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Un abordaje del feminicidio desde la convergencia entre teoría y activismo(1)

Una mujer con una polera en campaña contra el feminicidio. Foto: palabrademujer.wordpress.com

Una mujer con una polera en campaña contra el feminicidio. Foto: palabrademujer.wordpress.com

María Silvana Sciortino - Luciana Analía Guerra

00:00 / 28 de noviembre de 2014

En el trabajo a desarrollar se intenta realizar un abordaje en torno al concepto de violencia de género, centrándonos en la ejercida contra las mujeres. Intentaremos mostrar que las múltiples formas de violencia que vivimos cotidianamente las mujeres no son casos aislados e inconexos ni problemas personales que puedan tener algunas mujeres.

Son expresión de un problema estructural y político que es invisibilizado al mismo tiempo que promovido y reproducido de manera sistemática. Otra cuestión central a desarrollar se refiere a la comprensión de la noción de feminicidio en el contexto de la movilización política que surge a partir de la violación seguida de muerte de Sandra Ayala Gamboa ocurrida en La Plata, Argentina, el 16 de febrero de 2007 (2).

La interpretación de este caso tomado como referencia intenta articular variables de análisis tales como el género, la etnia, la clase y la nacionalidad. Sandra reunía varias marcas de subalternidad: mujer, mestiza, desocupada e inmigrante peruana, gracias a los cuales y, por común empatía, se fueron solidarizando distintos grupos al proceso de movilización en reclamo de justicia.

Cada sector dio sentido al asesinato de Sandra a partir de la categoría reivindicativa que da unidad identitaria a su grupo. Entre ellos agrupaciones feministas, de mujeres, de los pueblos originarios, de trabajadores y partidos de izquierda, asociaciones de residentes peruanos en Argentina y de otros países de Latinoamérica. Éstos son los protagonistas del trabajo que presentamos, tomando como punto de partida las palabras, expresiones, interpretaciones y acciones de sus miembros.Violencia contra las mujeres: problema estructural, feminicidio y poder patriarcal

El concepto de feminicidio nació en 1990, cuando Jane Caputo y Diana E.H. Russell publicaron en la revista Miss de septiembre-octubre el artículo “Femicid: Speaking the unspeakable” (Feminicidio: hablando lo inhablable). En 1992 fue publicado nuevamente en versión más extendida. Es importante destacar que las autoras eran parte del movimiento feminista, activistas comprometidas con una práctica política íntimamente ligada a la producción teórica.

Esa solidaridad entre teoría y práctica, entre activismo y pensamiento, nos parece de suma importancia, no solo para enriquecer las políticas impulsadas por el movimiento, sino también para que en el mismo no se genere una división intelectual y de acción de la política.

La distancia entre teoría y práctica conduce, por un lado, al aislamiento de las feministas académicas y, por otro, al pragmatismo irreflexivo de los grupos y organizaciones feministas. La reflexión crítica y el análisis de las acciones políticas impulsadas deben ser parte de un mismo proceso. La convergencia entre teoría y práctica es necesaria para el fortalecimiento de un movimiento feminista que no quiera caer en el academicismo ni en el pragmatismo militante.

La elaboración del concepto de feminicidio es un claro ejemplo de la relevancia de la producción de conocimiento para la orientación de las prácticas feministas. Al politizar los asesinatos de mujeres, Russel y Caputo visibilizaron las relaciones de poder que subyacen a los mismos, permitiendo con dicho análisis pensar políticas que ataquen el problema desde sus raíces. Las autoras definieron dicho concepto de la siguiente manera:

El asesinato de mujeres es la forma más extrema del terrorismo sexista. Una nueva palabra es necesaria para comprender su significado político. Pensamos que feminicidio es la palabra que mejor describe los asesinatos de mujeres por parte de los hombres (=varones), motivados por el desprecio, el odio, el placer o el sentido de propiedad sobre ellas.

El femicidio es el resultado final de un continuum de terror que incluye la violación, tortura, esclavitud sexual, especialmente la prostitución, el incesto y el abuso sexual familiar, la violencia física y emocional, los asaltos sexuales, mutilaciones genitales (clitoridectomías e infibulaciones), operaciones ginecológicas innecesarias (histerectomías) heterosexualidad obligatoria, esterilizaciones y maternidades forzadas (penalizando la anticoncepción y el aborto), psicocirugías, experimentos médicos abusivos (por ejemeplo, la creación de nuevas tecnologías reproductivas), negar proteínas a las mujeres en algunas culturas, cirugías estéticas y otras mutilaciones en nombre del embellecimiento. Si de estas formas de terrorismo resulta la muerte, se transforman en femicidio.

Cuando la supremacía masculina es desafiada, el terrorismo es intensificado, las mujeres vivimos bajo este terror, luchemos contra él o no (Caputo, Jane; Russell, D., en Fontenla, M., 2005:35).

Esta propuesta permite entender tales casos como producto de relaciones de poder y desigualdad entre mujeres y varones en el marco de un sistema de opresión: el patriarcado. Si bien consideramos que se trata de un concepto universal, intentaremos comprenderlo a partir de la forma heterogénea en que se manifiesta, según el contexto socio-histórico particular en que se sitúan los actos de violencia. Siguiendo a Heidi Hartmann, consideramos al patriarcado “un conjunto de relaciones sociales que tiene una base material y en el que hay unas relaciones jerárquicas y una solidaridad entre los hombres (=varones) que les permiten dominar a las mujeres” (Hartmann, 1980: 97).

A su vez, incorporamos a dicha definición los elementos teóricos que aporta la antropóloga Rita Laura Segato, la cual distingue tres niveles en su análisis: el patriarcado simbólico, es decir, la estructura inconsciente que conduce los afectos y distribuye valores entre los actores sociales; el nivel de las repre- sentaciones, la ideología de género propia de una determinada sociedad, y el nivel de las prácticas.

La violencia patriarcal es tanto física, psicológica y simbólica como individual o grupal. Esta violencia se justifica a partir de la inferiorización de un grupo o individuo sobre el cual se ejerce la violencia, en nuestro caso, la marca preeminente es el sexo. Consideramos de mucha importancia que la diferencia sexual en la que se fundamenta la desigualdad se examine junto a otras disponibilidades o condicionamientos que la atraviesan.

Esta mirada articuladora de la violencia contra las mujeres hace posible una comprensión compleja del problema, permitiendo entender el marco socio-cultural más amplio en el que se es mujer y en el que se sufre la violencia. Es decir, las mujeres asesinadas a las que nos referimos en este trabajo, además de mujeres, están situadas según la clase, etnia e identidad cultural o nacional.

Coincidimos con Heidi Hartmann en que “es fundamental examinar la jerarquía entre los hombres y su diferente acceso a los beneficios del patriarcado. No hay duda de que aquí entran en juego la clase, raza, nacionalidad e, incluso, estado civil, orientación sexual y edad. Las mujeres de diferentes clases, razas, nacionalidades, estados civiles y orientaciones sexuales están sometidas a diferentes grados de poder patriarcal” (Hartmann, 1980:97).La violencia como enunciadoPara comprender este tipo de violencia consideramos de suma utilidad los aportes realizados por Segato sobre el tema. La autora propone entender la violencia a partir de la relación entre dos ejes que se intersectan: uno horizontal, donde los vínculos se establecen a partir de las relaciones de alianza o competición, y otro vertical, cuyos lazos son de entrega o expropiación.

El eje horizontal refiere a los vínculos entre el que ejerce la violencia (violador en el análisis de Laura Segato) y sus pares, socios en el orden del estatus que es el género; el eje vertical implica la relación entre el sujeto masculino y quien exhibe significantes femeninos, en los crímenes que analizaremos estos significantes están asociados únicamente a mujeres. Ambos forman un sistema único e inestable, donde la violencia contra las mujeres actúa como una forma de interacción necesaria en la reproducción de la economía simbólica de poder.

La autora distingue, por un lado, el orden del contrato refiriendo a la esfera de la ley que rige las relaciones entre categorías sociales que se clasifican como pares y el orden del estatus refiriendo a la esfera de las costumbres, que implica vínculos entre categorías que exhiben marcas que las relaciona de manera jerárquica y desigual, como sería el caso del género (Segato incluye raza y clase, entre otras). Esta última forma de establecer las relaciones entre categorías es considerada propia de la premodernidad.

En este contexto, la mujer y el acceso sexual es un patrimonio por el cual los varones compiten entre sí (considerado derecho de pernada). En este marco, la violencia ejercida contra una mujer era una agresión dirigida hacia otro varón a través del cuerpo de la mujer. Con el advenimiento de la modernidad, la ciudadanía se extiende a la mujer transformándose en un sujeto de derecho; aquí dejaría de ser concebida como apéndice del varón y la violencia ejercida contra ella pasaría a ser considerada delito contra su persona, ya no contra un tercero (un varón a modo de agresión o competición a un par de su fraternidad).

En la premodernidad los vínculos eran regidos por el orden del estatus, mientras la modernidad abre el camino al orden del contrato. Esta dicotomía (premodernidad-estatus / modernidad-contrato) no debe ser tomada de manera tajante, ya que, como sostiene Segato acordando con Carol Pateman, en la modernidad coexisten ambos universos de sentido.

Afirma Pateman, “(…) la estructura de género nunca adquiere un carácter completamente contractual y su régimen permanece en el estatus, de este modo el orden del estatus desigual de los géneros responde a un orden arcaico y precede la regulación contractual” (Citado en Segato, Rita Laura, 2003:29). El mismo se hace visible en la modernidad, en el sentido que afirma Segato, al mantenerse la figura legal de “delito contra las costumbres” o de “legítima defensa de la honra”, apelada en los tribunales en defensa del violador o asesino, reproduciendo la idea de que los actos de las mujeres afectan la integridad del varón.

En este sentido, la igualdad de relaciones que presupone el contrato moderno desmarcando a los sujetos queda fisurada. Este análisis, que permite visualizar la continuidad de un orden desigual en torno a la marca de género, se intentará aplicar en la comprensión del crimen de interés en este trabajo (y de tantos otros que se conectan con él).

Un aspecto de la violencia contra las mujeres que interesa introducir para completar su análisis se refiere a entenderla como un enunciado que, a través del cuerpo de la mujer, intenta expresar a determinados interlocutores un mensaje concreto. Los asesinatos a los que haremos referencia, en particular el de Ayala Gamboa, deben entenderse en una trama mayor, en tanto sistema de comunicación.

En el sentido premoderno que señalamos, el cuerpo de la mujer sigue siendo el territorio en el cual los varones tomarán y afirmarán posiciones entre sus pares, el uso y abuso del cuerpo de ella aniquila su voluntad y expropia a la mujer del control de su cuerpo para dejar la huella de su posición de varón, de clase y de etnia.Este análisis al caso de SandraSandra se hizo presente en el Archivo del Ministerio de Economía de La Plata con el fin de reunirse en una entrevista de trabajo. Concentraba varias marcas que la posicionaban desventajosamente. Por un lado, en el marco xenofóbico reinante, producto de diversas crisis a nivel nacional y global, la llegada de inmigrantes de países limítrofes se traduce en una tensión expresada en los vínculos sociales con la conformación de dos bandos: los inmigrantes y el ciudadano nacional, que perduran en la actualidad y tienen fuertes consecuencias en el plano laboral. Sandra era una inmigrante más que disputaba un puesto de trabajo, una actitud que continúa desafiando el rencor del ciudadano y al contexto xenofóbico que lo interpreta como expropiación de sus espacios nacionales (3). De esta forma, se hace visible la manera cómo se articulan, desventajosamente para mujeres como Sandra, la nacionalidad y la clase y representa la realidad que los grupos inmigrantes deben enfrentar ante una población nacional que no los reconoce como ciudadanos ni como legítimos merecedores de oportunidades y condiciones laborales.

Sandra no era inmigrante europea blanca. Por el contrario, era una joven mestiza de Perú. Consideramos que la xenofobia que se respira en nuestros países tiene como trasfondo un fuerte racismo que se remonta a los tiempos de la colonización de América. El genocidio que sufrieron los pueblos originarios por parte de los europeos perdura hasta nuestros días en la ideología racista existente en amplios sectores de la sociedad. La discriminación es atravesada por la pertenencia étnica.

Como en este análisis intentamos dar un paso más, señalamos que Sandra era una mujer con las marcas “negativas” de ser inmigrante, mestiza y desocupada; en un cuerpo femenino los estigmas se potencian, implicando un desafío que va más allá de la xenofobia racista y la desocupación. Las marcas de etnia, clase y nacionalidad (negativamente valoradas por pobre, mestiza y extranjera) son juzgadas desde la óptica patriarcal y usaron el cuerpo de Sandra como el territorio en el que se impondrá castigo ejemplificador para cualquier otra mujer que ose cruzar los límites.

Con la muerte de Sandra no solo se intentó disciplinar a una mujer, sino a una mujer genérica, pero, a su vez, esta agresión se dirigió contra otro hombre también genérico con el fin de demostrar fuerza y virilidad ante una comunidad, que si bien es de pares, mantiene un orden jerárquico. La muerte de Sandra está dirigida, como agresión y como enunciado, al grupo étnico de varones de su comunidad; por eso consideramos que su muerte fue un acto expresivo de significado, un acto para otros, un acto para marcar y remarcar espacios de poder entre pares.

La condición para que este tipo de asesinatos tengan lugar es un ambiente de extrema impunidad, ausencia de líneas de investigación consistentes, repetición de crímenes, privilegios y protección (directa o indirecta) a los acusados, construcción de chivos expiatorios y, fundamentalmente, encubrimiento y complicidad del Estado y sus instituciones.

Sandra desapareció el día 16 de febrero del 2007. Cuando los familiares fueron a hacer la denuncia ese mismo día a la comisaría Primera de la Ciudad de La Plata, los policías de turno se negaron tanto a tomar la denuncia como a entrar en el Archivo del Ministerio para ver si Sandra estaba allí en la supuesta “entrevista de trabajo”. Tuvieron que pasar seis días para que la policía entrara al edificio a buscarla. Así fue como el 22 de febrero encontraron su cuerpo en esa oficna ubicada en pleno centro de la ciudad. El caso de Sandra puede interpretarse como un pacto entre varones que trasciende a los autores directos del crimen. La complicidad y el silencio se extienden a la policía encubridora, al Ministerio de Economía donde tuvo el lugar el crimen, a la justicia y sus leyes patriarcales que mantienen impune al crimen y al Gobierno que garantiza la impunidad, permitiendo de hecho que los feminicidios sucedan hasta en los edificios públicos de sus propias instituciones. La impunidad, como bien dice Segato, no es producto de los asesinatos, sino la condición de posibilidad de los mismos.

Planteamos una pregunta que surge de comparar y analizar diversos feminicidios: ¿La condición de mujeres nos pone a todas en un mismo plano de indistinción al momento de elegir el cuerpo a sacrificar?, ¿Los asesinatos son igualmente visibilizados en tanto que todas son muertes de mujeres?Consideramos que podemos encontrar una primera respuesta en los medios de comunicación y la forma cómo tratan los asesinatos. Por lo que hemos indagado en lo que denominamos el subtexto de género de la noticia,  la presentación de los crímenes desde los medios de comunicación exhibe ciertas características. De los análisis de los feminicidios vistos por Segato en Ciudad Juárez, México, para el contexto de los asesinatos en otros lugares retomamos:

1. Voluntad de indistinción. En un primer momento estas muertes son presentadas desde los medios como casos inconexos, respondiendo a crímenes pasionales, agresiones seriales, venganzas, entre otros. De esta manera se oculta la trama que conecta las muertes entre sí y se hace imposible entenderlas en el marco del feminicidio.

2. Instalación de la idea de que el móvil de los asesinatos es meramente sexual, producto de patologías individuales. Así se continúa alejando el análisis de una comprensión estructural de los crímenes.

3. Invisibilización del lugar en que las mujeres son asesinadas, que en nuestra opinión es una parte importante del mensaje que se trasmite.

4. Culpabilización de las víctimas. Se instala como tema de debate público la moralidad de la víctima, ubicándola en un lugar que la hace responsable por lo que le ha sucedido.

Se introduce la duda respecto al merecimiento de lo acontecido ya que se las suele relacionar a situaciones de prostitución, drogas, infidelidad, entre otras. Así, las víctimas son asociadas a comportamientos negativamente considerados por la sociedad.

Por ejemplo, en los feminicidios de María Marta García Belsunce y Nora Dalmasso los medios instalaron por mucho tiempo aspectos de sus vidas privadas con la intención de culpabilizarlas produciendo una doble victimización de las mujeres.

Si comparamos el gran impacto mediático de los casos de María Marta y Nora, el feminicidio de Sandra tiene la particularidad de la poca y ninguna cobertura en los medios. En los otros dos casos se interpreta las muertes como crímenes pasionales, de esta forma, el de Sandra fue directamente invisibilizado. En nuestro análisis interpretamos el pasaje de la indistinción a la invisibilización acentuando la importancia de la clase y de la etnia, ya que mujeres como Sandra Ayala Gamboa, desocupadas, migrantes, mestizas, no merecen la atención mediática y pública que sí tienen mujeres blancas, pertenecientes a círculos de poder político y económico (como sería el caso de Belsunce y Dalmasso).

Asimismo, es de suma importancia el lugar en donde se dio muerte a esas mujeres y donde se hallaron sus cuerpos, pues forma parte del conjunto de la violencia como enunciado. Sandra fue violada y asesinada en una institución pública, lo que implicó una doble constatación del dominio patriarcal. María Marta y Nora fueron muertas en sus propias residencias, en el espacio doméstico, donde el varón es amo y señor en un sentido premoderno. En el imaginario mayoritario, aún hoy, la mujer es parte de su territorio, por lo cual el asesino no estaría más que disponiendo de lo que le pertenece.

El que Sandra haya sido encontrada en un espacio público no solo ratifica el dominio patriarcal del Estado sino que, a su vez, lo exhibe. Quienes detentan el poder patriarcal repiten con regularidad estas demostraciones ostensivas de poder sobre los cuerpos de las mujeres para advertirles sobre las consecuencias que implica cruzar fronteras. Segato los denomina ciclos regulares de restauración del poder.

Un estudio estadístico de Susana Cisneros, Silvia Chejter y Jimena Kohanetc muestra que en la provincia de Buenos Aires, Argentina, entre 1997 y 2003 se produjeron 1.072 homicidios que pueden ser claramente caratulados de feminicidios. Señalan una frecuencia promedio de un feminicidio cada dos días y medio solamente en esa provincia.

En Mar del Plata, Argentina, por ejemplo, los feminicidios se iniciaron en 1996 con el asesinato de Adriana Jacqueline Fernández, una serie de crímenes y desapariciones de mujeres en situación de prostitución que hasta la fecha siguen impunes. Hasta 2001 fueron asesinadas o desaparecidas entre 27 y 42 mujeres de esa región.

El carácter “disciplinante” del castigo impuesto a estas mujeres se refleja consciente e inconscientemente en la forma que, desde los medios, se instala el debate moral en la esfera pública sobre la víctima, es decir, cuáles son los límites que han traspasado y que las vuelven moralmente cuestionables y responsables de su muerte. El poder patriarcal escribe sus mandamientos en el mismo cuerpo de esas mujeres elegidas para el sacrificio, violación, tortura y muerte como “ejemplo” para toda mujer que se atreva a posicionarse como sujeto y decidir sobre su propio cuerpo y su propia sexualidad. Creemos que la muerte de Sandra tiene un significado político, su cuerpo fue el lugar de sometimiento de la otredad, donde no solo se refuerza una posición con respecto a las fronteras de lo femenino, sino que se intenta transmitir, a su vez, un mensaje subordinante a los varones culturalmente diversos y política y económicamente en desventaja.

El concepto de feminicidio nos permite descartar cualquier forma de explicación superficial y simplista que aísle los asesinatos unos de otros al presentarlos como crímenes pasionales o conflictos privados. Por el contrario, visibiliza la relación de los mismos como el emergente de una violencia estructural en cuya base se encuentra la dominación masculina.

Continuará

Notas

1. Este trabajo retoma ponencias del XIV Congreso Nacional de Filosofía Universidad Nacional de Tucumán (AFRA), del 10 al 13 de septiembre de 2007, y en el IX Congreso Argentino de Antropología Social Posadas, del 5 al 8 de agosto de 2008.

2. Sandra Ayala Gamboa, de 21 años, llegó a Argentina en octubre de 2006 buscando mejores condiciones de vida, estudiar y graduarse de médica pediatra. El 16 de febrero de 2007, bajo el pretexto de una entrevista de trabajo, fue llevada por un hombre al edificio donde funciona el área gubernamental. Pese a las denuncias de su novio y allegados, la Comisaría 1ª no actuó, una semana después fue hallado su cuerpo con signos de violación, golpiza y ahorcamiento.

3. Piénsese en los asesinatos de mujeres migrantes, por ejemplo, en España.

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