena de muerte en el país. Cfr. La CIDH exhorta a los Estados Miembros de la OEA a abolir la pena de muerte (Comunicado No. 115/14, 10 de octubre de 2014). Fuente: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/115.asp

Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano: http://alanvargas4784.blogspot.com

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia