La Gaceta Jurídica

El abuso del derecho de defensa en los procesos constitucionales

(Parte final)

Foto: cvc.cervantes.es

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La Gaceta Jurídica / Edwin Figueroa Gutarra

00:00 / 26 de abril de 2013

Lo relevante del concepto “abuso del derecho” en el concepto de Palombella hace mención al referido ejercicio de un derecho en términos de licitud. Así coincide con Natoli (1) al destacar la “aparente conformidad del comportamiento del sujeto al contenido de su derecho. Por lo que, más bien, abusar del derecho debería significar cubrir de apariencia jurídica un acto que se tendría el deber de no realizar”.

En esa misma línea de ideas, destaca la idea de Ghestin (2) al señalar que “lo que caracteriza el abuso respecto a un simple exceso de los límites legales es la apariencia de legitimidad-legalidad de un comportamiento, lo que permite jurídicamente su tutela”.

Para el caso que nos ocupa, el ejercicio del derecho de defensa supone, en principio, una facultad de las partes en el proceso, sea éste cual fuere su naturaleza, a efectos de concretar una defensa en la persona de un abogado. Dicho ejercicio presenta una configuración material a través de la intervención del defensor, quien se convierte en patrocinador de la causa.

¿En qué modo se configura el abuso del derecho respecto al defensor?

Asumimos que, en líneas generales, la conducta del defensor se inserta dentro del principio o derecho fundamental que permite la actuación profesional y, sin embargo, el ejercicio de esa conducta rebasa los límites de la buena fe, de las reglas éticas al interior del proceso y, en consecuencia, se genera un desbalance manifiesto con respecto a los deberes de corrección que son exigibles en el patrocinio de una acción.

Algunos instrumentos normativos han fijado las causales de sanción a los abogados. En el plano infraconstitucional figura el artículo 56 (3) del Código Procesal Constitucional de Perú, norma que se aplica en forma supletoria respecto del artículo 109 (4) del Código Procesal Civil, regla a su vez complementada por el artículo IV (5) del Título Preliminar de dicho Código adjetivo.

El Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional también prescribe en su artículo 49 (6) la imposición de sanciones cuando las partes y sus abogados falten a sus deberes en el proceso. Por otro lado, el ejercicio profesional también ha sido regulado por los gremios profesionales (7) en la tarea de que los agremiados no incurran en faltas contra la función de ejercicio.

Mas, al margen de estas reglas jurídicas, ¿cuándo podemos estimar que existe mala fe? o ¿cuándo se puede configurar, como seguimos en este razonamiento, el abuso del derecho respecto de un proceso? El artículo 112 (8) del Código Procesal Civil señala explícitamente las causales que suponen temeridad y mala fe.

El abuso del derecho en los procesos constitucionales ha sido definido (9) por el supremo intérprete de la Constitución desde una posición que revela interés, en la medida que resulta una vulneración más grave, en relación a un proceso ordinario, infringir los deberes de buena fe, esto es que no sólo se afecta el desarrollo de un proceso, sino se trata de una afectación respecto de una controversia que atañe a derechos personalísimos cuya tutela es privilegiada.

En ese razonamiento, es más grave, en una perspectiva doble, incurrir en temeridad en un proceso sobre tutela de derechos fundamentales, pues se impide, de un lado, la impartición de justicia constitucional de modo más célere y en su caso, se perjudica en forma directa un derecho que ha de ser reconocido por la justicia constitucional.

De otro lado, se produce, con los actos de temeridad y mala fe, un uso dispendioso y malicioso de los recursos procesales (10), en la figura de abuso procesal o abuso del proceso, en tanto se deja de atender causas que realmente sí merecen la atención del juzgador y que, por el contexto de la atención de los procesos sin mayor relevancia, son postergados respecto de una oportuna atención.

A estas reflexiones debemos sumar que el artículo 103 (11) de la Constitución peruana proscribe el abuso del derecho y, en consecuencia, deviene sancionable todo tipo de conducta cuyo ejercicio sea contrario a los deberes de la buena fe en la conducción del proceso. Para evitar el abuso del derecho, en el plano resolutivo, el Tribunal recurre al test de razonabilidad (12), el cual está integrado por tres subexámenes (13), los cuales, en conjunto, bajo una premisa de optimización, buscan prevenir el abuso de un derecho sobre otro.

En adición a ello, la regla de interdicción de abuso del derecho se inscribe dentro de los lineamientos del artículo 38 (14) de la Norma Normarum, en el sentido de que los deberes de respeto, cumplimiento y defensa de la Constitución previenen el abuso del derecho y son opuestos al mismo.

En este horizonte de conceptos, la prevención del abuso del derecho de defensa asume dos líneas importantes:

-La regulación sancionatoria de las conductas incompatibles con el nivel de corrección que exigen todos los procesos y, muy en especial, los procesos constitucionales, dada su calidad de controversias sobre tutela urgente;

-La dirección formativa y de carácter contributivo vinculada a los deberes de corrección en los procesos constitucionales. En ello la tarea sustancial corresponde a universidades, colegios de abogados y cortes de Justicia, a través de la exhortación para una defensa leal, justa y adecuada.

El derecho de defensa en el Derecho Comparado

Resulta relevante examinar cómo se conduce el derecho de defensa en otras latitudes y, en ese sentido, incorporamos varios conceptos. 

En Francia, el juramento de rigor que prestan los abogados en París, de conformidad con el Reglamento Interno de la Ordre des Avocats ä la Cour de París, reza lo siguiente: “Je jure comme avocat d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité” (15).

El juramento es similar en otras latitudes y destaca los valores más relevantes a desarrollar en la tarea de la defensa. En España, el artículo 442.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que “los abogados y procuradores están sujetos en el ejercicio de su profesión a responsabilidad civil, penal y disciplinaria, según proceda”.

De otro lado, el artículo 30 del Estatuto General de la Abogacía Española indica que “el deber fundamental del abogado, como partícipe en la función pública de la Administración de Justicia, es cooperar a ella, asesorando, conciliando y defendiendo el derecho de los intereses que le sean confiados. En ningún caso la tutela de tales intereses puede justificar la desviación del fin supremo de Justicia a que la Abogacía se halla vinculada”.

A nivel jurisprudencial, el Tribunal Supremo de España, en la sentencia de 04 de febrero de 1992, ha señalado que “las normas del Estatuto General de la Abogacía imponen al abogado actuar con diligencia, cuya exigencia debe ser mayor que la propia de un padre de familia dados los cánones profesionales recogidos en su Estatuto.

Cuando una persona sin formación jurídica ha de relacionarse con los tribunales de Justicia, se enfrenta con una compleja realidad, por lo que la elección de un abogado constituye el inicio de una relación contractual basada en la confianza y de aquí que se le exija, con independencia de sus conocimientos o del acierto en los planteamientos, diligencia, mayor aún que la del padre de familia”.

Ahora bien, no sólo basta referir en este examen las sanciones a los defensores, sino también es pertinente considerar las sanciones a jueces en la toma de decisiones, en su condición de decisores y, al mismo tiempo, de abogados habilitados para el ejercicio de la judicatura.

Un ejemplo gráfico lo constituye  la sentencia española de 23 de enero de 2004, dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en la que se condenó a once Magistrados del Tribunal Constitucional al pago de una indemnización de 500 euros al demandante en amparo (abogado en el ejercicio de la profesión), por la inadmisión de una demanda de amparo.

En Colombia, el Código Disciplinario del Abogado prescribe (16) un conjunto de sanciones que van desde la censura hasta la exclusión, correspondiendo poner de relieve que frente a una conducta grave, el término de suspensión puede llegar hasta los cinco años e, incluso, hasta la cancelación de la habilitación profesional.

En suma, existe consenso en el ordenamiento comparado respecto a la necesidad de configurar las exigencias de corrección para un adecuado ejercicio del derecho de defensa, así como sancionar las conductas contrarias a estos deberes, imponibles a los abogados en la defensa de las causas a su cargo.

Conceptos finales

Hemos pretendido delinear, a grandes rasgos, el contenido iusfundamental del derecho de defensa y, una vez definidos los conceptos sustantivos respecto al mismo, denotar la línea divisoria respecto al abuso del derecho como figura contraria a los deberes de corrección que los procesos exigen.

Ambos elementos, debidamente interrelacionados, nos conducen al recusable escenario de abogados que incurren en conductas de abuso, contrarias al deber de defensa que impone todo proceso. Mas, existe una circunstancia agravante: si el abuso del derecho de defensa se produce en un proceso constitucional, la vulneración al ordenamiento jurídico es doble.

En un primer plano, se rompe la armonía de corrección que exige una litis  regular y, en segundo, constituye circunstancia agravante que la lesión reprobada, precisamente, tenga lugar en el seno de un proceso constitucional, cuyo ámbito es la tutela urgente y la pronta y célere impartición de justicia constitucional.

En razón de ello, los órganos jurisdiccionales –Tribunal Constitucional y jueces constitucionales del Poder Judicial– resultan plenamente legitimados para la imposición de sanciones pecuniarias, las cuales deben continuar en el propósito de contribuir a la formación de los valores y contenidos axiológicos que reclama la justicia constitucional.

Queda entonces apostar por un ejercicio de la abogacía más acorde con los patrones de conducta ética que imponen los derechos fundamentales y creemos que ello se va a lograr paulatinamente.

Por último, todos somos una fraternidad de intérpretes de la Constitución, en el concepto häberleano y ello se traduce en una actitud de permanente respeto por los derechos que alberga la Carta Fundamental y respeto es contrario a trasgresión. En ello debemos trabajar persistente y denodadamente.

Notas

1. NATOLI, U., 1958: Note preliminari ad una teoria dell’abuso del diritto nell’ordinamento giuridico italiano. Rivista trimestrale di diritto e procedura civile. En PALOMBELLA, Gianluigi. DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 29 (2006) p. 38.

2. GHESTIN, GOUBEAUX, 1990: Traité de droit civil, vol. I, Introduction général, 3ª ed., Paris, pp. 681 y ss. En PALOMBELLA, Gianluigi. DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 29 (2006) p. 38.

3. Código Procesal Constitucional.  Artículo 56. Costas y Costos. Si la sentencia declara fundada la demanda, se impondrán las costas y costos que el Juez establezca a la autoridad, funcionario o persona demandada. Si el amparo fuere desestimado por el Juez, éste podrá condenar al demandante al pago de costas y costos cuando estime que incurrió en manifiesta temeridad. (…)

4. Artículo 109. Deberes de las partes, abogados y apoderados. Son deberes de las partes, Abogados y apoderados:1) Proceder con veracidad, probidad, lealtad y buena fe en todos sus actos e intervenciones en el proceso;2) No actuar temerariamente en el ejercicio de sus derechos procesales;

5.  Código Procesal Civil. Título Preliminar. Artículo IV. Principios de iniciativa de parte y de conducta procesal. (…) Las partes, sus representantes, sus Abogados y, en general, todos los partícipes en el proceso adecúan su conducta a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe. El Juez tiene el deber de impedir y sancionar cualquier conducta ilícita o dilatoria.

6. Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. Artículo 49. El Tribunal puede imponer multas a cualquier persona, investida o no de función pública, que incumpla los requerimientos de comportarse con sujeción a lo dispuesto en el artículo 109 del Código Procesal Civil. Las multas pueden ser de 10 a 50 Unidades de Referencia Procesal

7. Código de Ética del Colegio de Abogados de Lima. Artículo 5. El abogado debe abstenerse del empleo de recursos y formalidades legales innecesarias, de toda gestión dilatoria que entorpezca el normal desarrollo del procedimiento y de causar perjuicios.

8. Código Procesal Civil. Artículo  112. Temeridad o mala fe. Se considera que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes casos:1) Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento jurídico de la demanda, contestación o medio impugnatorio;2) Cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad;3) Cuando se sustrae, mutile o inutilice alguna parte del expediente;4) Cuando se utilice el proceso o acto procesal para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos;5) Cuando se obstruya la actuación de medios probatorios; y6) Cuando por cualquier medio se entorpezca reiteradamente el desarrollo normal del proceso;7) Cuando por razones injustificadas las partes no asisten a la audiencia generando dilación

9. STC 0271-2010-HC/TC F.J. 14. (…)  el abuso de los procesos constitucionales constituye no sólo un grave daño al orden objetivo constitucional, sino también a la tutela de los derechos fundamentales de los demás ciudadanos. Ello es así por cuanto, al hacerse un uso abusivo de los procesos constitucionales, de un lado, se restringe prima facie la posibilidad de que este colegiado pueda resolver las causas de quienes legítimamente acuden a este tipo de procesos a fin de que se tutele prontamente sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y, de otro lado, constituye un gasto innecesario para el propio Estado que tiene que premunir de recursos humanos y logísticos para resolver tales asuntos.

10. Cfr.  STC 6712-2005-HC/TC F.J. 65. (…) Por más tutelar que sea la función del Tribunal Constitucional, no puede permitirse que se utilice dispendiosa y maliciosamente los recursos procesales que tiene a su disposición cualquier justiciable, lo que, a su vez, acarrea una desatención de otras causas que merecen atención y que, por analizar casos como el planteado, deben esperar una respuesta más lenta de la que podría haberse realizado si es que no estuviesen permitidas actuaciones como la realizada por los recurrentes. Al respecto, según el artículo 56 del Código Procesal Constitucional, se podrá condenar al pago de costas y costos al demandante cuando se incurra en manifiesta temeridad. (…)

11. Constitución de 1993. Artículo 103. (…) La Constitución no ampara el abuso del derecho.

12. Cfr. STC 023-2005-AI/TC F.J. 34.

13. Subprincipios de idoneidad o de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad stricto sensu. 

14. Constitución 1993. Artículo 38. Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación.

15. Juramento de la Orden de Abogados ante la Corte de París. “Juro como abogado ejercer mis funciones con dignidad, conciencia, independencia, probidad y humanidad”

16. Código Disciplinario del Abogado de Colombia, artículo 40. SANCIONES DISCIPLINARIAS. El abogado que incurra en cualquiera de las faltas reseñadas en el título precedente será sancionado con censura, multa, suspensión o exclusión del ejercicio de la profesión, las cuales se impondrán atendiendo los criterios de graduación establecidos en este código.

Artículo 41. CENSURA. Consiste en la reprobación pública que se hace al infractor por la falta cometida.

Artículo 42. MULTA. Es una sanción de carácter pecuniario que no podrá ser inferior a un (1) smmlv (salario mínimo mensual legal vigente) ni superior a cien (100) smmlv, dependiendo de la gravedad de la falta, la cual se impondrá en favor del Consejo Superior de la Judicatura el cual organizará programas de capacitación y rehabilitación con entidades acreditadas, pudiendo incluso acudir a los colegios de abogados. Esta sanción podrá imponerse de manera autónoma o concurrente con las de suspensión y exclusión, atendiendo la gravedad de la falta y los criterios de graduación establecidos en el presente código.

Artículo 43. SUSPENSIÓN. Consiste en la prohibición de ejercer la profesión por el término señalado en el fallo. Esta sanción oscilará entre 2 meses y 3 años.

(…) La suspensión oscilará entre 6 meses y 5 años, cuando los hechos que originen la imposición de la sanción tengan lugar en actuaciones judiciales del abogado que se desempeñe o se haya desempeñado como apoderado o contraparte de una entidad pública. Artículo 44.  EXCLUSIÓN. Consiste en la cancelación de la tarjeta profesional y la prohibición para ejercer la abogacía.

Es doctor en Derecho, Juez Superior Titular en Lambayeque, Perú, profesor asociado de Academia de la Magistratura de Perú y docente del Área Constitucional de la Universidad San Martín de Porres, Filial Chiclayo, Lambayeque.

Tomado de: edwinfigueroag.wordpress.com

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