La Gaceta Jurídica

El actual sistema electoral

Realidades jurídicas

Gabriel Peláez Gantier

00:00 / 08 de agosto de 2014

Se ha formulado muchas observaciones y críticas tanto al sistema de votación, los cómputos electorales, las decisiones del máximo organismo de control y dirección electoral y, obviamente,  la actitud y forma de actuar de los partidos políticos. Está bien. Son temas que hacen a lo “general”, pero se ha insistido poco en lo principal, en el origen de la mayoría de los males sobre el tema, que se condensan en el “sistema electoral” como tal.

En efecto, comencemos por la forma de elección popular de los primeros mandatarios. Primero, para ser candidato a Presidente y Vicepresidente la Constitución Política del Estado (cpe) exige poco o nada. Edad y tiempo de residencia en el país y punto (artículo 167 de la Constitución).

Para ser elegido en aquellas funciones se requiere el 50 por ciento más uno (no el 51 por ciento) del total de votos válidos. Es bueno recordar que al elegir a los magistrados del Órgano Judicial –por analogía nos referimos al tema– se desconoció el hecho y aquellos fueron “elegidos” con porcentajes ridículos de los votos válidos, puesto que fueron de mayor proporción los blancos y los nulos.

La otra alternativa que señala el artículo 166 de la Constitución es haber obtenido el 40 por ciento de los votos válidos, con una diferencia de al menos 10 por ciento en relación con la segunda candidatura. Este detalle implica decir que las dos candidaturas más votadas supondrían obtener, al menos, el 70 por ciento del total de votos válidos.

Dada la actual situación electoral reflejada en los últimos comicios y las actuales encuestas sobre los próximos, ¿no deberían revisarse aquellos porcentajes? ¿Cuál ha sido su origen? La diferencia de las encuestas actuales entre el primero y el siguiente se sitúa entre el 20 y 25 por ciento. Téngase en cuenta que el número de candidaturas ha sido, por lo general, muy grande, porque, sencillamente, no existe ningún límite.

¿Qué ocurre a nivel de la denominada Asamblea Legislativa Plurinacional? Se ha mantenido las consabidas dos cámaras, Senadores y Diputados. Mas, en la primera se incrementó el número a 36, o sea, cuatro por departamento (artículo 148 de la cpe), añadiéndose que la “asignación de escaños en cada departamento, se hará mediante el SISTEMA PROPORCIONAL, de acuerdo a ley”.

En la práctica, el aumento de número y el sistema de repartición de escaños han acabado, como era de esperar, favoreciendo al oficialismo. En varios casos, aquél ha acabado adjudicándose la totalidad de los senadores. Las minorías se quedaron sin representación. Se desconoce de esta forma el “pluralismo político” consagrado en el artículo 1 de la Constitución.

Ahora, en cuanto a la Cámara de Diputados, el texto constitucional ha consagrado otro detalle que no figura en textos similares de los demás países sudamericanos ni en el de la Constitución española. En efecto, se trata de una especie de subdivisión de los diputados, en lo que podría llamarse dos “categorías” de integrantes de la llamada Cámara Baja.

El artículo 146 de la cpe dispone que la Cámara ya nombrada estará compuesta por 130 miembros y añade: “En cada departamento se elige la mitad de los diputados EN CIRCUNSCRIPCIONES UNINOMINALES. La otra mitad se elige en CIRCUNSCRIPCIONES PLURINOMNALES DEPARTAMENTALES...” y aquí viene la “trampita” de las listas encabezadas por los candidatos a Presidente, Vicepresidente y senadores del Estado.

O sea, en los hechos, los diputados plurinacionales son candidatos que van de “la cola” de las autoridades máximas del ejecutivo y de esta manera quedan de origen, supeditados a ellos. ¿Por qué este sistema? ¿Los asambleístas son acaso “parte” del Órgano Ejecutivo para que una mitad tengan que ser elegida en forma conjunta con las CABEZAS del Órgano Ejecutivo? ¿De qué independencia de Poderes estamos hablando de origen?

Pero existen otros aspectos más. Preguntémonos sobre otros vacíos, en este caso constitucionales, como los que se desprenden de la pregunta ¿de dónde aparecen los candidatos?

El ciudadano común, el que, supuestamente, debe ejercer su derecho a “elegir”, no lo hace, sobre todo porque de entrada está obligado a votar en una misma papeleta por el Presidente, el Vice, los senadores del mismo partido y recién los diputados plurinominales.

Este ciudadano no tiene alternativa. Si escoge a los primeros, obligadamente “está escogiendo” a los otros. Pero, además, ni siquiera sabe de dónde han “aparecido” como candidatos. Tampoco lo va a saber en el caso de los diputados uninominales.

Y así ha de suceder en las otras elecciones, sean de asambleístas departamentales, concejales, gobernadores o alcaldes, con la diferencia de que en estos casos cada uno de los candidatos a aquellas funciones será colocado en la papeleta que le corresponda.

Se ha querido “justificar” esta división de los diputados en dos categorías afirmando que como uninominales adquieren, respecto de una circunscripción territorialmente menor, una mayor representatividad y mayor legitimidad.

La Constitución Política, en su artículo 11, habla de que el ejercicio de la “democracia representativa” se concreta (...) por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto, conforme a Ley.

¿Qué tiene de directa la elección de los plurinominales, si éstos están de “la cola” de los candidatos a encabezar el Órgano Ejecutivo? El sistema al que está haciendo referencial el texto constitucional, ¿no es o no debería ser el mismo para todos los casos?

Hay, por tanto, muchos cabos sueltos que, como forman parte de la Constitución Política, deberán ser pensados para reformarlos.

Es analista de la constitucionalidad, abogado y ensayista.

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