La Gaceta Jurídica

Más acerca del mensaje del Papa y la Constitución Ecológica

Apunte legal

Alan Vargas Lima

00:00 / 21 de julio de 2015

Dada la relevancia de estos importantes avances jurisprudenciales a nivel comparado, es importante señalar que también en Bolivia se ha comenzado a manifestar esta tendencia de analizar los alcances de la Constitución Ecológica.

Por ejemplo, a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0176/2012, de 14 de mayo, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, a tiempo de analizar el derecho fundamentalísimo al agua como derecho difuso, señaló:

“De nuestro texto constitucional puede extraerse la denominada ‘Cons-titución Ecológica’, entendida como el conjunto de postulados, principios y normas constitucionales en materia ecológica que permiten entre otros el uso racional de los recursos naturales renovables y no renovables, para preservar la vida no únicamente del ser humano sino del resto de los animales, plantas y otras formas de vida que conforman los diferentes ecosistemas cuyo análisis supera el antropocentrismo que estableció al ser humano como la medida de las cosas y la considera como una especie más de entre las otras, no más importante sino complementario al resto de seres vivos, la tierra y lo que se encuentre adherido a ella y permite resolver las causas sometidas a éste Tribunal en base al principio pro natura justamente porque dicha tutela a la larga no solo busca proteger al ser humano concreto sino el derecho de existir de futuras generaciones. Dicha protección y el nuevo enfoque en el análisis referido deviene incluso desde el primer párrafo del preámbulo contenido en el texto constitucional que dice:

‘En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra amazonía, nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas’, de donde se extrae no solo un sentimiento de orgullo del legislador constituyente de la naturaleza que nos rodea, sino de protección a aquello que nos enorgullece”.

Así, el artículo 373 de la Constitución Política del Estado (cpe) establece que: “I. El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad.

II. Los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y subterráneos, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una función social, cultural y ambiental. Estos recursos no podrán ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus servicios no serán concesionados y están sujetos a un régimen de licencias, registros y autorizaciones conforme a Ley”.

De lo anterior puede extraerse, según el Tribunal, que el derecho al agua como derecho fundamentalísimo extralimita el interés de una persona o colectividad, que por su naturaleza de bien escaso es decir limitado es de interés de la humanidad entera.

Por lo expuesto, el derecho fundamentalísimo al agua, como derecho autónomo, está íntimamente relacionado al derecho al medio ambiente, saludable, protegido y equilibrado (preámbulo y artículo 33 de la cpe), en razón a que la protección de este último derecho, implica, a su vez, la protección, conservación, preservación, restauración, uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos (artículos 373 y ss de la cpe), así como de los ecosistemas asociados a ellos, sujetos a los principios de soberanía, solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad (artículo 373.I in fine de la cpe).

Y, al configurarse como derecho difuso, se tutela mediante la Acción Popular, así el artículo 34 de la cpe establece que: “Cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente”; por lo que para activar la acción popular no se requiere formar o integrar un colectivo específico conforme se determinó en la SC 1018/2011-R de 22 de junio (1).

Este precedente, claramente, pone en evidencia que en Bolivia los rasgos principales de los derechos fundamentales consagrados por la cpe están contenidos en el artículo 109, que expresa la esencia del reconocimiento de los derechos fundamentales, es decir: a) Con igualdad jerárquica de todos los derechos constitucionalmente reconocidos; b) Con directa aplicabilidad de todos los derechos, y, c) Con directa justiciabilidad de todos ellos, a través de las acciones y mecanismos defensa.

En concreto, la directa justiciabilidad de los derechos está vinculada a que estos no son simplemente postulados líricos sin mayor resonancia, sino que poseen mecanismos eficaces e idóneos de defensa que la misma Constitución prevé, a fin de asegurar la protección integral e inmediata de los derechos de cualquier persona, en caso de amenaza o vulneración directa e ilegítima, lo que también supone una forma de defensa de la Constitución.

A este efecto, la Constitución boliviana, establece un mecanismo de control tutelar de los derechos fundamentales con la finalidad de resguardar y garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas, operando como límites naturales al ejercicio del poder público del Estado.

Nota

1. La Sentencia Constitucional Nº 1018/2011 de 22 de junio ha establecido que la Acción Popular “a) Está configurada procesalmente por la Constitución Política del Estado; b) Su conocimiento y resolución es de competencia de la justicia constitucional; c) Tiene como propósito la protección de derechos e intereses colectivos -y difusos- reconocidos por la cpe. Por otra parte, la acción popular está integrada por una serie de actos de procedimiento como la demanda, el informe, la audiencia, la resolución y posterior revisión por el Tribunal Constitucional, que configuran un proceso constitucional autónomo de carácter extraordinario, tramitación especial y sumaria, en el que se impugna la lesión de derechos colectivos o difusos, existe en tal sentido una pretensión, partes discrepantes, un procedimiento específico conforme al cual se desarrolla la acción, y un juez o tribunal que la resuelve.

Cabe resaltar que esta acción está prevista en nuestra Ley Fundamental como una acción de defensa, entendiéndola como el derecho que tiene toda persona -individual o colectiva- de solicitar la protección a sus derechos e intereses colectivos -o difusos-; de ahí que también se configure como una garantía prevista por la Ley Superior, con una triple finalidad: 1) Preventiva, evitando que una amenaza lesione los derechos e intereses bajo su protección; 2) Suspensiva, por cuanto tiene como efecto hacer cesar el acto lesivo a los derechos e intereses tutelado en la acción; y, 3) Restitutoria, por cuanto se restituye el goce de los derechos colectivos afectados a su estado anterior”.

Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano, http://alanvargas4784.blogspot.com

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